La migración de miles de subsaharianos que quieren acceder a Europa a través de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África, es fenómeno antiguo, pero cobró notoriedad el pasado 6 de febrero, cuando la Guardia Civil española asesinó a 15 de aquellos en una playa ceutí. El problema más grave radica en la segunda de esas ciudades, donde el centro de estancia de inmigrantes se encuentra atestado, pese a que muchos de los ahí recluidos ya se ganaron el derecho de poner los pies en la península ibérica. La reacción de Madrid es pedirle más dinero a la Comisión Europea para reforzar la vigilancia de sus dos urbes en el Sahara.   MELILLA, ESPAÑA (Proceso).- Takam Foising dejó Camerún para llegar a Europa a fin de mejorar su vida, pero pagó un precio muy alto. Ahora camina apoyado en muletas. Perdió la pierna izquierda a consecuencia, dice, de la golpiza que le propinó “la policía marroquí” en su afán de impedir a un grupo de migrantes subsaharianos saltar la valla que separa Marruecos de esta ciudad autónoma española, frontera de Europa en el norte de África. “Éramos muchos los que tratamos de brincar, unos 400”, relata el joven de 26 años. “Era mi quinto intento”, agrega. Como la mayoría de los migrantes que huyen de guerras o de la pobreza en sus países, Foising optó por la ruta marroquí: algún punto en la frontera perimetral de 11 kilómetros que separa a Marruecos del sur de Melilla o los casi nueve kilómetros de vallado entre aquel país y Ceuta, el otro enclave español a orillas del Mediterráneo. Foising tardó casi un mes en recorrer los 5 mil 500 kilómetros que separan Camerún de Marruecos, hasta llegar al monte Gurugú, cerca de la frontera, en la provincia de Nador de la región del Rif marroquí, donde se concentran los migrantes más pobres que buscan “saltar” a Melilla. En el Gurugú el reportero pudo constatar que los migrantes, a quienes encontró recogiendo leña para hacer una fogata, rozan la indigencia. Dos de ellos son los malienses Mohammed y Osman, que tienen la tez ceniza y las manos tiesas por el viento helado. No pueden pagar los 40 euros que cuesta alquilar un chaleco salvavidas para pasar a nado en alguna zona de vigilancia laxa;­ los mil que cobran las mafias por un espacio en las embarcaciones llamadas pateras para llegar a Melilla o cruzar el estrecho de Gibraltar; los 4 mil por pasar la frontera escondido en un vehículo, o los 6 mil de un pasaporte falso. Desde la altura del Gurugú los migrantes tienen una vista magnífica de Melilla; pero sus condiciones son terribles. Deben montar sus campamentos –organizados por nacionalidades y bautizados por una periodista como la “república subsahariana del Gurugú”– lejos del camino principal a fin de evitar las batidas de los guardias marroquíes, quienes con frecuencia llegan a arrasar con sus pertenencias, a golpearlos y romperles rodillas y piernas para que no intenten escalar la valla. Foising permaneció nueve meses en el Gurugú comiendo “arroz, pan o fruta que la gente nos regalaban en Nador”, sacando la “comida tirada en la basura” o preparando “té de alguna yerba que encontrábamos en el monte”. Algunos han pasado aquí hasta tres años. En la primera mitad de 2013, con Foising viviendo ahí, Marruecos multiplicó sus redadas en el monte y zona fronteriza; en ese periodo, Médicos Sin Fronteras (MSF) documentó en un informe el permanente uso de la violencia, malos tratos y abusos cometidos por la seguridad marroquí. “Son muy malos. Llegaban en la noche al Gurugú y nos pegaban en las piernas y en los brazos para que no pudiéramos brincar”, cuenta a Proceso mientras descubre los brazos para mostrar las marcas de los golpes y los cortes que sufrió en sus intentos de cruzar la valla de alambre de navajas. Él es una de las mil 900 personas de una treintena de nacionalidades que abarrotan actualmente el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, cuya capacidad es de 480. Pese a que la situación de Foising es hoy más incierta por su invalidez, sigue empeñado en llegar a la península. La ironía es que pese a estar en territorio europeo, a este camerunés, como a muchos más, el gobierno español no les permite cruzar el estrecho de Gibraltar. Permanecen en Melilla a la cual muchos llaman ya la “ciudad cárcel”. La matanza de Ceuta   El CETI está a escasos metros de la valla fronteriza y a un costado del campo de golf municipal de Melilla, cuidado