Ministros, funcionarios de alto rango y empresarios protagonizan el mayor escándalo de corrupción de la última década en Brasil, en un caso que incluso podría amenazar las aspiraciones reeleccionistas de la mandataria Dilma Rousseff. Se trata del abuso, desde el poder, de los recursos de la empresa estatal petrolera, cuyas ganancias se repartían políticos y partidos.

RÍO DE JANEIRO (Proceso).- La brasileña es una sociedad acostumbrada a los escándalos políticos: es rara la semana en la cual no aparezca en las primeras planas alguna turbia trama que involucre a funcionarios, partidos políticos o empresas.

Pero la tormenta desatada hace unas semanas por el descubrimiento de una maquinaria de lavado y desvío de dinero por medio de Petrobras, la empresa nacional petrolera de Brasil, no deja de crecer y amenaza con gangrenar la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 5 de octubre.

Fundada en 1953, Petrobras fue desde sus inicios una empresa estatal con metas ambiciosas. Ya era importante para los gobiernos en turno, pero su papel político fue catapultado en 2006, cuando Brasil entró al selecto club de potencias petroleras al hallarse en sus costas yacimientos profundos con enormes reservas de crudo.

En su informe anual de 2013, la Agencia Internacional de la Energía estimó que, gracias a esos yacimientos, Brasil puede convertirse en uno de los 10 mayores productores de crudo para 2015, si hace las inversiones necesarias.

Quien en 2006 era mandatario –y supuestamente aspiraría a otro periodo presidencial en 2018–, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó que esos pozos provocarían un vuelco en la balanza energética de Brasil al convertirlo de importador en un gran exportador. Los ingresos de la explotación del crudo, dijo, irían a parar fundamentalmente a las clases desfavorecidas, en forma de salud pública y educación, dos de los retos más apremiantes del país.

Su sucesora, actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, puso encima de la mesa una cifra que iría destinada a esos dos sectores: los ingresos equivalentes a 75% del total de regalías y a 50% de la venta de petróleo.

Para acometer esa tarea –que beneficiaría sobre todo a la base social del Partido de los Trabajadores (PT), el cual se atribuye el mérito de haber elevado el nivel de vida de 50 millones de personas al estándar de clase media en una década–, Brasil y Petrobras deben invertir una suma colosal: 102 mil millones de dólares, confirmó la presidenta de la petrolera, María das Gracas Foster, el 2 de junio pasado.

Esa cantidad es necesaria porque el petróleo recién descubierto no es de fácil acceso: está a profundidades de hasta siete kilómetros y bajo una capa de casi 2 mil metros de sal del lecho marino. El objetivo es utilizar esas reservas para duplicar la producción petrolera actual, pasando de unos 2 millones de barriles diarios de crudo a 4.2 millones en 2020.

Esa revolución ha atraído a cientos de empresas de todo el planeta a Río de Janeiro, capital petrolera de Brasil, las cuales no sólo pelean por tener acceso a los yacimientos por medio de duras licitaciones, sino que también compiten por suministrar todo tipo de material y servicios asociados con la exploración y explotación del crudo. El negocio en juego es multimillonario y, según lo revelado en las últimas semanas, la clase política gobernante –que controla la petrolera, al ser el Estado el mayor accionista– no está dispuesta a renunciar a sacar tajada. Al menos algunos.

Confesiones

El frenesí de inversiones y licitaciones generado por el boom de los hidrocarburos estaba siendo aprovechado por algunos para enriquecerse por conducto de las operaciones de Petrobras con otras empresas, como se evidenció el 14 de mayo pasado cuando el Senado abrió una investigación al respecto.

Una comisión mixta de 13 legisladores fue creada para esclarecer una de las operaciones más turbulentas en torno a la petrolera: La adquisición en 2006 de 50% de una refinería en Pasadena (California) por 360 millones de dólares, cuando 100% de la infraestructura había sido comprada un año antes por la belga Astra Oil por 42.5 millones de dólares, según datos publicados por el Senado y Petrobras.

El costo total de la operación fue mayor, pues por decisión judicial en 2008 la petrolera tuvo que adquirir el resto de la refinería. Petrobras acabó desembolsando mil 180 millones de dólares por la instalación, más de 27 veces el costo de ésta en 2005.

Por si faltaran elementos para una novela, la entonces presidenta del Consejo de Administración de Petrobras era la hoy presidenta Rousseff.

