La privatización de entidades públicas ya llegó al ámbito deportivo. Así, la concesión de instalaciones acuáticas a empresarios es algo frecuente en demarcaciones capitalinas y municipios de la zona conurbada. Empresas fantasma, asociaciones civiles en pos del lucro y uno que otro medallista olímpico se encuentran detrás de este entramado… MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con el pretexto de que carecen de fondos para su mantenimiento, algunas delegaciones del Distrito Federal y municipios del Estado de México han entregado a empresas privadas la administración de las albercas públicas, con esquemas de operación ventajosos para quienes encontraron la manera de hacer negocio sin invertir un solo peso en la construcción de infraestructura deportiva. El empresario favorecido por la concesión de albercas públicas es José Luis Díaz García, dueño y representante legal de las empresas Pool Tech de México S.A. de C.V., y Tlalpan por la Salud y la Educación S.A. de C.V. También está involucrado con las empresas Tlalnepantla por la Salud y la Educación S.A. de C.V., Azcapotzalco por la Salud y la Educación A.C., Administradores Deportivos S.A. de C.V., y Operadora de Centros Acuáticos S.A. de C.V., para administrar casi una decena de albercas. Estas empresas han firmado convenios multianuales y hasta ahora se desconoce cuál fue el criterio para otorgarles el beneficio de pagar a los gobiernos delegacionales y municipales cantidades irrisorias por la operación de las albercas –construidas con recursos públicos–, sin hacerse cargo siquiera del pago de energía eléctrica, agua y combustibles. Tlalpan por la Salud y la Educación S.A. de C.V., paga a la delegación 70 mil pesos mensuales por la concesión de la alberca olímpica del deportivo Ceforma –que costó a los gobierno federal y delegacional alrededor de 160 millones de pesos–, y otros 30 mil por la alberca semiolímpica del deportivo Vivanco, según consta en las bases administrativas, de las cuales Proceso tiene copia. En esos documentos, firmados el 14 de marzo último, quedó establecido que esa compañía administrará las instalaciones por un periodo de cuatro años: del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2016. Por la empresa –cuyo Registro Federal de Contribuyentes es TLS1109307J0, con domicilio en Díaz Soto y Gama 166 Piso 1 D3 103, colonia Progresista– firmó las bases administrativas José Luis Díaz García, en calidad de representante legal, y por la delegación María del Carmen Cabrera Mortera, entonces directora de Desarrollo Social en Tlalpan, quien fue inhabilitada por 10 años por la Contraloría General del DF, pues cuando fungió como directora de Administración adjudicó de forma directa contratos millonarios a una empresa en la que su exesposo es socio. Por otro lado, Servisports S.A. de C.V. –RFC SER051121ISA, con domicilio en Avenida Revolución 1227-106, colonia Los Alpes–, cuyo representante legal es Francisco Armendáriz Arreola, le paga a la delegación Tlalpan 15 mil pesos mensuales por operar la alberca semiolímpica del deportivo Parque Morelos. Su “convenio” es por cinco años y abarca del 1 de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2017. La jefa delegacional, Maricela Contreras, quien tomó posesión del cargo el lunes 1, comenta a este semanario que de acuerdo con información que durante la etapa de transición proporcionó verbalmente el exdirector de actividades deportivas, David Guerrero, la alberca Ceforma generaba a Tlalpan recursos mensuales por 350 mil pesos, mientras que las piscinas de Vivanco y Parque Morelos producían 180 mil y 70 mil pesos, respectivamente. “Estos convenios son desventajosos para la delegación y para la ciudadanía. Hubo incluso un proceso de dilación para entregarnos la delegación y para que nos tardáramos en encontrar los documentos. Circularon rumores acerca de que se rehicieron esos contratos de último momento para ampliar el tiempo de la concesión. Mi postura es que revisaremos cómo están hechos y la intención es revocarlos para que sea la delegación la que preste ese servicio a los ciudadanos”, asegura Contreras. –Entregar a particulares la administración de las albercas que fueron construidas con dinero público es un negocio muy jugoso para esos empresarios. No tiene lógica que un delegado prefiera recibir 70 mil que 350 mil pesos –se le comenta. –Ya solicité al director jurídico que revise el alcance legal y la ruta para la recuperación. Tenemos que reunirnos con estos empresarios y hacer el trabajo para recuperar las albercas. Las concesiones son facultad de las delegaciones, pero si no están avaladas por el gobierno central estarían fuera de norma. El martes 9 llegó a las oficinas delegacionales un recibo de luz –que abarca el consumo del 30 de agosto al 30 de septiembre– por 280 mil pesos que, en teoría, debería pagar la empresa que administra la alberca de Ceforma.   