MÉXICO, DF (apro-cimac).- Al cumplirse hoy cinco años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH) Marisela Escobedo, activistas y sus familiares exiliados exigieron justicia al gobierno de Chihuahua y el cumplimiento de la recomendación emitida en 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide investigar a funcionarios públicos y ofrecer una disculpa pública a la familia de la activista. En actos simultáneos en El Paso, Texas, y en Chihuahua, donde participaron familiares de víctimas de feminicidio y personas exiliadas en Estados Unidos debido a la violencia, se pidió también justicia por el asesinato de Rubí Marisol, la hija de Marisela, asesinada en 2008 a los 16 años de edad. Ante la impunidad que prevalece ambos crímenes y la omisión del gobierno chihuahuense por dar cumplimiento a la recomendación 44/2013 de la CNDH, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) informó que se trabaja para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno de Chihuahua aseguró en su momento que daría cumplimiento a la recomendación, pero no ha cumplido ni siquiera la parte más sencilla, que es ofrecer una disculpa pública a los familiares. Tampoco ha investigado a los funcionarios públicos que cometieron omisiones en la investigación de ambos crímenes, dejaron sin protección a la activista en su momento, además de que desde hace dos años busca dar “carpetazo” al caso. Crimen anunciado La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de permanecer varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008. Dos días antes de ser asesinada Marisela había advertido de las amenazas que pesaban en su contra. Los videos de vigilancia captaron el momento en que un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno. Los guardias no abrieron las puertas y finalmente la mujer fue asesinada. Para ese momento, Marisela –reconocida por sus compañeras activistas como un ejemplo de lucha– había recorrido un largo camino en la exigencia de justicia para su hija Rubí quien fue asesinada por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pero éste fue absuelto pese a que confesó el asesinato durante el juicio oral que se celebró en su contra. Luego se logró rectificar esa decisión absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión, pero el fallo nunca se ejecutó. Investigación ante la omisión Al igual que miles de madres que exigen justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela se convirtió en investigadora y detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí, pero las autoridades ignoraron la información y no lo aprehendieron. Inicialmente, Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, y tras la injusta sentencia solicitó al Cedehm que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente. Marisela realizó innumerables acciones para exigir justicia: en una ocasión marchó a la Ciudad de México y pidió una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón, pero nunca accedió. También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, donde pudo localizar nuevamente al asesino de su hija sin que la Fiscalía hiciera algo por detenerlo. Ante la falta de respuesta de las diversas autoridades locales y federales, en diciembre de 2010 decidió realizar el plantón frente a las puertas del Palacio de gobierno de Chihuahua, donde finalmente perdió la vida. El 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista. El hermano de Marisela, quien vio el rostro del asesino, negó que Jiménez Zavala hubiera sido el autor del crimen. Más aún, desde el exilio, el hijo de Marisela, Juan Frayre Escobedo, sostuvo que el verdadero asesino de su madre es Antonio Barraza, hermano de Sergio Rafael Barraza. En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado, del que se presume formaba parte, y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad. La recomendación A principios de noviembre de 2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua de dar información del avance y estado de los expedientes, la no investigación de las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato y ante la indebida procuración de justicia, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. De acuerdo con la Comisión, el Gobierno de Chihuahua es responsable de violar los derechos humanos de Marisela y de sus familiares, pues desde el primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos. El gobierno debió brindar a la brevedad la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de Marisela que sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil. Una semana después de recibir la recomendación, el consejero jurídico del gobierno local Mario Trevizo Salazar, anunció que se acatarían todos los puntos del llamado. Posteriormente, el gobernador chihuahuense dijo que ya se preparaba lo necesario para ofrecer la disculpa pública, pero a la fecha ninguna de las dos acciones se ha llevado a cabo. La recomendación de la CNDH resultado de la queja promovida por la propia Marisela por el feminicidio de su hija, siete meses antes de que fuera asesinada, también pedía realizar una investigación y sancionar a los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí, desde las pruebas aportadas por la familia de la joven. A la fecha nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y exfuncionarios que cometieron irregularidades. Por ello, el Cedhem planea solicitar el apoyo de instancias internacionales para obligar al Estado a no dar “carpetazo” al asesinato de Rubí y Marisela.