Florence Cassez pasó siete años encarcelada en México acusada de ser parte de una banda de secuestradores, cargo que ella siempre ha negado. Su “captura” televisada –se supo después– fue un montaje perpetrado por el policía favorito del régimen calderonista: Genaro García Luna. La ciudadana francesa salió libre a principios del año pasado gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia; volvió a su patria, se tomó un tiempo y ahora inició acciones legales –en su país– contra quien resulte responsable de haberla señalado y encarcelado.

PARÍS (Proceso).- “Mi historia no terminó con mi liberación”, advirtió Florence Cassez en entrevista con la corresponsal a mediados del pasado enero (­Proceso 1942). Se rehusó a precisar algo más, pero no era muy difícil imaginar su intención de seguir luchando contra quienes le “robaron siete años de vida”, según sus propias palabras.

El pasado 29 de septiembre su abogada, Sophie Thonon, presentó en París una demanda contra quien resulte responsable por “arresto y detención ilegales”, y pidió a las autoridades judiciales francesas que “identificaran y condenaran” a dichos responsables.

La noticia se dio a conocer públicamente el jueves 2.

Contactada por correo electrónico, Cassez responde a la corresponsal que sólo su abogada hablaría del caso. Localizada vía telefónica, Thonon dice a este semanario:

“No sólo represento a Florence Cassez, quien fue encarcelada ilegalmente en México durante siete años y a menudo en condiciones inhumanas. Represento también a sus padres Bernard y Charlotte Cassez, victimes par ricochet (víctimas colaterales), de los perjuicios de extrema gravedad sufridos por su hija.”

Thonon, quien lleva seis meses trabajando en el expediente de Cassez, espera con confianza la próxima etapa del procedimiento judicial.

“Le corresponde ahora al procurador de justicia (de Francia) decidir sobre la oportunidad de instruir el caso de mi clienta, quien, es importante recordarlo, fue liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de México”, insiste la abogada, quien hace hincapié en el montaje de la detención de Cassez el 9 de diciembre de 2005 ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.

Enfatiza: “En realidad mi clienta fue detenida el 8 de diciembre y mantenida incomunicada durante 24 horas. Ese fue el punto de partida de todo”.

Thonon subraya que ese montaje fue llevado a cabo “por altos responsables policiacos en un contexto de guerra contra el crimen”, pero no menciona nombres por considerar que será precisamente la tarea de un juez instructor determinar a quiénes incriminar por los siete años de encarcelamiento de su clienta.

Es difícil prever cuándo dará a conocer su decisión el procurador. El tiempo de la justicia es muchísimo más lento que el tiempo periodístico, advierte Thonon a la corresponsal.

–Vamos a suponer que se abra esa instrucción judicial –se le comenta–. Eso amenaza con crear nuevas tensiones diplomáticas y políticas entre Francia y México. La “reconciliación” entre los dos países fue importante tanto para Francois Hollande como para Enrique Peña Nieto.

–De nuevo vamos a hablar de tiempo. El tiempo político no es mi tiempo. Yo defiendo a una mujer que fue sacrificada en el altar del tiempo político mexicano durante siete años. Y no quiero pensar que se intente sacrificarla esta vez en el altar de las relaciones políticas franco-mexicanas.

Extraterritorialidad

Renombrada litigante, Thonon es una defensora incansable de los derechos humanos y desde hace décadas mantiene estrechos lazos con América Latina, pues representó a las familias de los desaparecidos por las dictaduras argentina y chilena.

Abogada de los deudos de Alice Domon y Léonie Duquet, dos religiosas francesas secuestradas, torturadas y asesinadas en Argentina en 1977, Thonon luchó durante años para que se juzgara en Francia al excapitán Alfredo Astiz, El Ángel de la Muerte, directamente implicado en el suplicio de las monjas.

Su determinación venció todos los obstáculos políticos. El juicio se celebró en 1990 en París. Astiz fue condenado a cadena perpetua pero en ausencia, pues no existían acuerdos de extradición entre Francia y ­Argentina.

El veredicto causó impacto en particular en Argentina, donde Astiz vivía cómoda y tranquilamente. No fue sino hasta 2009 cuando El Ángel de la Muerte tuvo que responder ante la justicia de su propio país por los crímenes perpetrados contra las religiosas.

Fue con la misma voluntad inquebrantable que Thonon y William Bourdon, otro afamado abogado galo, defendieron a cuatro desparecidos franco-chilenos víctimas del régimen de Augusto Pinochet. Dos de ellos desparecieron durante la aplicación del Plan Cóndor que los dictadores del cono sur elaboraron para acabar con toda forma de oposición.

En diciembre de 2001 Thonon y Bourdon estuvieron a punto de provocar un incidente diplomático de gravedad entre Francia y Estados Unidos al pedir que Henry Kissinger, de paso por París invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, compareciera como testigo ante la justicia gala.

Dos agentes judiciales se presentaron en el lujoso hotel Ritz donde el estadunidense exsecretario de Estado se hallaba hospedado para entregarle la convocatoria del juez que instruía el caso de los cuatro franco-chilenos.

Kissinger logró salir discretamente del hotel. “Se refugió” en la embajada de Estados Unidos y abandonó Francia aún más discretamente.

En 2010, después de 12 años de complejos procedimientos y una larga instrucción, Thonon y Bourdon , junto con sus dos colegas Claude Katz y Benjamin Sefati, lograron enjuiciar en la Corte de lo Penal de París a 13 altos responsables del régimen pinochetista y a un argentino (Proceso 1633 y 1783).

El juicio duró más de una semana, del 8 al 17 de diciembre de 2010. Se llevó a cabo en ausencia de los acusados, quienes se negaron a reconocer la autoridad de la Corte, pero en presencia de los familiares de los desaparecidos que llevaban 37 años esperando justicia.

Los juicios contra Astiz y contra los integrantes de la junta militar chilena pudieron realizarse en París porque la ley penal francesa establece “la competencia jurisdiccional extraterritorial” en los crímenes cometidos por extranjeros contra ciudadanos franceses fuera del territorio nacional.

Es esa misma competencia jurisdiccional la que permite ahora a Cassez y a su abogada exigir justicia en Francia.