Red de corrupción   Los usuarios de Parque Morelos promovieron un amparo para frenar la concesión. El 11 de abril pasado, el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal les notificó que la delegación le entregó un convenio de terminación anticipada, fechado el 28 de febrero, que dejó sin efecto el convenio mediante el cual se concedió la alberca a la empresa. “Sin embargo, la oficina de transparencia nos entregó un oficio el 10 de mayo donde se indica que la alberca sigue siendo administrada por la empresa Operadora de Centros Acuáticos, lo que violenta la resolución del juez que dijo que las instalaciones deberían ser operadas por la delegación. O (ésta) le mintió al juez de forma tramposa o canceló ese convenio y luego hizo otro. “El gobierno abandona la responsabilidad de dotar de servicios públicos y esto va engarzado con una red de corrupción. Los funcionarios se prestan a impulsar estos convenios a cambio de prebendas y recursos económicos que van a sus bolsillos. No tenemos pruebas, pero es a donde la lógica lleva si entregas un espacio que te dejaba 350 mil y ahora 70 mil, pudiendo rentarlos en más, no se entiende por qué les dan esos regalos a los empresarios”, plantea Israel Ballesteros, usuario y exempleado de la delegación Tlalpan. Administradores Deportivos S.A. de C.V., fue constituida con un capital de 100 mil pesos el 18 de noviembre de 2010 por los socios Carlos Enrique Arreola Toledo, Juana Fernández Ríos y Teodomiro Gutiérrez Carvajal, con el siguiente objeto social: “1) comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesa y caza deportiva; 2) parques del sector privado con instalaciones recreativas; 3) promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos”. Nueve meses después de haber sido creada esta entidad comenzó a administrar la alberca olímpica del Centro de Formación y Desarrollo Deportivo Ollin Kan (Ceforma), sin que el entonces delegado en Tlalpan, Higinio Chávez, ofreciera una explicación pública de por qué una empresa se haría cargo de esa instalación inaugurada en diciembre de 2008. Casualmente, Operadora de Centros Acuáticos fue constituida el mismo día, a la misma hora y con el mismo capital que la empresa Administradores Deportivos; es decir, el 18 de noviembre de 2010 a las 12:00 horas, con 100 mil pesos. Resulta curioso que incluso el objeto social de ambas compañías sea idéntico. Los dueños de Operadora de Centros Acuáticos son Mario Carlos Casio Arellano, Rubén Islas Carrillo y Gerardo Gutiérrez Gómez. De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública al ciudadano Alberto Carmona, el RFC de Operadora de Centros Acuáticos es OCA101118SD3, con domicilio fiscal en Díaz Soto y Gama No. 166 D3 103, colonia Progresista, en la delegación Iztapalapa. Se trata de la misma dirección de Tlalpan por la Salud y la Educación S.A. de C.V., empresa de la cual es representante legal José Luis Díaz García. En tanto, Administradores Deportivos tiene como RFC ADE101118M62 y su domicilio fiscal es Avenida División del Norte No. 2723-202, colonia Barrio San Lucas, en Coyoacán. Cuando la reportera se presentó a esa dirección para preguntar por el apoderado de Administradores Deportivos, Carlos Enrique Arreola Toledo, la respuesta de quien abrió la puerta fue que no trabaja ahí y no lo conocen. Esta persona informó que el domicilio corresponde a las oficinas de Pool Tech de México S.A. de C.V., propiedad de José Luis Díaz García y proveedora de la alberca del deportivo Ceforma. El hombre se rehusó a dar más información. La reportera le pidió los números telefónicos de la empresa para concertar una cita con el propietario y preguntarle por qué Administradores Deportivos tiene el mismo domicilio fiscal que Pool Tech. No quiso proporcionarlo y sólo aceptó darle el mensaje. Hasta el cierre de esta edición, Díaz García no había establecido comunicación. La reportera también acudió al domicilio de Carlos Enrique Arreola, en la colonia Merced Gómez de la delegación Álvaro Obregón, así como al de Mario Carlos Casio y al de Teodomiro Gutiérrez. A todos les dejó mensaje y los datos para que la contactaran. Sólo Casio mandó un correo electrónico en el que aceptó ser entrevistado el martes 16. La empresa Pool Tech le paga al municipio de Naucalpan 100 mil pesos mensuales por la concesión de las albercas semiolímpicas El Tepetatal y La Mancha III. La alberca de El Tepetatal, ubicada en la colonia popular Ampliación Altamira, fue inaugurada el 28 mayo de 2008. El entonces presidente municipal, el panista José Luis Durán, informó ese día que la instalación costó 15 millones de pesos y anunció que tendría una afluencia de 800 personas diarias, que produciría más de 200 mil al año, que las clases sólo costarían 12 pesos mensuales y que la inscripción sería gratis. Este semanario visitó la instalación deportiva y constató que la empresa Pool Tech cobra las