El expresidente Felipe Calderón y quien fuera su canciller, Patricia Espinosa, niegan haber ordenado a la embajada mexicana en Estados Unidos que gestionara la inmunidad para Ernesto Zedillo en torno al caso Acteal. El entonces embajador, Arturo Sarukhán, escuetamente afirma que él sólo cumplió órdenes. Nadie asume su responsabilidad y el conflicto saltó de mano en mano hasta quedar en las del exdiplomático. El juez que lleva el caso de la demanda contra el exgobernante priista se lanza a fondo contra Sarukhán, a quien –en consecuencia– acusa de haber actuado por su cuenta en aquella gestión, con lo que habría violado la ley. MÉXICO, D.F. (Proceso).- El expresidente Felipe Calderón se deslindó. Declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo. La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Espinosa también se desmarcó y ahora el único integrante del gobierno anterior que debe responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador Arturo Sarukhán. Pero éste se defiende y en declaraciones a Proceso asegura que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón. Flamante miembro de la poderosa firma de cabildeo estadunidense Podesta Group, Sarukhán es quien ahora debe responder por las violaciones constitucionales que, de acuerdo con el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, existieron al solicitar la inmunidad para el expresidente priista. En una sucesión de irregularidades y violaciones a la Constitución y a tratados internacionales que, en opinión del juez Ricardo Gallardo Vara, hubo en las gestiones a favor de Zedillo, el miércoles 6 de marzo aquél concedió un amparo a familiares de las víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, contra la solicitud gestionada por el exembajador (Proceso 1897). El amparo, con el número 1093/2012, busca que se retire la solicitud de inmunidad gestionada por Sarukhán para detener la demanda civil contra Zedillo emprendida por los familiares de las víctimas de Acteal en la Corte Federal del Distrito de Connecticut, jurisdicción en la que vive el expresidente. En caso de que quede firme, el amparo se traduciría en el retiro de la nota diplomática. La consecuencia sería no tener por presentada la solicitud y el gobierno estadunidense tendría que tomar en cuenta la insubsistencia jurídica de la petición, mientras que la Corte de Connecticut seguiría con la demanda de juicio civil sin tomar en cuenta la nota de Sarukhán. Argumentos “falaces” En su resolución, conocida en detalle apenas ahora, Gallardo Vara consideró “falaces” los argumentos de Sarukhán para justificar jurídicamente la petición, pero además determinó que la actuación del exembajador representó violaciones a los derechos humanos de quienes demandaron a Zedillo, en especial el de acceso a la justicia y a contar con un recurso efectivo. Según el juez, el exembajador de México en Washington careció de argumentos jurídicos para sustentar “la defensa a ultranza” que hizo de Zedillo, a quien familiares de las víctimas de Acteal responsabilizan de la matanza ocurrida en diciembre de 1997, por lo que ahora le piden una reparación del daño, que estiman en 50 millones de dólares. El juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del DF arremetió contra Sarukhán porque Calderón y Espinosa, en sus declaraciones ante esa instancia judicial, dejaron solo al exdiplomático, quien acaba de ser nombrado presidente de GlobalSolutions, una subsidiaria de Podesta Group dedicada a la estrategia y manejo de riesgo para empresas y gobiernos. El expresidente, la excanciller y el exembajador ahora se echan la pelota de la nota diplomática 07654 del 4 de noviembre de 2011, en la que Sarukhán solicitó al gobierno de Barack Obama su intervención para sugerirle a la Corte de Connecticut que el expresidente no fuera sometido a juicio en razón al “reconocimiento de su inmunidad”. De acuerdo con la resolución del juez, “el embajador responsable afirma categóricamente que la solicitud de inmunidad de jurisdicción controvertida obedeció a las órdenes e instrucciones que le giraron los representantes del Estado mexicano (presidente de la República y secretaria de Relaciones Exteriores) e incluso por esa circunstancia tal solicitud internacional la formuló a nombre de los Estados Unidos Mexicanos”. Sin embargo ni Calderón ni Espinosa asumen haber ordenado a Sarukhán promover ante el gobierno estadunidense la defensa de Zedillo. Esas autoridades, dice el juez en alusión a Calderón y Espinosa, “negaron expresamente haber emitido dichas órdenes o instrucciones en sus informes justificados” ante el juzgado. Si los jefes del entonces embajador no reconocieron ante la justicia esa orden, entonces “la misiva diplomática impugnada no tiene justificación alguna, habida cuenta que el funcionario responsable la realizó a título personal y sin la anuencia oficial de los encargados de la política exterior en el país, lo cual corrobora la inconstitucionalidad en su actuar al violar directamente” el artículo 89 de la Constitución en lo relativo a los responsables de la conducción de la política exterior. Aunque se desmarcaron ante el juez, ni el entonces presidente ni su canciller desmintieron públicamente cuando se informó tanto en México como en Estados Unidos que el gobierno de Calderón había gestionado la inmunidad para Zedillo. “Al no salir a desmentir, ambos consintieron el acto”, dice el excónsul de México en San Antonio, el abogado Humberto Hernández Haddad. Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1900, ya en circulación.