MÉXICO, DF (apro-cimac).- Las mexicanas que viven con algún tipo de discapacidad, además de ser prácticamente invisibles para las políticas públicas que buscan prevenir y erradicar la violencia, son violentadas de múltiples formas y pasan desapercibidas para el sistema de justicia, el cual carece de las herramientas para que ellas accedan a la justicia. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este miércoles 25, las mexicanas con discapacidad son las más ignoradas por la sociedad. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011 –el único con datos más recientes al respecto–, se estima que más de mil millones de personas en el mundo presentan alguna forma de discapacidad, lo que equivale a 15% de la población. Diferentes fuentes de información señalan que la discapacidad se presenta más en mujeres que en hombres, al mismo tiempo que entre las adultas mayores el desarrollo de algún tipo de discapacidad es más frecuente. Por ejemplo, la Carga Mundial de Morbilidad –un indicador de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– registra 190 millones de personas con discapacidad grave, y considera que la prevalencia de la discapacidad moderada y severa es 11% más elevada para las mujeres. Asimismo, la Encuesta Mundial de Salud (EMS) señala que la tasa de prevalencia de discapacidad en mujeres es casi 60% más alta que la de los hombres. A escala nacional, si bien no se cuenta con información actualizada sobre personas con discapacidad, el Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en México hay 5.7 millones de personas con alguna dificultad física o mental para realizar actividades de la vida cotidiana, y representan 5.13% de la población total. La limitación más común es de tipo motriz y abarca 53.8% de la población con discapacidad, seguida por la que tiene deficiencias visuales (28.5%); deficiencias auditivas (11%); discapacidad mental (9.9%), y deficiencias en la comunicación (8.9%). La prevalencia de la discapacidad en México, al igual que la tendencia mundial, es superior en mujeres (51.1%), lo que –de acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva– puede relacionarse con que ellas viven más tiempo y por tanto tienen mayores probabilidades de registrar alguna discapacidad en la vejez. Si bien el mayor porcentaje de personas con discapacidad (48.2%) tiene más de 60 años de edad, cerca de 42.7% tiene entre 15 y 59 años, es decir, están en la etapa productiva de su vida. Sin indicadores Aunque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) identifica que las mujeres y las personas con discapacidad son poblaciones altamente vulnerables a ser víctimas de algún acto de discriminación, aún no se ha generado un mecanismo que permita identificar en qué medida son violentadas, así como los tipos de violencia que enfrentan. Para conocer la proporción de mujeres que viven algún tipo de violencia, en México se cuenta con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), que revela que del total de mexicanas de 15 años y más, cerca de 46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal, sin embargo, la encuesta no toma en cuenta a las mujeres con discapacidad. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha dado a conocer que a diario mueren asesinadas siete mexicanas por razones de género, aunque esta cifra tampoco se desagrega por condición de discapacidad. La directora de la Asociación Compartiendo Saberes y Transformando Realidades, Nadia Arroyo Estrada, ha explicado que mediante el trabajo que realiza su organización se ha podido conocer la serie de vulnerabilidades y desafíos particulares que enfrentan las mujeres con discapacidad, y que generalmente pasan desapercibidos para los tomadores de decisión. Por ejemplo, en el caso de discapacidad auditiva, las agresiones muchas veces son generadas por la pareja, y de manera frecuente se cometen actos como dañar o arrancar los aparatos auditivos, o afectar la visión o las manos, que son los sentidos con los que ellas compensan su discapacidad y les permiten comunicarse. A lo que se suma que en algunas ocasiones sus parejas les gritan o hacen ruidos muy fuertes, y “cuando se tiene un aparato auditivo es como si te gritaran con un micrófono en el oído”, precisó Arroyo. Reclamo de justicia Priscila Rodríguez, directora del Programa de Mujeres de Disability Rights International (DRI), dijo en entrevista que es indispensable que el 25 de noviembre también sea un reclamo de justicia para las mujeres con discapacidad, pues siempre que se habla de violencia contra las mujeres no se habla de violencia contra las que tienen discapacidad. De acuerdo con Rodríguez, quien ha representado a las personas con discapacidad ante la ONU, las mujeres en esta condición sufren más abusos y con mayor frecuencia que el resto de las mujeres. Esto se debe en gran medida –en el caso de quienes tienen discapacidad psicosocial o mental– a que muchas de ellas son dependientes de un tercero que podría llegar a ser su propio agresor. “Estamos hablando de que muchas de ellas dependen económicamente o en cuestiones de seguridad de sus propios agresores, y eso dificulta que puedan salir del círculo de la violencia”, advirtió la activista. Se añade que el Código Civil federal establece, por un lado, que si una persona desarrolla algún tipo de discapacidad psicosocial y está casada, el cónyuge inmediatamente se convierte en su tutor, con lo que además las mujeres pierden su personalidad jurídica, y por tanto la capacidad de presentar algún tipo de denuncia, que en ese caso le correspondería al tutor presentar. Mediante el trabajo de DRI se han podido documentar abusos, especialmente sexuales, por parte de maestros, personal encargado de la rehabilitación y servidores públicos (como doctores) en contra de mujeres con discapacidad, “esto es común porque se piensa que ellas no pueden denunciar o que nadie les va a creer”. Rodríguez alertó que una de las formas más comunes de violencia se presenta en el ámbito de la sexualidad, pues si bien a nivel general las mujeres ven obstaculizado su derecho a decidir en temas como aborto o métodos anticonceptivos, en el caso de las mujeres con discapacidad la violencia se ejerce en un concepto mucho más básico: si quieren o no mantener su fertilidad. La esterilización forzada es una práctica generalizada y se asume que si una mujer tiene una discapacidad no va a tener hijos, sin considerar sus deseos o planes de vida. A escala nacional ninguna legislación, incluso la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorpora la protección de las mujeres con discapacidad ante la violencia. A raíz de la reforma constitucional de 2011, con la que se dio rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por México, se podría considerar vinculante la Convención sobre las Personas con Discapacidad como un marco protector para las mujeres y para su acceso a la justicia. No obstante, según las especialistas, aún falta un largo camino para vencer los obstáculos del sistema judicial para las mujeres, pues de manera idónea los ajustes necesarios que deben realizarse para que una mujer pueda denunciar un acto de violencia y luego acceder a la justicia se deben evaluar caso por caso y dependiendo del tipo de discapacidad.