Los abogados de Benjamín Arrellano Félix lograron un pacto ventajoso para su cliente en la Corte Federal del Distrito Sur de California: que se le redujeran los delitos de los que se le acusa a cambio de información y de cumplir con algunos compromisos, con lo cual el capo sinaloense sólo purgaría 25 años de condena en Estados Unidos. Y aun cuando el acuerdo satisfizo a la procuradora federal en California, Laura Duffy –quien se apresuró a decir que el cártel de Tijuana está desmantelado–, lo cierto es que la organización sigue viva. Con autorización del semanario tijuanense Zeta –que incluye este trabajo en la edición que empezó a circular el viernes 6–, Proceso reproduce el siguiente reportaje. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Al final del juicio que se le sigue en Estados Unidos, Benjamín Arellano Félix se benefició con la protección de la autoridad que más lo persiguió. Quince años después de ser nombrado uno de los criminales más buscados en ese país, la Corte Federal del Distrito Sur de California pactó con él reducir su condena a sólo 25 años a cambio de tres condiciones: 1) aceptar que efectivamente fue el líder del cártel de Tijuana y que cometió los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El resto de los delitos fueron eliminados; 2) ceder al gobierno de Estados Unidos propiedades, bienes, cuentas, instrumentos financieros y productos diversos que asciendan a 100 millones de dólares; y 3) colaborar de manera incondicional con las autoridades de Estados Unidos para la investigación e incriminación de otros miembros del crimen organizado que sean detenidos, investigados y procesados en el futuro. Con ello el capo de uno de los cárteles más poderosos y sangrientos de América en los últimos 25 años evitó una sentencia mayor, que pudo ser de 40 a 140 años, gracias a lo cual saldrá de prisión cuando tenga 83. Cuando se cumpla el plazo, en 2037, Benjamín Arellano tendrá que ser repatriado a México, donde se reactivarán los juicios que tiene pendientes, entre ellos el del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas y Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, pues en el expediente del caso existe una orden de aprehensión en su contra. La corte californiana aceptó la propuesta del abogado de Benjamín Arellano, quien pidió benevolencia para su cliente a cambio de información que no ha sido dada a conocer por ser parte de una investigación. La procuradora federal en California, Laura Duffy, se apresuró a declarar que con el encarcelamiento de Benjamín Arellano el cártel de Tijuana quedó desmantelado.   Los pendientes en México   El capo sinaloense tendrá que rendir cuentas por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pues existe una orden de captura en su contra en el Juzgado Segundo de lo Penal en la capital tapatía. Según el expediente 222/93, a Benjamín se le imputan el homicidio calificado del prelado y otras seis personas, así como el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad. El mandamiento judicial nunca se cumplimentó porque desde su detención, en marzo de 2002, Benjamín fue confinado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y porque el juez de Guadalajara Hugo Olveda Colunga se rehusó a procesarlo. En el Estado de México también fueron suspendidos otros procesos federales, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la extradición del detenido a Estados Unidos. La captura de Benjamín Arellano suscitó un problema puesto que la orden de aprehensión obsequiada era a nombre de Ramón Benjamín Arellano Félix, pero quedó subsanada luego de que el Juzgado Cuarto en la causa 20/2001 acreditó que Ramón Arellano y Ramón Benjamín Arellano eran la misma persona. “En el Juzgado Segundo de Guadalajara, Jalisco, está vigente una orden de aprehensión contra Benjamín Arellano por los hechos relacionados con el cardenal, misma que se pretendió cumplimentar, pero en aquél entonces existía el cómodo criterio de los jueces de que no se consideraban cumplimentada una orden de aprehensión si físicamente no se ponía a disposición al inculpado en el reclusorio de su jurisdicción, según consideró el licenciado Hugo Olveda. La causa penal de dicha orden es la 222/93”, explica al semanario Zeta un colegiado. Asimismo está pendiente el caso del asesinato de Luis Valero Elizalde y el intento de homicidio contra Jesús Blancornelas, ambos ocurridos en noviembre de 1997. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado, los 10 elementos que emboscaron al codirector de Zeta, eran parte de la estructura criminal del cártel de los hermanos Arellano Félix, comandado por Benjamín y Ramón. La Procuraduría General de la República atrajo el caso, pero no continuó con la indagación.   