MÉXICO, DF (apro-cimac).- Las autoridades mexiquenses no han acatado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que investiguen la muerte de Mariana Lima Buendía, ocurrida en junio de 2010, como un caso de feminicidio, y además sancionen a los funcionarios que incurrieron en negligencia y omisiones durante la pesquisa judicial. Aunque la Corte ordenó descartar el supuesto de que Mariana “se suicidó”, las autoridades de justicia del Estado de México se niegan a abandonar tal hipótesis, y han realizado acciones que vuelven a victimizar a la mujer y su familia, denunciaron grupos civiles representantes del caso que aseguraron que el incumplimiento es parte del desdén del Estado mexicano para erradicar la violencia de género. Como parte de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género denunciaron el nulo cumplimiento del fallo de la SCJN por parte de las autoridades mexiquenses. Mariana Lima Buendía, de 25 años y abogada de profesión, fue asesinada en 2010 en Chimalhuacán presuntamente por el agente judicial Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo, quien denunció esta muerte como un “suicidio”, y quien ejercía violencia intrafamiliar en contra de su pareja. Pese a que para entonces ya estaba vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así como un protocolo de actuación para la investigación del homicidio desde la perspectiva de género en la entidad (publicado en abril de 2010), la muerte violenta de Mariana no fue investigada como un posible feminicidio. El caso pasó por varias instancias judiciales, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la entidad, y por solicitudes de amparo ante jueces de distrito en la entidad, aunque en ninguna se consiguió que se investigara el caso como feminicidio. Finalmente fue atraído por la Primera Sala de la SCJN en 2013, al considerar que el caso reunía los requisitos de “importancia y trascendencia”, y en marzo pasado el máximo tribunal del país ordenó volver a investigar los hechos. En conferencia de prensa hoy, Irinea Buendía –madre de Mariana– denunció que pese a la resolución de la Corte, la justicia para su hija está lejos de llegar, pues si bien las autoridades realizan acciones éstas llegan a contradecir lo ordenado. Rodolfo Domínguez Márquez, director de Justicia, Derechos Humanos y Género y abogado del caso, explicó que la sentencia contiene tres puntos fundamentales que debían ser atendidos por las autoridades: desarrollar una investigación con la debida diligencia y desde la perspectiva de género; investigar a los funcionarios que incurrieron en faltas administrativas, y reparar el daño a la familia de Mariana, lo que incluye impulsar un cambio cultural. No obstante, a ocho meses de distancia, mediante la información que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) brinda al Juzgado Quinto de Distrito –encargado de darle seguimiento al cumplimiento del fallo– se sabe que las autoridades no han removido los obstáculos para conocer la verdad de los hechos. Domínguez Márquez dijo que no se han realizado acciones mínimas para cumplir con la sentencia, ya que por ejemplo no existe un plan metodológico de investigación, lo que se traduce en que los funcionarios no tienen claridad de las diligencias que deben realizar y las acciones son descoordinadas, además de que no hay objetivos claros y se adolece de perspectiva de género. A esto se suma que no se han realizado las labores mínimas que permitan identificar el contexto de violencia que vivía Mariana y la forma en que perdió la vida, toda vez que no se han ordenado peritajes forenses que indaguen el origen de las lesiones que presentaba el cuerpo de la mujer. El no ejercicio de la acción penal por homicidio se dictó con base en las pruebas testimoniales que dio el policía judicial Julio César Hernández Ballinas (quien trabajaba en las oficinas donde inició la denuncia), luego de que las autoridades determinaron que se trató de un “suicidio”, pues el agente en su declaración dijo que había encontrado a la mujer “colgada” de una viga en su habitación, aunque el cuerpo estaba en la cama, a decir de Irinea Buendía. Domínguez explicó que la Corte ordenó un peritaje especializado sobre la mecánica en la que supuestamente Mariana fue encontrada suspendida en la viga, con un hilo que claramente no podía aguantar su peso, pero este peritaje no ha sido ordenado. “Es claro que la PGJEM mantiene la hipótesis de suicidio, lo que se evidencia con la ausencia de peritajes y con la realización de pruebas para culpabilizar a Mariana de los hechos; por ejemplo, se ordenó realizar una necropsia psicológica para conocer cómo era su personalidad y saber si ella tenía tendencias suicidas”, agregó el abogado. Aunque se inició una carpeta de investigación sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió el personal judicial, se desconoce el resultado de la indagación y si alguien ha sido sancionado. En tanto, Hernández Ballinas –señalado como responsable de los hechos– está suspendido temporalmente de su cargo, pero no se ha iniciado una investigación por su presunta participación en los hechos y tampoco por las fallas en las que incurrió como servidor público. María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que es “sumamente grave” que no se haya dado cumplimiento a la sentencia de la SCJN: “Si así están investigando un caso en donde claramente se les dijo lo que tenían que hacer, no sabemos cómo están investigando los miles de casos que acumula el Estado de México”. Estrada alertó que pese a la sentencia y otras determinaciones que se han emitido al Estado mexicano para detener la violencia de género, el feminicidio “continúa siendo una situación lacerante”, que cobra la vida de ocho mujeres a diario si se considera la cantidad de desaparecidas a escala nacional. También informó que en 2014 fueron asesinadas de manera violenta mil 42 mujeres en 13 entidades que brindaron información al OCNF (Campeche, Durango, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Estado de México, Chiapas, Sonora y Guanajuato). De esos casos, sólo en 33% (353) se iniciaron investigaciones por el delito de feminicidio, “lo que nos preocupa, debido a que los casos se siguen investigando con falta de debida diligencia y falta de perspectiva de género”.