A raíz del anuncio de que Uruguay legalizaría la mariguana en su territorio se desató un vendaval. La medida causó gran polémica y de acuerdo con varios sondeos encontró fuerte oposición en amplios sectores. El expresidente Julio Sanguinetti alertó del peligro que existe de que al país sudamericano se le etiquete como el primer Estado narcotraficante, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó que la medida no debió tomarse de manera unilateral, sin consultar a otros países de la región. MONTEVIDEO (Proceso).- El pasado 20 de junio el gobierno de Uruguay anunció que legalizaría la venta de mariguana. En conferencia de prensa en La Torre Ejecutiva, sede del gobierno, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi; de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro; de Desarrollo Social, Daniel Polesker; de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y el secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, presentaron un ambicioso plan titulado “Estrategia por la vida y la convivencia” en el que se establecen 15 medidas para combatir la inseguridad. Entre esas acciones destacó la decisión gubernamental de controlar el mercado de la mariguana. En el documento se anunció así la medida: “Legalización regulada y controlada de la mariguana. Requiere proyecto de ley”. Parecía una idea muy pensada, pero nadie dijo cómo la instrumentarían. Fernández Huidobro, vocero del gobierno durante la citada conferencia de prensa, fue guerrillero tupamaro que peleó junto al actual presidente José Mujica y, como él, vivió una reconversión democrática asombrosa: pasó de estar más de 10 años preso en un calabozo y custodiado por militares, a ser secretario de la Defensa Nacional. El funcionario manifestó que el Ejecutivo enviaría un proyecto de ley al Parlamento que ponga en marcha la venta de mariguana por parte del Estado para combatir su venta clandestina. El mercado negro de mariguana produce en Uruguay unos 75 millones de dólares al año y abastece a unas 150 mil personas. A eso deben sumársele las ventas al exterior y el lavado de activos, que ronda 30% del comercio ilegal. Con esta acción el gobierno tratará de impedir la adicción a drogas más duras y adictivas, como el crack. “Será una política exterior del Uruguay”, dijo Fernández Huidobro, quien comentó que dicha política era consensuada con el canciller Almagro. Añadió que el presidente estadunidense Richard Nixon tomó una decisión errónea al prohibir la venta de mariguana. Esta medida, precisó, ha provocado desastres al generar una guerra que han ganado los narcos. También aclaró que el gobierno no compartía la intención de promover el autocultivo del estupefaciente, a pesar de que en el Congreso existen tres proyectos para permitir la siembra y cultivo de hasta ocho plantas por persona. Las iniciativas ya llevan dos años de trabajo parlamentario y cuentan con gran apoyo oficialista. “Si habilitamos el autocultivo para uno o para dos tenemos que habilitarlo para todo el mundo ¿y cómo controlamos eso? Los proyectos que hay en el Parlamento apuestan al autocultivo y despenalizan la producción. No estamos de acuerdo con esta medida por lo menos hasta que se legalice el consumo a nivel internacional”, agregó el ministro. La noticia corrió como reguero de pólvora: el Estado de Uruguay crearía un registro de consumidores y les vendería mariguana para frenar la escalada de violencia que conlleva el narcotráfico. Ahora sólo falta saber cómo lo hará.   Veleta   A comienzos de su mandato, en marzo de 2010, el presidente Mujica soltó una frase desafortunada que lo ha perseguido desde entonces. Cuando intentaba explicar la manera en que tomó una decisión, les dijo a los periodistas: “Como te digo una cosa, te digo la otra”. Desde entonces, la oposición le recuerda un día sí y el otro también que él opera en consonancia con ese despropósito verbal. Por ejemplo, en lo referente a la derogación de la Ley de Caducidad –que impedía juzgar a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985–, Mujica ha tenido todo tipo de vaivenes. Primero dijo que firmaría para que se sometiera a plebiscito la decisión de derogar esa ley. Cuando el plebiscito se logró y la ciudadanía refrendó la ley a finales de 2009, el mandatario dijo que respetaría “la decisión del soberano” y que él no era nadie para “enmendarle la plana al pueblo”. Sin embargo, promovió que su partido, el Frente Amplio, reuniera mayorías parlamentarias para dejar sin efecto el ordenamiento legal. En mayo pasado se envalentonó al declarar que si Argentina no avalaba rápidamente el dragado del compartido canal Martín García, Uruguay lo haría de forma unilateral. Pero luego, al ver las inevitables consecuencias diplomáticas que le acarrearía su postura, le dijo a un funcionario gubernamental que nunca dragaría el canal sin consultar al país vecino. Habían sacado de contexto sus afirmaciones, añadió. Con el anuncio del 20 de junio de la legalización de la mariguana también hubo malos entendidos. Mujica dijo que si “las