Una sentencia benévola   Jorge Fonseca Villegas, exfiscal especial para el caso Posadas Ocampo, asegura que siguió muy de cerca al capo de origen sinaloense durante varios años para que se le cumplimentara una orden de aprehensión por el homicidio del prelado. Actual colaborador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac, Jalisco, Fonseca Villegas contestó las preguntas formuladas por Zeta. –¿Qué le pareció la sentencia a Benjamín Arellano en Estados Unidos? –Como exfiscal y abogado considero que es una sentencia benévola en atención al delito y peligrosidad del sujeto… si la comparamos con la sanción que se hubiera solicitado dentro del marco legal mexicano. Afortunadamente para Benjamín y sus abogados fue posible negociar la sanción penal… pero debemos reconocer que finalmente existió una sentencia condenatoria y no absolutoria. –El tema de la extradición atemorizó durante mucho tiempo a los delincuentes y al parecer a las propias autoridades, pero finalmente pareciera que a los criminales les va mejor del otro lado de la frontera… –Con relación a la extradición como instrumento legal, los procesados o enjuiciados lo pueden ver como algo favorable, pero creo que es circunstancial; es decir, es en atención al delito, a la peligrosidad y principalmente a las pruebas de cargo que existan; pueden existir delitos que en México se sancionen más benévolamente que en Estados Unidos y viceversa… –A Benjamín Arellano lo extraditaron aun con cuentas pendientes (con) la justicia mexicana, ¿qué ocurrirá con estas averiguaciones previas y causas penales pendientes? –En lo referente a esas causas penales que tenga pendientes el señor Arellano Félix, Estados Unidos tendría que repatriarlo a México una vez cumplida su sentencia allá para que sea enjuiciado acá y continúen los procesos que pudiesen haber quedado suspensos. –Desde luego cuenta con la orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por el homicidio del cardenal Posadas Ocampo y seis personas más. Usted fue el fiscal especial. ¿Por qué desde 2002 hasta 2011 que Arellano estuvo preso, nunca se cumplimentó el mandamiento judicial? –El motivo por el que no se cumplimentó la orden de aprehensión contra esa persona es en razón a que existía un criterio jurisdiccional o de los jueces en el sentido de que no tenía por cumplimentada una orden de aprehensión si no dejabas físicamente a disposición del juez competente al indiciado en la prisión de su jurisdicción. –Durante su etapa como agente del Ministerio Público asignado especialmente al caso Posadas Ocampo, ¿tuvo usted contacto o acceso al capo referido en alguna diligencia? –Hubo una entrevista con dicho personaje cuando integré la Comisión Interinstitucional –en la que participaron representantes de la PGR, del gobierno de Jalisco y de la Conferencia del Episcopado Mexicano–, pero simplemente te puedo decir que él se limitó a señalar que nunca estuvo presente; ni sus hermanos. “(Dijo) que a quien realmente deberían preguntarle era al doctor (Jorge) Carpizo y a Pablo Chapa Bezanilla, quienes manipularon la investigación, puesto que él quiso entrevistarse con el doctor Carpizo y este último nunca accedió.”   Acuerdos y compromisos   El acuerdo con la Corte del Distrito Sur de San Diego le permitió a Benjamín Arellano eliminar tres de los cinco cargos por los que sería juzgado en Estados Unidos: el de delincuencia organizada, el de asociación criminal para distribuir estupefacientes en el sur de California y el de agrupación delictuosa para la compra legal de armas que se trasladan a México y a Colombia. Los dos cargos por los que será sentenciado son los de asociación delictuosa para introducir toneladas de mariguana y cocaína y otras drogas a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Por el primero, Benjamín recibirá un máximo de 20 años en prisión, una multa de 250 mil dólares como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida; una asesoría especial obligatoria de 100 dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años, y la entrega de todas las propiedades que representan o se deriven de ingresos obtenidos directa o indirectamente por la actividad de crimen organizado. Por el cargo de lavado de dinero, purgará un máximo de cinco años en prisión, así como una multa de 250 mil dólares como máximo o el doble de las ganancias en bruto u otros ingresos derivados del defendido por la ofensa cometida; una asesoría especial obligatoria de 100 dólares por cargo y un plazo de libertad supervisada de hasta tres años; la entrega de toda la propiedad que forma parte o esté derivada de los ingresos que el defendido recibió directa o indirectamente como resultado de la violación y entrega de toda la propiedad utilizada o que pretendió utilizarse de cualquier forma o en parte para cometer o facilitar dicha violación. Al firmar el documento judicial, Benjamín Arellano estableció varios compromisos con el gobierno de Estados Unidos, entre ellos, que: 1) Acepta entregar una suma de dinero en contra suya y a favor de Estados Unidos, de 100 millones de dólares, más intereses, provenientes de dinero en efectivo y propiedades. 