MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ningún secretario de la Defensa Nacional había debatido tanto públicamente, en tiempos recientes, como el general Salvador Cienfuegos Zepeda. Al general de división de 67 años que ha vivido desde dentro la actuación del Ejército en el movimiento estudiantil, la guerra sucia de los sesenta y setenta y el combate a la delincuencia, los foros militares le han resultado insuficientes. Contrario a la actitud de sus antecesores de alejarse de la prensa, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se embarcó este año en un activismo mediático que lo ha llevado a los horarios estelares de la televisión, a repeticiones en cadenas de radio y a primeras planas de medios impresos. Puestos los micrófonos a su servicio, los ha utilizado para deliberar sobre dos de los temas que implican directamente al Ejército y han colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto en el centro del escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos: la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En menos de cuatro meses dio tres largas entrevistas de prensa para deslindar a esa fuerza de las ejecuciones sumarias en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del mismo año. Su mensaje ha sido claro: “No permitiré que nos traten como criminales”. Su más reciente aparición fue en Televisa, en una entrevista con el periodista Santos Mondragón, la semana pasada, justo en momentos en los se encontraba en México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en cuya agenda estaba la actuación de las Fuerzas Armadas en México. Precedido por el abierto rechazo del gobierno de Peña Nieto al informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Ayotzinapa, el funcionario de la ONU fue recibido en México con el general secretario a cuadro en la principal televisora enfatizando el rechazo del escrutinio internacional a “sus” hombres y atribuyendo a “una ocurrencia” contra el Ejército relacionarlo con la desaparición de los normalistas. “Lo lamentamos mucho, es muy lamentable y lo sentimos como todos. Pero querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”, dijo en la primera parte de la entrevista, el martes 6, a las pocas horas del arribo de Al Hussein. Si ya el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, habían arremetido horas antes contra el informe de los expertos independientes, el divisionario puso bajo cerrojo la posibilidad de que esa representación de la CIDH ingresara al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, para interrogar a los militares que fueron testigos de lo que ocurrió con los estudiantes: “Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué? La Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión de los Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión Interamericana y también dice que no hay indicio de que el Ejército haya participado. ¿Cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles?”, dijo. Más aun, advirtió: “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible. Las leyes no lo permiten. “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron hasta ahorita ningún delito. ¿Qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados? Está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales, los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver…” El jueves 8, en conferencia de prensa en Washington, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, manifestó su preocupación por los dichos del general Cienfuegos en la entrevista con Televisa y planteó: “Entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la República el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa son las últimas”. Tlatlaya Al siguiente día, el miércoles 7, cuando se esperaba el pronunciamiento público del alto comisionado de la ONU, que finalmente fue de apoyo a los expertos independientes, Televisa transmitió la segunda parte de la entrevista con Cienfuegos, donde el tema fue la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya y que desde un principio el Ejército ha presentado como un “enfrentamiento”. Dijo el general Cienfuegos: “No hay todavía una decisión de la autoridad, que es un juez, que diga si somos culpables o que no lo somos, y yo sugeriría o pediría que primero se lleve a cabo el juicio y que se defina si hay una responsabilidad y si la hay, bueno, que se proceda como corresponda a derecho. Nosotros seguiremos apoyando a nuestra gente. Yo creo en lo que ellos han dicho”. Dos días antes, el lunes 5, un tribunal federal había ordenado la liberación de cuatro de los siete militares encausados por los hechos de Tlatlaya, debido a que la Procuraduría General de la República no demostró su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad y encubrimiento. Ayotzinapa y Tlatlaya se han convertido en la sombra del general. Así quedó expresado en la entrevista que le dio al periódico Excélsior, publicada también en dos partes, el 9 y 10 de julio pasados. Sobre lo que ocurrió en Iguala, le dijo al periodista Jorge Fernández Menéndez que sólo hasta después de la desaparición de los normalistas el Ejército se enteró de la relación de las autoridades municipales con la delincuencia. Aseguró que esa noche el cuartel militar estaba casi vacío y “de haber tenido gente y haber salido a contener este problema se tiene que apoyar a la autoridad y la autoridad es la policía, que hoy sabemos que estaba… penetrada. “Pero cuando se están enfrentando a los jóvenes, están en actitud de policías. ¿A quién defendemos? ¿A la policía o a estos jóvenes que estaban enfrentando a la policía? Entonces, yo diría que en ese momento qué bueno que no había con qué haber salido (sic), porque de haber salido hubiéramos creado un problema mayor”. Reiteró su rechazo al ingreso a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería: “Lo que no permitimos es que entren a denostarnos…No hay razón que fundamente el que se permita la entrada, no tenemos por qué hacerlo, no estamos dispuestos”. Sobre Tlatlaya, aseguró que el Ejército fue el atacado y que fue una más de las 940 agresiones que había tenido hasta ese momento durante el gobierno de Peña Nieto: “Yo he insistido en que es importante, urgente, que se lleve a cabo el juicio, y si nosotros somos responsables, que cada quien reciba el castigo que corresponda, pero si no lo son, que se diga claramente que los soldados son inocentes”. En el inicio de su ronda mediática, el general se concentró en el caso de Tlatlaya, pues se cumplía el primer año de los hechos ocurridos en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en ese municipio del Estado de México. La primera de sus entrevistas se publicó el 29 de junio pasado en el periódico El Universal, firmada por el periodista Carlos Benavides, a quien le dijo que el caso Tlatlaya “ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas… Lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí”. Reprochó que para ese momento el caso no se haya resuelto en la justicia civil, porque quedó en tribunales del fuero común como resultado de la reforma al Código de Justicia Militar. “En el sistema de justicia militar estos problemas los solucionamos muy rápido. Nuestra justicia sí es rápida y expedita”. Aunque dijo que la participación de los militares en labores de seguridad pública ha significado un desgaste para las Fuerzas Armadas, pidió respaldo legal para que los militares sigan en las calles: “Yo soy de la opinión que si vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas, las utilicemos para poner orden, no para ver si pondremos orden”.