encuestas” revelaban que más de la mitad de los uruguayos no aprobaba la legalización de esta droga, cejaría en su empeño. El programa periodístico Santo y Seña del canal Monte Carlo TV realizó un sondeo en el que 55% de los encuestados estuvo en contra de la medida. El 16 de julio la consultora Radar publicó que 62% de sus consultados estaba en contra de la legalización del estupefaciente y hasta una encuesta realizada por el propio gobierno, por vía telefónica, reveló “una baja aceptación de la idea”, como reconoció el ministro de Presidencia, Alberto Breccia. Pese a todo, Mujica envió el proyecto al Parlamento para su consideración. Pero nunca precisó detalles que no son de poca monta: no se sabe si el gobierno plantará cannabis o si esta acción estará en manos de particulares y dónde se produciría. El titular de la Junta Nacional de Drogas (dependiente de Presidencia), Julio Calzada, dijo que la producción correría por cuenta del Estado. Luego, Fernández Huidobro sostuvo que seguramente, en un futuro se encomendará a terceros. El ministro de Defensa expuso que el gobierno buscará combatir el contrabando y evitar el narcoturismo. “Tenemos que aplicar medidas para no afectar a países vecinos, para no ser acusados de ser un centro de fabricación y distribución de drogas. Por eso nos parece mejor el control del Estado”, insistió.   Riesgos   Entre el día en que se difundió la noticia de la legalización del alcaloide y la fecha actual hubo anuncios que fueron desmentidos o matizados. Por ejemplo, la idea de crear un registro de consumidores para que cada usuario adquiera hasta 40 cigarros de mariguana por mes. El 22 de junio, en gira desde Rio de Janeiro, Mujica dijo que sólo podrán comprar “porros” quienes presenten cédula de identidad, estén inscritos en un registro de consumidores y “devuelvan las colillas”. En un diálogo informal el mandatario dijo que podrían venderse en farmacias o en oficinas de cobranzas y pagos de facturas. Pero mientras el presidente hablaba en Brasil de un máximo de cigarros a vender por persona, en Uruguay el Ministerio del Interior decía que se estudiaría la idea de no limitar el consumo para evitar el mercado negro. Las marchas y contramarchas se sucedieron, mientras la oposición se alineaba para criticar con dureza los anuncios o especulaciones. Así, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, se preguntó qué pasaría si alguien decide comprar en la legalidad y vender sus 40 “porros” mensuales de manera clandestina. El expresidente Julio Sanguinetti, también colorado, fue más lejos. Dijo que Uruguay enfrentaba el riesgo de “asumir el rol del primer Estado narcotraficante” y calificó de “insólita” la iniciativa. “La unanimidad de profesionales en el tema ha dejado en claro que no tiene el menor sentido pensar en la legalización de la mariguana como posible método para alejar de su adicción a los consumidores”, agregó. No se equivocó Sanguinetti al hablar del peligro de que se atribuya al Estado uruguayo el rol de narcotraficante y cómo se le vería desde el exterior. Por ejemplo, el diario The New York Times escribió que si se aprobara en el Congreso lo que hoy es apenas un borrador, Uruguay se transformaría en “la primera república mariguanera del mundo”. El enviado del diario a Montevideo, Damien Cave, publicó el pasado 29 de julio que en amplios sectores del país sudamericano hay una fuerte oposición a que se legalice el uso de la mariguana. Escribió: “Doctores, rivales políticos, consumidores de mariguana y funcionarios en tema de seguridad han expresado preocupación sobre cómo se manejaría la mariguana y sobre si la legalización, o algo cercano a ello, aceleraría el agravamiento del problema de adicción y criminalidad en Uruguay”. Incluso cultivadores de cannabis evidenciaron cierto recelo con la creación de un registro de consumidores, una de las medidas más polémicas que incluye el proyecto de legalización. “Estamos preocupados por la violación de la intimidad”, le dijo una fuente al periodista estadunidense. El ruidoso anuncio del 20 de junio dio para todo. Hasta para que Breccia, secretario de Presidencia, dijera que una vez había fumado un “porro” que le regalaron. “Sentí paz y tranquilidad”, agregó. De inmediato, el semanario Búsqueda y el diario Últimas Noticias consultaron a legisladores de todos los partidos para saber si alguna vez habían consumido el estupefaciente. El sondeo de Últimas Noticias a 60 parlamentarios reflejó que 23 admitieron haber consumido esta droga alguna vez, pero sólo cuatro lo hicieron de forma pública, con nombre y apellido. Mientras tanto, Búsqueda entrevistó a los 130 legisladores que tiene el Parlamento y sólo 20 admitieron haber fumado un “porro” alguna vez. Otros confesaron su consumo pero no quisieron que se publicara su nombre, pues adujeron que temían una “condena social”. Los integrantes del Movimiento de Liberación de cannabis festejaron la medida. Organizaron una fumata para celebrarla. El evento, claro está, transcurrió en medio de carcajadas.