SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (proceso.com.mx).- Esperanza Reyes Aguillón, como escribió su hermana Eréndira, “no es una asesina serial, ni una narcotraficante, ni líder de una banda de roba coches, ni una sicaria, ni lava dinero, ni le roba al fisco; tampoco ha secuestrado a alguien, (ni es) una funcionaria malversadora de millones de pesos. Es una trabajadora doméstica que gana 500 pesos a la semana. Y además, es mujer”. Aun así, estuvo presa durante dos años de cinco en total que recibió como sentencia por utilizar un billete falso de cien pesos, hasta el día de hoy en que recibió la preliberación por orden del juez de control del Poder Judicial Federal, a petición expresa de la Secretaría de Gobernación para que revisara el caso (causa penal 26/2011). Un billete de cien pesos que, para su mala suerte, le tocó tener en la mano a la hora de pagar un cuaderno para las tareas de su hija, el 11 de marzo del 2011. Once meses de esos dos años de cárcel los pasó Esperanza Reyes en las Islas Marías. Esperanza es una mujer que no terminó la primaria; que pasó toda su infancia en un rancho de Tambaca, en Tamasopo, municipio de la huasteca potosina; que vivió todo el tiempo con sus padres y su hermana hasta que se casó a los 32 años; que fue abandonada por el marido; que tiene dos hijos. Que tiene una niña con una discapacidad mental y no se había dado cuenta hasta que cumplió 7 años y se atoró en primero de primaria. Fue detenida por dos agentes de la Policía Estatal, en respuesta a la llamada de la dueña de una papelería cercana a su casa en la colonia Himno Nacional, porque intentó pagar un cuaderno para las tareas de su hija con un billete de cien pesos que resultó falso. Para esta mujer no hubo miramientos ni tardanzas en la aplicación de la ley. Por el delito de uso de moneda falsa se le encontró culpable. Por intervención de la Fundación Renace (dedicada a revisar casos de personas sentenciadas injustamente, los “presuntos culpables” de este país) a través del abogado José Mario de la Garza Marroquín, Esperanza pidió el indulto presidencial a Enrique Peña Nieto a principios de enero. La solicitud fue avalada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., cuyo presidente, Gabriel Ortiz Gómez, firmó como peticionario junto con la mujer el escrito recibido el 9 de enero en la Dirección general de atención ciudadana de la Presidencia de la República. Diez días transcurrieron entre la entrega de la solicitud y la revisión que derivó en la liberación de la mujer este miércoles, poco después de las 5 de la tarde, del centro de readaptación de La Pila, en la capital potosina. En entrevista, José Mario de la Garza explicó que esta solicitud se basó en hechos contundentes: para Esperanza no hubo presunción de inocencia; los policías que la detuvieron revisaron sus pertenencias indebidamente; no contó con una adecuada defensa que probara su desconocimiento de que portaba un billete falso; la sentencia que recibió, por encima del promedio en estos casos excesiva, lo que violó sus derechos humanos. “La señora Esperanza Reyes Aguillón es una persona de bajos recursos que ha sido sentenciada por la comisión de un delito que cometió, a lo más, como consecuencia de sus circunstancias personales y que no representa ningún riesgo para la sociedad ni para el Estado. Se puede concluir que la pena que se le ha impuesto…de cumplir 5 años privada de su libertad, es excesiva y desproporcionada, y viola la dignidad e integridad de esta persona”, refiere el documento enviado a la Presidencia de la República. El caso llegó a manos del abogado cuando ya la sentencia condenatoria había sido ratificada en todas las instancias. “Pero en el expediente, las únicas pruebas son el dicho de la dueña de la papelería y de los policías que la detuvieron, así como un supuesto peritaje del billete falso que ignoramos si es verídico, porque en estos casos suelen ocuparse de justificar una detención ‘en flagrancia’, así que no tenemos la certeza de que haya habido otros billetes falsos o un peritaje que apoyó esta afirmación. Lo que nunca se verificó fue si ella era una fabricante de billetes falsos, o tenía aparatos para elaborarlos en su casa”, detalla De la Garza. En la revisión del expediente surgieron otras serias inconsistencias: versiones distintas sobre la supuesta existencia y características de otros billetes falsos en poder de Esperanza y sobre la cartera o monedero en que presuntamente los guardaba (mismo que fue descrito de distinto color por los policías, la dueña de la papelería y el Ministerio Público; los policías que la detuvieron proporcionaron un número de serie distinto del billete de cien pesos al que posteriormente certificó el ministerio