con tanto esmero que se volvió una ofensa por el contraste que se vive a unos pasos. Debido al hacinamiento, el ejército español instaló carpas para acoger a todos los inmigrantes. Les brinda comida y atención médica, y aunque tienen libertad de movimiento, no pueden viajar por su cuenta a la península; deben esperar a que el gobierno los envíe a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que gestiona el Ministerio del Interior. Así lo demanda el saharaui Maissin Hafid y muestra al reportero copias del pasaporte español de su esposa, quien vive en Navarra, lo que le permitiría recurrir a la figura de “unificación familiar”. “¿Por qué no me dejan ir con mi familia? Llevo nueve meses en este centro, no me dejan ir a la península. ¿Por qué?”, repite con desesperación. Igual pasa con los 92 sirios acogidos en el CETI que huyen de la guerra y a quienes se suman otros 217 migrantes de Siria que acamparon hace unas semanas en la Plaza de España de Melilla y permanecen junto a la mezquita del cementerio musulmán. Casi todos tienen solicitud de asilo. Muchos de los 92 sirios del CETI se agruparon durante la visita que hizo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a Melilla el jueves 6, enarbolando su bandera y pidiendo a gritos ser enviados a la península. Según datos de la delegación del gobierno en Melilla, hay mil sirios y “una bolsa de 80 argelinos” esperando en Nador, Marruecos, para entrar a esta ciudad. Por su origen bereber, misma etnia de los habitantes del Rif marroquí, los sirios pueden conseguir fácilmente pasaportes en el mercado negro y cruzar por el paso fronterizo de Beni Ensar. Según la ley española de extranjería, cuando el Ministerio de Interior no logra identificar la nacionalidad de los inmigrantes durante sus 60 días de permanencia en los CIE, donde están detenidos cautelarmente y sometidos a expedientes de expulsión, los debe dejar en libertad en España. Para ellos es un triunfo pese a que carezcan de documentos que les permitan conseguir empleo. Ese ánimo de triunfo se vio reflejado en el “salto” protagonizado el 17 de febrero por unos 500 migrantes, 150 de los cuales consiguieron llegar a Melilla gritando cánticos de “¡libertad!” mientras corrían hacia el CETI. Este año han “saltado” o llegado en embarcaciones más de mil; el del martes 18 fue el ingreso masivo más nutrido en la historia: unos mil 100 intentaron brincar la valla. Lo lograron 500 que corrieron al CETI gritando: “¡Bosa!, ¡bosa!” (¡libertad!, ¡libertad!). Durante la gestión de Mariano Rajoy el tema de la inmigración no se consideraba asunto prioritario. Fue la muerte de 15 subsaharianos en la playa ceutí del Tarajal, el pasado 6 de febrero, lo que orilló al gobierno a intervenir, pero sólo fue para­ defender la actuación de las fuerzas de seguridad.­ “La Guardia Civil no hizo nada mal mientras no se demuestre lo contrario”, dijo Fernández Díaz el jueves 6 en Melilla, donde criticó a la oposición por sus acusaciones “inmorales” contra los uniformados. Pero los videos grabados por ciudadanos –dados a conocer por organizaciones no gubernamentales– desmienten al ministro: muestran a los guardias civiles lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra los migrantes que trataban de llegar a nado a la costa. La ONG Caminando Fronteras documentó impactos de balas de goma en caras y cabezas de heridos y muertos. En la actuación de los guardias civiles también se omitió flagrantemente el “deber de socorro” para quien está a la deriva en el mar, agotado y a punto de ahogarse. Marruecos rescató 10 cuerpos y España, cinco. Pese a ello los guardias civiles hicieron una “entrega en caliente” a la Guardia Real marroquí de los 23 subsaharianos que llegaron exhaustos al Tarajal, incumpliendo la ley de extranjería.   “Business, dinero”   Omar, de 20 años, viajó desde su natal Senegal hasta Marruecos en poco más de tres semanas. Permaneció casi un año en el Gurugú hasta poder saltar la valla. Lleva nueve meses en el CETI, pero no muestra el grado de desesperación que otros y recita con una sonrisa: “Yo, paso a paso, poco a poco para llegar a Europa”. Recuerda que en las horas de espera en el Gurugú con otros senegaleses, elaboraron “unas escaleras con pedazos de troncos amarrados con ropa y cuerdas”, para colocarlas por encima del primer cerco a tres metros de la frontera y luego “poder trepar, sin zapatos, para que los dedos se agarren mejor a la valla”. Como la mayoría, Omar usó unos guantes y doble pantalón, los cuales quedaron desgarrados por las navajas de la alambrada. Su grupo colocó cartones y mantas sobre las navajas, como en casi todos los “saltos”, aunque de poco sirven. Él mismo muestra las cicatrices de cortes en piernas y brazos. La ruta marroquí utilizada por Omar no es nueva, pero tuvo un repunte en 1993. Luego, en 2005, hubo otra extraordinaria carga migratoria, fatídica, en especial en septiembre y octubre cuando hubo saltos masivos en Ceuta y Melilla durante los cuales murieron cinco subsaharianos por disparos de bala desde el lado marroquí. Estos hechos propiciaron una contención mediante políticas de control fronterizo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: hizo crecer las dos vallas de tres a seis metros, colocó el alambre con navajas e instaló un cerco intermedio: la sirga tridimensional. Entonces el flujo cambió entre 2006 y 2008 hacia las Islas Canarias, donde hubo llegadas masivas de embarcaciones atestadas de inmigrantes, lo que obligó a España a “sellar” esa zona marítima. Después el flujo se incrementó en Libia y Túnez con embarcaciones que navegaban hasta la isla italiana de Lampedusa (donde en octubre de 2013 murieron 366 inmigrantes al naufragar una) o a través de la frontera argelino-marroquí, controlada por mafias. Ante el creciente flujo como reacción a la inestabilidad en Libia, las autoridades de Marruecos empezaron a hacer redadas en Casablanca, Tánger y Rabat. “La invasión”   El senegalés Omar juguetea con su bufanda y tiene la mirada puesta en el Gurugú, visible desde el CETI de Melilla, mientras escucha la explicación de que la visita que ese día hace Fernández Díaz ocurre después de su reunión en Bruselas con la comisaria de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom, a quien le pidió 45 millones de euros de “emergencia” para reforzar las fronteras, argumentando el riesgo de una “invasión” de 80 mil inmigrantes a Ceuta y Melilla. “Pensé que venía a ayudarnos. ¡Ah!, entonces fue por dinero... (habrá) más vallas y más policías, eso es más business”, dice en son de broma. Su opinión no dista de la de José Palazón –activista de Prodein, ONG que trabaja con migrantes– quien advierte que “es falsa la supuesta invasión de inmigrantes subsaharianos. Es parte de una operación del gobierno para desviar la atención sobre la tragedia de Ceuta y la investigación judicial contra la actuación de la Guardia Civil”. El portavoz de la Red Acoge, Manuel Sobrino, considera “cifras alarmistas” las del ministro; más contundente, Fernando Calero, de MSF, asegura que todas las fuentes que consultaron entre 2005 y 2013 “no hablaban de más de 15 mil inmigrantes y 700 donde se preparan los saltos”. Palazón critica por tramposas las afirmaciones del funcionario español pues “la alarma que siembra y la exigencia a la oposición de un pacto de Estado sobre inmigración, nada tienen que ver con su omisión para abordar el tema migratorio y las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Nada dice, por ejemplo, sobre los 43 muertos que ha habido en los últimos nueve meses, tres de ellos destrozados por las concertinas (el alambre con navajas)”. Palazón y Prodein son incómodos para el gobierno de Rajoy por sus contundentes denuncias: el 15 de febrero presentaron una querella judicial –ya aceptada por un juzgado– contra el delegado del gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, y contra el jefe de la Guardia Civil por las “devoluciones en caliente” de inmigrantes, documentadas en video. Detenido por la Guardia Civil tres veces antes de esa querella, por documentar y denunciar los abusos contra migrantes, Palazón dice: “Tienen miedo a los observadores; nos niegan el acceso a cualquier operación en la frontera y en respuesta nos detienen”. En entrevista con Proceso señala sobre los millonarios recursos exigidos por España a Bruselas: “Quieren un Estado policial. El único interés del gobierno es el control de las fronteras y los inmigrantes sólo son la moneda de cambio en su relación con Marruecos, país con el que viven una relación tormentosa. Pero me temo que nada de eso podrá frenar el flujo de migrantes; los que saltan las vallas aquí son tan pobres como los centroamericanos que suben en México al tren o los que cruzan a pie el desierto en Sonora y Arizona. Nada los detiene”.