César Castañeda Rivas, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, quien emitió el fallo a favor de los vecinos de Coyoacán acusando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de violar el uso del suelo para construir el Centro Cultural Elena Garro, ratifica en entrevista su estado de ilegalidad a pesar de haberse inaugurado la librería Educal. En este reportaje se recogen las voces de los implicados, salvo precisamente de Educal, que se negó, mientras Seduvi informó escuetamente haberse inconformado con la resolución del juez, aunque no mostró los papeles. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Aún no acaba el conflicto de la librería y Centro Cultural Elena Garro (CCEG), que alberga una librería de la cadena Educal, abierto al público el 5 de octubre pasado. Según el magistrado César Castañeda Rivas, ponente en la ejecutoria dictada a favor de los vecinos, hubo “exceso de poder” y “un incumplimiento que podría generar sanciones si los vecinos siguen el caso”. El 21 de junio pasado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) resolvió anular el cambio de uso de suelo comercial concedido a ese predio por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para crear una librería Educal (Proceso 1873), y regresar al “uso de suelo habitacional”, pero la secretaría, en su única respuesta a este semanario, escueta, vía correo electrónico, adujo haber interpuesto un recurso de revisión administrativa y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) un amparo. Cabe decir que el Conaculta se ha deslindado del incumplimiento legal, atribuyendo a Educal la responsabilidad del centro, pero el silencio de ésta y la parquedad de la Seduvi han enmarañado la comprensión del caso. En entrevista en su oficina del TCADF, Castañeda Rivas aclara que el resolutivo dictado “es el único y final”, es decir, no hay vuelta atrás. Además desconoce el recurso de revisión administrativa que la Seduvi aduce haber interpuesto, así como el amparo del consejo. El 5 de octubre, Consuelo Sáizar, titular del Conaculta, abrió espectacularmente el CCEG. Adentro hubo mariachi y afuera reclamos de un grupo de coyoacanenses, quienes con pancartas y altavoz deploraron la apertura de ese lugar porque no ha terminado el conflicto legal. Pero aun cuando el centro está inaugurado y funcionando, los vecinos no tienen todo perdido, a decir del magistrado: “Están en derecho de hacer cumplir esa ejecutoria, número 133/2012 recurso de apelación 7254/2011 y juicio número IV-49412/2010, dictada en junio pasado. “Pudo haberse arreglado todo desde antes con los vecinos, ver las formas y cuidarlas, haberlos reunido desde un principio. No es un reglamento ni está escrito, pero lo ideal era informar bien a los vecinos.” Al entregar una copia del cumplimiento de la ejecutoria, explica que el tribunal dictó una sentencia en cumplimiento de una resolución proveniente de un colegiado de circuito, en la que se ordena regresar el uso de suelo al habitacional, “sin embargo, nos enfrentamos a una situación de hecho”. Opina que “la obra ya está concluida, inaugurada y funcionando, y donde el gobierno federal hizo una inversión importante, entonces sería imposible demoler, pero en su momento tal vez pudo pararse”. A decir suyo, el Conaculta debió pedir, para evitar todo esto, que la Asamblea Legislativa hubiera hecho una modificación al plan parcial del desarrollo del Centro Histórico de Coyocacán, por tratarse de un inmueble histórico, “cosa que no se hizo”. –Entonces, ¿la Seduvi y el Conaculta deben cumplir con la sentencia del tribunal? –Nosotros dictamos esa resolución, la ejecutoria de cumplimiento, en la forma en que el Colegiado de Distrito nos ordenó, no hay otra cosa más que cumplir en esos términos.   