2) Acepta colaborar de manera verdadera y absoluta con el gobierno de Estados Unidos en todos los asuntos relacionados con los bienes que posee y atestiguar con la verdad en caso de que se den futuros procedimientos. 3) No instruir a ninguna otra persona o entidad para que destruya, dañe, tire o transfiera los bienes mencionados. 4) Antes de la sentencia (que será emitida el próximo 2 de abril) ayudará a Estados Unidos en la repatriación y entrega de los bienes y tomará todos los pasos necesarios para que los títulos de propiedad sean transferidos sin problemas al gobierno de ese país, lo cual abarca todos los trámites. 5) Acepta identificar y ubicar los bienes, lo cual implica también la firma de los documentos necesarios para la transferencia de las propiedades a Estados Unidos, aunque los bienes estén a nombre de terceros. La acción se aplica a cuentas bancarias, instituciones financieras, bonos, certificados, fideicomisos y seguros. 6) Acepta que no apelará ni declarará ataque colateral alguno y que renuncia a todos sus derechos constitucionales para su defensa. 7) No solicitará su preliberación. 8) Todos los bienes están sujetos a su declaración cuando superen los mil dólares en el valor. De igual manera, Benjamín Arellano adquirió otras obligaciones. El acuerdo se anula si no se declara culpable, no acepta absoluta responsabilidad en los cargos que se le imputan, no se presenta ante la corte, intenta retirar su declaración de culpabilidad, incumple una orden de cualquier corte relacionada con este caso, apela o ataca colateralmente la sentencia o la condena o si realiza actos criminales adicionales desde el momento de su arresto y hasta el momento en que le dicten sentencia.   Vivo, el cártel de los Arellano Félix   Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, otro integrante del clan, sigue prófugo de la justicia. Se le ha visto en Tijuana, en Ensenada, en Baja California Sur y en ciudades de Estados Unidos, según los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Baja California, que encabezan el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y el general Alfonso Duarte Mújica. Las autoridades locales documentaron la intención de El Ingeniero de reorganizar su grupo criminal, sobre todo por la creciente presencia de testaferros de Joaquín El Chapo Guzmán en Tijuana. Además, al estilo de la familia Arellano, el sobrino de Benjamín recurrió al camino conocido: reclutar personal en el barrio Logan de San Diego, California, y entre la mafia mexicana en cárceles y calles de esa ciudad. En Tijuana es conocida la pugna que entre 2008 y 2010 tuvo Sánchez Arellano con Teodoro García Simental, antiguo lugarteniente de su estructura criminal, por el control de la venta y el trasiego de drogas por esta frontera. Con la captura de su rival, El Ingeniero recobró su poderío criminal en esa región. La agencia federal antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para obtener información que lleve a la captura de Sánchez Arellano; lo mismo hizo la Procuraduría General de la República. Con viejos elementos prófugos –como Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, encargado de las finanzas desde los tiempos en que Benjamín y Ramón lideraban la organización, y colaborador de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, detenido en agosto de 2006 y sentenciado a prisión perpetua por la procuradora Duffy–, la estructura operativa del cártel de Tijuana sigue viva. Las autoridades mexicanas saben que El Ingeniero cuenta con una suerte de consejo que le permite mantener la organización criminal. Su tía Enedina Arellano Félix, quien jugó un importante papel en el lavado de dinero, dirige hoy a un grupo de hombres y mujeres que trabajan para el cártel. Eso contrasta con la declaración de la procuradora Duffy, quien aseguró que la organización está desmantelada.   * Directora del semanario Zeta de Tijuana.