Con este expediente, las denuncias por sobrefacturación, pago de propinas a funcionarios de Petrobras y corrupción en general no han dejado de crecer en los últimos meses.

No ha ayudado que la comisión senatorial encargada de interrogar en audiencias públicas a personajes clave de la trama se haya revelado como una farsa: un video hecho con cámara oculta mostró que varios de los senadores de la comisión e integrantes de la coalición política gobernante estaban enviando anticipadamente las preguntas a los interrogados.

A la opinión pública sólo le queda la esperanza de que la investigación judicial –que avanza en paralelo a los trabajos del Senado– lleve a resultados concretos.

Pero el caso dio un vuelco el 29 de agosto pasado, cuando uno de los hombres clave en la trama, Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento y Refinación de Petrobras entre 2004 y 2012 –y preso desde marzo pasado– decidió hablar. Sus declaraciones, publicadas en exclusiva por la revista Veja el miércoles 10, han sido como un torpedo a la línea de flotación de la formación que ha gobernado Brasil los últimos 12 años –el PT– y a la gestión de la propia Petrobras, considerada poco menos que patrimonio nacional por los brasileños.

Costa asegura que, para lograr ser suministrador de Petrobras, toda empresa debe pagar a partidos políticos y a sus miembros destacados un porcentaje –en torno a 3%– de los contratos firmados. Asimismo dice que funcionarios de Petrobras –entre ellos él mismo– utilizan esas transacciones para enriquecerse con comisiones de contratos con precios inflados.

Entre los implicados figurarían el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto; el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao; el presidente del Senado, Renan Calheiros; e incluso Eduardo Campos, candidato del Partido Socialista Brasileño (PSB) fallecido en un accidente aéreo el 13 de agosto pasado.

Según lo revelado hasta la fecha, al menos un ministro, tres gobernadores, 25 dipu­tados y seis senadores habrían sido señalados por Costa. El monto de lo desfalcado entre mayo de 2004 y abril de 2012 alcanzaría, según la misma fuente, mil millones de dólares.

“Petrobras ha sido manejada por el gobierno a su antojo y por eso se encuentra en esa situación”, dice a Proceso Rodrigo Constantino dos Santos, director del Instituto Liberal de Río de Janeiro y uno de los economistas más críticos con la gestión petrolera del Ejecutivo.

Mientras el PT contiene la respiración y cruza los dedos para que Costa no implique a Lula o a Rousseff, los ataques políticos no han dejado de venir de todos los frentes. Marina Silva, candidata del PSB y probable contendiente frente a Rousseff, arremetió el martes 9 contra la mandataria: “Quien mantuvo a toda esa cuadrilla que está acabando con Petrobras es el actual gobierno, que dejó que todos esos desmanes sucedieran en una de las empresas más importantes del país”.

Sin embargo las encuestas no muestran que Rousseff esté afectada: en la del martes 23 realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística la candidata del PT lidera con 36% de la intención de voto la primera ronda de las elecciones, contra 27% de Silva.

Ante las posibles consecuencias, algunos personajes de renombre han tomado precauciones.

Foster, presidenta de Petrobras y mujer de confianza de Rousseff, habría traspasado por medio de donación varios inmuebles a familiares en vísperas de que un tribunal dictaminara su investigación por supuesta implicación en el escándalo de Pasadena.

Así evita, si la encuentran culpable, tener que abonar con sus propiedades parte de los 792 millones de dólares que la fiscalía estima sobrefacturados a la empresa.

Por si fuera poco, la donación de inmuebles –revelada por la prensa el 22 de agosto– también afectaría a otro antiguo alto ejecutivo investigado: Nestor Cerveró, director del Área Internacional de Petrobras hasta hace unos meses. Todo ello despierta sospechas de continuas filtraciones de la justicia a la política que impiden depurar verdaderamente responsabilidades.

El de Pasadena puede no ser el único escándalo reciente de Petrobras, que ya tiene el mérito de haber protagonizado el mayor caso de corrupción en Brasil de la última década. El Tribunal de Cuentas de Brasil también analiza la construcción de la refinería Abreu y Lima, en Pernambuco, pues el precio de la obra, inicialmente de 2 mil millones de dólares, llegó a 18 mil millones. El Tribunal estima que en la construcción de la refinería, con capacidad para 230 mil barriles diarios y que empezaría a funcionar en noviembre próximo, hubo sobrefacturación.