El ahora   Se le pregunta al magistrado: –Debido a que el área de Comunicación Social de la Seduvi dice haber interpuesto un recurso de revisión administrativa y el Conaculta un amparo, ¿cuál es la situación si ya está operando el centro? –Ignoro si el Conaculta se amparó y contra qué actos pudo quejarse, de igual forma la Seduvi, lo que conozco es el resultado bajo mi responsabilidad. Inauguran cuando ya se había dictado sentencia, contra eso no hay más respuesta, por lo cual es un incumplimiento. Se trata de una situación de hecho consumado que afecta un aspecto de derecho, en este caso de los vecinos. –¿Hay una sanción por incumplimiento? –Depende de las autoridades locales, pero también del abogado de los vecinos de promover que la Seduvi no cumplió la ejecutoria ante la sala ordinaria del tribunal, ir hasta con el gobierno del DF si es necesario. Sería especular, pero se pueden desde fincar responsabilidades porque metieron un uso de suelo sin autorización, porque el plan parcial de la zona limitaba a la Seduvi a realizar ese cambio, por lo que puede haber una sanción monetaria. Pero los titulares ya se van, ¿qué ganarían los vecinos con eso? “Lo mejor sería llegar a un acuerdo, porque el centro ya opera. Mitigar el impacto para llevar la fiesta en paz.” Castañeda Rivas es magistrado de la Sala Superior del TCADF, donde ha laborado por más de 25 años. Dotado de plena autonomía para dictar fallos y con independencia frente a cualquier autoridad administrativa, el propósito del tribunal es “dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre las autoridades del Departamento del Distrito Federal y los particulares”, según se asienta en su página oficial, y en propias palabras del magistrado “señalarle a la autoridad cuándo se equivoca y ordenarle corregir el error”. –Entonces, ¿los vecinos sí pueden hacer algo todavía? –A través de su abogado, tocar las instancias jurídicas que correspondan por incumplimiento, comenzando por la Sala Ordinaria del TCADF. No sé qué haría la delegación Coyoacán o las autoridades locales para mitigar el impacto que el Centro Elena Garro causa en la zona, eso ya no le compete al tribunal. “Como esa zona tiende a ser insegura por las noches, el Conaculta pudo haber negociado con los vecinos al respecto, desde un principio, dar mayor vigilancia, informar de todo el proyecto y hacer labor de concientización para aterrizar una obra de esa envergadura, no es nada jurídico pero creo que debieron hacerlo, a veces nos pierde la soberbia, y porque ‘yo soy la autoridad se hace y en función de eso voy a actuar’. “Lo realmente importante es que a estas alturas las autoridades del Conaculta entiendan que deben ver a los vecinos y hablar, dialogar. Ese barrio es precioso y en función de eso se debe actuar en interés de todos los involucrados.”   La comunidad cultural   El 5 de octubre pasado, en el diario Reforma apareció una inserción pagada y firmada por la dramaturga Sabina Berman como responsable y por 53 intelectuales y artistas más: Víctor Acuña, Pablo Baksht, Bruno y Demián Bichir, Brigitte Broch, Gabriela Cano, Jorge Castañeda, Armando Colina, Alfonso Cuarón, Mauricio Cuevas, Julia de la Fuente, José de Santiago Silva, Denise Dresser, Dora Cordero, Beatriz Espejo, Fernández Fátima, Ana Francis Mor, Rossana Fuentes B., Francisco Gil Díaz, Guadalupe González, Juliana González, José Gordón Irene Herner, Luisa Huertas, Tanya Huntington, Jorge Gimm, Andrés Lira, Claudio Lomnitz. También Josefina Mac Gregor, José María Muriá, Francisco Martín Moreno, Ángeles Mastretta, Eduardo Matos, Álvaro Matute, Lorena Maza, Carmina Narro, Carlos Payán, Dora Pellicer, Braulio Peralta, Roberto Pliego, Beatriz Ramos, José Sarukhán, Pepita Serrano, Cecilia Sheridan, Francisco Toledo, Valentina Torres Septién, Josefina Zoraida Vázquez, Roberto Vázquez, Juan Villoro, Jorge Volpi y José Woldenberg. El desplegado dice: “… Por desgracia, algunos vecinos se oponen a su inauguración formal, aduciendo que la librería aumentaría el tráfico y desestimando la resolución de la autoridad competente, que ha juzgado que cumple cabalmente con los requisitos para abrir su puertas, incluyendo un estacionamiento suficiente…” Al final se lee: “Llamamos a los vecinos a acatar la resolución legal; llamamos al Estado a entregar puntualmente la