La cauda de víctimas de la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado arrastra innegables responsabilidades. La decisión unilateral de iniciar una espiral de violencia tiene consecuencias para quien la tomó y para quienes la ejecutaron. En el ordenamiento jurídico nacional están claramente identificadas las de carácter administrativo, civil y penal. Esta es, en resumen, la tesis que expone Julio Scherer Ibarra en su libro de reciente aparición El dolor de los inocentes (Grijalbo, 2011), obra de la que –con autorización del autor y de la editorial– se reproducen aquí fragmentos de la Introducción y del Capítulo 4: “Las responsabilidades” Los inocentes (sobre todo las madres, las embarazadas y los niños) ya hacen sentir su presencia en el trasfondo de la guerra iniciada por Felipe Calderón hace cuatro años y medio. A decir de algunos, murieron a consecuencia del azar; pero ocurre que el azar es un presente cargado de historia. Ciertamente no fueron casuales la presencia de las Fuerzas Armadas de México en la batida contra el crimen organizado ni la respuesta de los delincuentes a la movilización en su contra. Las personas que han muerto o desaparecido desde el comienzo del conflicto son la cifra incierta de una guerra que ha traído zozobra e incertidumbre al país. Hoy nadie es capaz de predecir si la guerra se prolongará en el fragor de la refriega terrible o si se apaciguará, poco a poco o de manera súbita. Este libro, en su simple descripción de los hechos, lleva, sin embargo, a una conclusión: la de que tarde o temprano, antes o después, la voz acusadora de los muertos del “azar” y los desaparecidos que no reaparecen habrá de resonar en la República con el clamor de que se haga justicia y se actúe contra los responsables de su tragedia. Los antecedentes los conocemos todos: después de los comicios del año 2006 y la llamada “guerra sucia” que los caracterizó, plagada de abusos y francos desacatos a las leyes electorales,1 Felipe Calderón Hinojosa se lanzó contra el crimen organizado, y, especialmente, contra el narcotráfico. En esta guerra vio la oportunidad de acreditarse como un patriota que, desde la Presidencia de la República, velaría como nadie por la seguridad del país. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, recurrió al Ejército y la Marina para luchar contra los cárteles de la droga. Sin embargo, el tiempo demostraría que el presidente, al comenzar su mandato, no tenía noción del conflicto descomunal que desataría en la República. De los cárteles nada sabía; del narcotráfico enquistado en las altas y bajas esferas del país tampoco tenía noticia. Pronto ofrecería el espectáculo lamentable del hombre que camina entre la bruma y regiría su actuación como gobernante en principios distantes de la descarnada política. En los hechos, afirmaría que la violencia se combate con la violencia y que a la postre habría de ganar el más fuerte, en este caso, el Estado. (Extracto del texto que se publica esta semana en la edición 1830 de la revista Proceso, que ya está en circulación)