público, además de que fueron destruidos antes de que concluyera el proceso. En esas condiciones, “a cualquiera le podría pasar lo que le pasó a Esperanza”. Viaje a los infiernos. En la revisión del caso, la fundación Renace y posteriormente la Barra Mexicana Colegio de Abogados se encontraron con que el defensor de oficio que le fue asignado a Esperanza, Miguel Martínez Castro, apenas y cumplió con los trámites de rigor para interponer los recursos correspondientes, así que la sentencia fue ratificada en una y otra instancia, hasta que todas fueron agotadas. No había nada en el portafolios del abogado que contara la historia de Esperanza, salvo dos cartas de recomendación que consiguió de quienes fueron sus patrones como empleada doméstica. Martínez Castro no se ocupó de conseguir nada más, aunque sí de sugerirle a Esperanza “que mejor se fuera de San Luis porque un drogadicto tenía más garantías que ella; hasta le recomendó que se escondiera y no usara su credencial de elector, no pidiera ningún préstamo”, cuenta Eréndira Reyes. Meses después, el abogado defensor de oficio federal dejó ese trabajo por uno mejor: es actualmente Subsecretario de enlace interinstitucional de la Secretaría de Gobierno del estado, colaborador del titular Cándido Ochoa. Entrevistadas en su casita de la colonia Himno Nacional, su hermana Eréndira y su sobrina Alejandra describen a Esperanza como una mujer “ingenua, que nunca creyó que fuera a terminar en la cárcel porque nunca pensó que fuera culpable de delito alguno”. Tras el abandono de su esposo (cuando su segundo hijo tenía seis meses de nacido) Esperanza se quedó a vivir con su suegra y ésta le cuidaba a los dos niños mientras salía a trabajar, como empleada doméstica, operaria industrial, lava trastes en restaurantes o negocios. “Ella es trabajadora, de lucha, no tiene la capacidad para estar pensando en cómo delinquir, es demasiado inocente”, dice Eréndira, quien es su hermana menor. De hecho, el 8 de mayo del 2012, cuando fue reaprehendida (la primera vez había salido bajo fianza) seguía viviendo en la casa de su suegra con sus hijos. “No tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Ella pensaba que a la cárcel iban los que violaban, los que mataban, los narcotraficantes”, refieren su hermana y su sobrina. Ya sentenciada, interna en el Centro penitenciario de La Pila ese mayo del 2012, Esperanza recibió la noticia de la muerte de su padre, Dionisio Reyes, de quien era la consentida. “Mi papá se murió de un infarto, de tanto llorar –dice Eréndira-. Aún vivía en la Huasteca, pero todos los días me hablaba por teléfono y me pedía: ‘sácame a mi hijita de la cárcel’, hasta que se murió. El 25 de noviembre del 2012 (Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer) Esperanza fue sacada de La Pila, pero con el propósito de su traslado al penal del Rincón en Tepic, que recién era puesto en funciones. Las autoridades estatales –entre éstos la directora de Prevención y reinserción social, María Concepción Tovar Monreal- aprobaron incluirla en una lista de reos del fuero federal que serían trasladados al Centro federal de peligrosidad media de Tepic, Nayarit, apelando al convenio con la Federación para desalojar los centros penitenciarios estatales de reos federales, y después de los muchos conflictos y motines registrados en La Pila. Aunque no permaneció en ese lugar ni dos meses, Eréndira dice que su hermana vivió en Tepic los peores momentos del encierro. La aislaron y no le permitieron hacer una sola llamada a su familia durante casi todo el tiempo que estuvo en el lugar, sometida a una férrea disciplina. “No tenía dinero, no podía comunicarse con nosotras, no la dejaron llevarse nada de La Pila, acá dejaron su ropa, sus cosas, la despensa que le habíamos llevado, todo”. En Tepic, le contó a su hermana, le dijeron que se confesara culpable por falsificación de billetes. Ella se negó. También conoció “a una señora muy buena” que de vez en vez le daba algo de dinero, indispensable para sobrevivir al interior de la prisión. La mujer se apellida Caletri. El 6 de febrero del 2012, hubo un nuevo traslado, esta vez a las Islas Marías, donde Esperanza pasó los últimos once meses. En las Islas Marías, Esperanza se encontró conviviendo con una población penitenciaria de 8 mil internos –en un lugar que hace dos sexenios tenía menos de mil presos cumpliendo condenas-, una plaga de cangrejos y cientos de gatos que invadían todo: las celdas, las camas, la cocina, los platos donde le servían un caldo indescifrable. Sembraba alfalfa y a veces limpiaba casas del personal administrativo del penal federal. Empeoró de un problema de columna y el dolor no la dejaba dormir. Tampoco los cangrejos. En una carta fechada el 