Librería Elena Garro; llamamos a los ciudadanos a disfrutar un nuevo espacio dedicado al conocimiento y las artes.” Berman explica a este semanario que ella redactó y pagó la carta publicada, la cual envió por correo electrónico a los firmantes, y algunos de ellos le aportaron dinero para costear la misiva. Se le señala que en la carta se invita a los vecinos “a acatar la resolución legal”, por lo cual se le pregunta: ¿Cuál resolución legal si las impugnaciones de la Seduvi y el Conaculta aún no han sido resueltas? A lo cual la también narradora y directora de teatro y cine responde que sus “apuntes” sobre el caso decían que “sí había sido palomeada la construcción de la librería”. –Pero no está resuelta la situación legal, ¿qué opina de que se inauguró la librería a pesar de eso? –Quizá ese verbo de “acatar” está mal colocado. A mí me llama la atención que un grupo de vecinos quiera impedir que se abra una librería en una calle donde se encuentra una escuela de música que tiene mucho más movimientos de coches y personas, hay varios comercios, y además existe una autoridad delegacional que no pone un remedio al tráfico cuando el remedio es evidente. Que prohíban el estacionamiento en las dos aceras. “Me llama mucho la atención la lucha por cerrar una librería, me ofende en el momento en el cual se encuentra México. Estamos en una guerra y que la hostilidad se vaya contra una librería me sacó de quicio. Creo que es el mismo caso de Elena Poniatowska, yo no sabía su postura, y cuando leí en el periódico que asistió a la inauguración, me sentí muy reconfortada, vi que piensa lo mismo. “En todo caso, quien se equivocó es la autoridad que permite que se construya de nuevo con dinero público una librería y después dice que siempre no.” –Los vecinos no protestan contra una librería, el problema es que no se cumple con lo dictado por un tribunal del DF. ¿A qué se refiere con que los vecinos acaten la resolución legal?, ¿cuál fallo legal? –Ése. Que se había dado el permiso de construir la librería. Es más, ¿cómo es que se da un permiso a algo que se construye y luego se retira el permiso? Es raro eso… –Es que no piden que se tire, lo que denuncian es que el Conaculta cayó en irregularidades con ese terreno: en septiembre de 2010 se clausuró el proyecto por falta de medidas de seguridad; de enero a junio de 2011 estuvo detenido por no contar con la documentación sobre el impacto vial, y en agosto de ese mismo año, por la muerte de un trabajador de la construcción… Ahora todavía no hay un dictamen por las impugnaciones, sólo el del tribunal a favor de los vecinos. ¿Cómo es que la autoridad federal inaugura?, ¿no es una violación a las leyes de DF? –Eso sí no lo sé… “A mí me tocó entrevistar a la titular del Conaculta en la televisión, hace más de cuatro meses, y le pregunté al aire si estaban los papeles en orden, y dijo que sí. También le cuestioné por qué inauguraba, y comentó que porque ya estaba por finalizar su administración y debía entregar las obras donde empleó dinero público.” –Que una autoridad niegue una sentencia legal, que exista un litigio e inaugure porque ya se va, ¿eso no le parece grave? –Esa es la postura que ella anunció… “¿Por qué no podemos llegar a un arreglo en esto para todos?, ¿por qué la solución es cerrar un librería? Necesitamos el abecedario, no balas…” Como la autora de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda adujo que no conocía bien la parte legal, se suspendió la charla para consultar a un abogado. Después reanudó la llamada telefónica: “Me informó un abogado, no te puedo decir la fuente, que el término legal es que la demanda de los vecinos está mal planteada y no procede. Esa es la situación jurídica.” –¿Eso qué significa?, esa es una mala interpretación del abogado, ¿no? –Eso me dijo, que la demanda de los vecinos está mal planteada. –¿Qué significa mal planteada? Además llama la atención que muchos de los firmantes de la carta no son de Coyoacán, ¿por qué? –No, porque yo la mandé a artistas y creadores en general. Yo