clases entre 220 pesos y 460, dependiendo del número de horas que el usuario desee nadar. La inscripción es de 200 pesos y la credencial cuesta 25. Las clases se ofrecen de lunes a viernes de las 6:00 a las 22:00 horas y los sábados de las 7:00 a las 14:00 horas. Aunque se solicite, la empresa no entrega factura por el pago de ninguno de estos servicios ni tampoco por el equipamiento deportivo de la marca Shibro que ofrece en la tienda de la instalación deportiva que también cuenta con cafetería. Simplemente expide un recibo que tiene un número de folio, fecha de pago, concepto, el importe y el nombre “Pool Tech Norte”, sin Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Es idéntico al que se entrega en las albercas de Tlalpan.   Concesiones injustificadas   En noviembre de 2011, el edil de Tlalnepantla, el priista Arturo Ugalde Meneses, anunció que la empresa Tlalnepantla por la Salud y la Educación S.A. de C.V., operaría durante 10 años las albercas de los deportivos Tlalli y Luis García, ubicados en la cabecera municipal y en San Pedro Barrientos, respectivamente, mediante un contrato en el que esa compañía invertiría 4 millones de pesos para rehabilitar las instalaciones. Ugalde, conocido por ser el edil que más gana en México, con un salario de casi 750 mil pesos al mes, dijo que no se lucraría con el patrimonio municipal y que “no hay recursos para pagar el mantenimiento” de estos espacios, que exigen un gasto anual de 6 millones de pesos. Adelantó que las tarifas se elevarían, pero aclaró que el ayuntamiento “no está obligado a dar el servicio”. El director del Instituto Municipal del Deporte, Francisco Jorge Bermejo, por cierto gran amigo de los medallistas olímpicos Jesús Mena, Fernando Platas y Carlos Girón, tampoco contestó a una solicitud de entrevista con este semanario, a pesar de que se le dejó mensaje en las oficinas del administrador del deportivo Tlalnepantla porque él, según informó la secretaria, “no cuenta con teléfono en su oficina ni le podemos pasar recados”. En noviembre de 2011, el jefe delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas, dio a conocer que con una inversión de más de 16 millones de pesos fue rehabilitada la alberca al aire libre del Deportivo Azcapotzalco para transformarla en un centro acuático techado. La piscina le fue entregada en concesión a Azcapotzalco por la Salud y el Deporte A.C., encabezada por el exclavadista Carlos Girón, a quien la reportera contactó para que explicara el esquema mediante el cual administra esa instalación acuática. “Te informaron mal, yo no tengo nada que ver con albercas”, dijo cortante el medallista olímpico, quien de inmediato interrumpió la comunicación telefónica. El nuevo delegado en esa demarcación, Sergio Palacios, dijo a la reportera que esa empresa invirtió 12 millones de pesos para completar los 28 millones que en total costó la instalación. Dio a conocer que opera mediante un permiso administrativo revocable por 10 años y que a cambio recibe 82 mil pesos al mes. También confirmó que Girón firmó ese permiso como representante legal de la empresa. Girón no sólo forma parte del grupo de José Luis Díaz García en Azcapotzalco, sino también en Tlalnepantla. El medallista olímpico no ha tenido empacho en invitar a personajes del deporte y de la iniciativa privada a sumarse al negocio de las albercas, ante quienes ha dicho que cada alberca le deja ganancias de alrededor de 300 mil pesos mensuales. A la inauguración, en noviembre pasado, invitó personalmente a sus amigos Fernando Platas, Felipe El Tibio Muñoz y Jesús Mena, entre otros. Incluso, en su calidad de titular de la empresa que tiene la concesión del centro acuático, Girón firmó un convenio con la UAM Azcaportzalco, según informó la revista Aleph de esa casa de estudios en su edición del 3 de julio de 2012. El acuerdo permite que los estudiantes de la UAM paguen 145 pesos al mes por ocho clases en lugar de los 290 pesos que cuesta. En el Centro Acuático Azcapotzalco los usuarios pagan una anualidad de 250 pesos, más 60 pesos de la credencial, 75 pesos si se necesita renovar ésta y desde 160 pesos (cuatro al mes) hasta 700 pesos (24 al mes), dependiendo del número de clases que se tomen. Las clases de aquaerobics y matronatación van desde 200 hasta 450 pesos. En esa instalación es obligatorio comprar el traje de baño (300 pesos) y la gorra de la marca Shibro (desde 65 hasta 110 pesos). La empresa no entrega facturas o comprobantes fiscales por ninguno de los servicios, tampoco por el pago del estacionamiento, que cuesta 10 pesos cada dos horas, ni por los 800 pesos que pagan quienes hacen uso de la pensión nocturna, pues la empresa renta el estacionamiento para los vecinos de la zona. Aunque se supone que una asociación civil no persigue el lucro, en este caso es sospechoso que no emita facturas y recibos que la harían susceptible de revisiones fiscales.