8 de octubre del 2013, le escribió a su hermana Eréndira: “Sufro mucho para dormir por el dolor de espalda, los moscos y los cangrejos. A veces no puedo caminar. Ojalá pronto Dios tenga misericordia y pueda irme de aquí. El agua está salada y sale sucia, con el poco dinero que dejan que me mandes, a veces compro agua, pero casi no hay nunca en la tiendita y todo es muy caro…”. El 14 de enero pasado, sorpresivamente regresó a San Luis Potosí y al centro penitenciario de La Pila, una vez que el abogado José Mario de la Garza hizo pública la petición del indulto presidencial para ella. Una noche antes, el lunes 13, Esperanza y Eréndira hablaron por teléfono. Ambas ignoraban que al día siguiente se verían de nuevo en San Luis Potosí. “Nadie le había notificado; el martes la despiertan a las 5 de la mañana y le dicen que agarre sus cosas porque iba a ser trasladada. Ya le habían dicho que la trasladarían a Morelos, nunca creyó que la dejarían aquí. Creo que se logró por la presión pública, por el trabajo del licenciado De la Garza y de Renace. Sabemos que es una batalla ganada porque ahora su familia la puede ver. Pero que no nos hagan el favor, que la dejen libre, que corrijan esa injusticia”, pide la hermana de Esperanza. Al aterrizar el avión que la trasladó (junto a cuatro internos varones que fueron llevados a Oaxaca) a San Luis Potosí, fue recibida por la directora de Prevención, Concepción Tovar. La misma que meses atrás había palomeado su nombre de la lista de reos federales que salieron con rumbo a Tepic. El Gobierno potosino difundió la recepción en un comunicado con la fotografía de Esperanza y Concepción Tovar, quien personalmente llamó a casa de Eréndira para avisarle del arribo y sugerirle que acudiera con los dos hijos de su hermana a visitarla a La Pila, y concedió una entrevista con la interna de manera exclusiva al noticiero local de Televisa, además de anunciar que estaría “al pendiente” de la respuesta a la petición del indulto solicitado. Sin embargo, a nombre del mismo gobierno el Subsecretario de enlace interinstitucional (y exdefensor de oficio de Esperanza) Miguel Martínez Castro, salió rampante a declarar que no habría intervención o gestión alguna en apoyo a Esperanza por tratarse de un asunto del ámbito federal. Vamos, ni siquiera un posicionamiento sobre el caso, que también incluye su nombre en el expediente. “No veo que haya algo en lo que el gobierno del estado pudiese intervenir”, declaró el subsecretario a medios locales. No hizo falta. No obstante, al mismo tiempo se difundió el ofrecimiento de despensas y becas escolares para los hijos de Esperanza, por parte del Centro de atención para víctimas del delito, cuyo personal se presentó en casa de la suegra de Esperanza el viernes 17. La señora se negaba a recibir las despensas, pero la hicieron firmar para que constara la entrega. Eréndira aclaró que los niños son atendidos por su abuela y están en buenas condiciones, van a la escuela, tienen su apoyo y el de una amiga de la familia (también de Tamasopo) que vive en Los Ángeles, California, y les envía algo de dinero en apoyo a Esperanza. “Ellos han estado estudiando, han comido y han tenido uniformes. Los del gobierno aparecen ahora ofreciendo una despensa, a pesar de que sabían de este caso desde el principio. Si fuera una falsificadora no andarían ofreciéndole una despensa para sus hijos. Ella no tiene una propiedad, no tiene una fortuna escondida. Le hemos mandado dinero para sobrevivir en las prisiones donde ha estado. Esperanza no necesita de ellos una despensita, necesita que la apoyen para obtener el indulto”, dijo unos días antes de la liberación. “A Pera –reclama su hermana Eréndira- la han tratado como si fuera una verdadera falsificadora”. A fin de cuentas, Peña Nieto optó por evitar el tema del indulto, aun cuando este fue firmado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que por primera vez hizo una solicitud de este tipo. Fue la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, quien dio la noticia del fallo judicial en favor de la liberación inmediata de Esperanza este miércoles 29. El abogado De la Garza Marroquín señaló que al revisar otros casos similares y la situación de muchas mujeres en las cárceles y centros penitenciarios del país, está claro que “hay un asunto de género implícito en estas injusticias: mujeres pobres, humildes y con escasos estudios”. Tras la aplicación de la reforma penal que modificó el Código penal federal en el tema del indulto -por la cual fue liberado el profesor chiapaneco Alberto Patishtán Gómez-, el abogado Mario de la Garza cree que seguramente hay y habrá muchas más peticiones de este tipo porque “hay cientos de Esperanzas en los penales de este país”.