no soy de Coyoacán. Pero eso es lo que me informa un abogado. En entrevista, Fátima Fernández, fundadora y primera presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, se niega a abundar en el tema porque confiesa que no sabe nada del problema: “No tengo la menor idea del asunto. No sé. Ahora en esta ciudad, en esta vida, así como uno tiene las agendas, no se puede leer todo, ya no puedo hacer todo como cuando tenía 20 años y revisaba e investigaba. Yo me retiré de la comunicación y todo eso porque no podía más, no quería cumplir 80 años y seguir viendo dónde quedó la banda 2.5 Ghz, no me interesa. “Sabina Berman es la responsable y ella es la enterada; yo firmé la carta porque confié en ella, y punto.” Por teléfono, el político y académico José Woldenberg no quiso opinar. Molesto y en voz alta punteó: “Yo no soy abogado”, y colgó. A su vez, la actriz Luisa Huerta confesó que también firmó porque confió en Berman, pero desea que todo se solucione. Al respecto, Jorge Martínez Stack, presidente del Comité Vecinal del Barrio La Conchita, resume: “En abstracto, la idea de una librería siempre es buena, pero en concreto hay que ver sus pros y sus contras. Estos intelectuales al firmar no se plantean el despilfarro del Conaculta, porque no por poner una librería se va a justificar la política cultural de Consuelo Sáizar. ¿Por qué nadie dice que La Conchita sigue cayéndose? Nadie de los intelectuales lo dice.” Sobre los firmantes en el desplegado, manifiesta: “Se me hace muy raro que José Sarukhán haya firmado eso cuando sé que tiene pleno conocimiento de la situación, o el propio Juan Villoro. Dudo que todos los que firmaron sepan de la cuestión legal, muchos de ellos no viven aquí.” Proceso buscó a Héctor Chávez Castillo, director general de Educal, para una entrevista, pero se negó pidiendo dirigir la petición al Conaculta; al solicitar hablar con el personal de la Dirección General Jurídica del consejo, en respuesta Edson Alamilla, a cargo del área de prensa, indicó vía electrónica: “El juicio promovido por varios vecinos en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del DF, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, tuvo por objeto impugnar el certificado de zonificación para uso de suelo específico con número de folio 24187-BAGE10-SEDUVI, de fecha 11 de mayo de 2010, emitido por el registrador de los Planes y Programas del Desarrollo Urbano, el Gobierno del DF, con una vigencia de dos años, misma que concluyó el 11 de mayo de este año. “La resolución del tribunal pronunciada el 21 de junio de 2012 se limitó a decretar la nulidad del certificado mencionado, cuya vigencia había ya terminado. De ninguna manera se dispuso a detener la obra.” También se lee: “Se cuenta con información de Educal, S.A. de C.V., en el sentido de que tramitó y ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para la construcción, apertura y funcionamiento de la librería.” Y al final subrayó: “El Conaculta nunca ha desacatado ninguna resolución judicial.” Sobre el criterio que utilizó el Conaculta para seleccionar a Paloma Torres como artista encargada de construir las puertas del CCEG, el sistema Infomex del gobierno federal, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), sólo respondió: “Sobre el particular, me permito informarle que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de este consejo, no se encontró información o documentación alguna relacionada con su petición, toda vez que quien está a cargo de la totalidad del proyecto ‘Centro Cultural Elena Garro’ es Educal S.A. de C.V.” Por tanto, al final sugiere pedir la solicitud a la Unidad de Enlace de Educal. Después de la inauguración, en nombre de la delegación Coyoacán se repartió en la zona de la librería un comunicado en el que se informa que se realizará una “revisión exhaustiva de la situación jurídica del inmueble para verificar que esté dentro del marco de la legalidad”. Jorge Martínez Stack, en su carácter de presidente del comité vecinal, dijo estar al pendiente sobre el caso.