CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las revelaciones sobre las cuentas secretas y operaciones en paraísos fiscales de personas y empresas con actividad en México han permitido al gobierno federal repatriar capitales y aumentar la recaudación tributaria, pero lejos está de emprender acciones penales, destituciones o pedir renuncias de altos funcionarios, como ha ocurrido en otros países. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para posibles nuevos ingresos a raíz de la publicación en proceso.com.mx de los nombres de decenas de mexicanos y empresas con operaciones en México que fueron descubiertos en Paradise Papers (Los Papeles del Paraíso), la investigación internacional sobre paraísos fiscales que se dio a conocer el domingo 5 de noviembre de forma simultánea en 67 países de todos los continentes. Durante un año, 382 periodistas de 96 medios desmenuzaron los 13.4 millones de documentos que sirvieron como base a la investigación periodística global, que junto con Panama Papers ha sido la más importante de su tipo. Apenas se conoció en México la nueva investigación, el SAT anunció que revisará la lista para ver si las personas físicas y morales mencionadas han declarado sus empresas offshore y, en caso de que lo hayan hecho, si los datos corresponden con los reportados a Hacienda. El SAT fijó esa postura desde mayo del año pasado, cuando se dio a conocer el caso Panama Papers, la primera investigación internacional encabezada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que también participó este medio. El SAT recuperó 412 millones de pesos que los mencionados en Panama Papers no habían declarado, y alentó la creación de un programa temporal para la repatriación de capitales. Óscar Molina Chie, administrador de Grandes Contribuyentes, declaró el miércoles 8 a la cadena televisiva estadunidense Univisión que el programa permitió el retorno a México de 380 mil millones de pesos. El regreso de esos capitales le permitió al SAT recaudar 30 mil millones de pesos más, dijo el funcionario a Univisión, que junto con Proceso y las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento formaron parte del grupo de periodistas que revisaron la información sobre México contenida en una de las filtraciones de documentos más importante en la historia. Estos “papeles” provienen de los despachos dedicados a la creación de empresas offshore Appleby, de Bermudas, y Asia City Trust, de Singapur, así como de los registros corporativos de 19 jurisdicciones secretas. La mayor parte de la información es de Appleby. En general, las estructuras offshore incorporadas por ese despacho no resultaron ilegales, pues en muchos casos no existen evidencias de que fueron utilizadas para lavar dinero o evadir impuestos. En cambio, revelan las prácticas de “optimización fiscal” a las que recurren las grandes corporaciones y los personajes más ricos del planeta para reducir sus impuestos, a costa de los países de donde sacan sus ganancias. En un comunicado oficial difundido al día siguiente de la nueva revelación, el SAT dijo que revisará lo publicado sobre México para ver si hay evasión fiscal y, en su caso, actuar legalmente. Lo mismo dijo en el caso de Panama Papers. Pero hasta donde ha informado, se conformó con que le pagaran lo que no le habían reportado al fisco, cuidándose de no dar detalles de los mencionados y sus operaciones “para no vulnerar el secreto fiscal”. Entre los cientos de mexicanos involucrados entonces estuvo Juan Armando Hinojosa Cantú. El constructor de la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, ocultó el desplazamiento de 100 millones de dólares que hizo a través de empresas offshore, según se pudo reconstruir a través de los archivos del despacho panameño Mossack Fonseca. En una operación de ganancia para el gobierno y los evasores del fisco, el gobierno de Peña permitió que el SAT cobrara sólo 8% de lo no declarado por los mexicanos mencionados en los Panama Papers. De ahí que de 380 mil millones de pesos que retornaron se recaudaran 30 mil millones de pesos. El programa de repatriación duró sólo medio año y no pasó nada más en México en torno a ese escándalo mundial. Cuando se publicaron los Panama Papers, el SAT dijo que se preparaba para obtener información a través del Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, firmado el 29 de octubre de 2014, pero éste entró en vigencia a partir de este año. El acuerdo multilateral se firmó bajo auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que encabeza el exsecretario de Hacienda José Ángel Gurría. Su cuñado, el empresario turístico Miguel Quintana Pali, socio del Grupo Experiencias Xcaret, apareció en los Paradise Papers como accionista de una filial “durmiente” del gigante hotelero Grupo Barceló, incorporada en el paraíso fiscal de Malta. Ahora el SAT dijo que “de ser necesario” recurrirá a ese instrumento que permite el intercambio automático de información. Se trata de reportes de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos los paraísos fiscales mencionados en los Paradise Papers, como Malta, Barbados, Singapur y Luxemburgo. Pero el SAT carece de personal para procesar la gran cantidad de datos a los que puede tener acceso. En la entrevista, el administrador de Grandes Contribuyentes informó que apenas cuenta con una docena de personas para identificar los beneficios de mexicanos en las decenas de miles de entidades offshore que operan en paraísos fiscales. Lo mismo dijo el año pasado cuando Proceso y el grupo periodístico McClatchy lo entrevistó a propósito de los Panama Papers. En sus indagatorias, como en la revelación del año pasado, el SAT también pone por delante el secreto fiscal y adelantó que irá reportando las acciones que realice. El miércoles 8, el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, dijo que tenían ya una lista de 87 nombres de personas físicas y morales mencionadas en los Paradise Papers. Varias de ellas aparecen también en los Panama Papers. Entre los publicados por proceso.com.mx en la nueva revelación están acaudalados empresarios, exfuncionarios gubernamentales, sus familiares, líderes sindicales, celebridades y cientos más de mexicanos. Los nombres de Ricardo Salinas, Marcial Maciel, Joaquín Gamboa Pascoe, el empresario Javier Miguel Afif, Juan Cristóbal Bremer Villaseñor (hijo del embajador Juan José Bremer), los futbolistas Héctor Herrera y Diego Reyes, son sólo algunos de los que se encontraron en los Paradise Papers. También surgieron razones sociales: Pemex, FEMSA –la embotelladora de Coca Cola más grande en América Latina–, Grupo Modelo, Cemex, Walmart de México, el grupo textilero Kaltex y el mismo gobierno mexicano contrataron a Appleby. Los documentos permitieron también reconstruir el esquema con el que Carlos Slim se hizo del control de las telecomunicaciones en América Latina. El jefe del SAT dijo que hasta el miércoles 8 ninguno de los mencionados se había acercado a su oficina para aclarar su presencia en los Paradise Papers. Adelantó que hará lo mismo que con los Panama Papers: mandar cartas a los señalados para que aclaren “sus diferencias”. Aseguró que donde haya profundas discrepancias se aplicarán auditorías y en ese caso se pedirá información al extranjero, o en México a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “para determinar con mayor precisión la presunta omisión”. Santín advirtió que, si se demuestra que el contribuyente llevó a cabo actos para burlar al fisco deliberadamente, se puede configurar un delito penal y el SAT presentará una querella ante la PGR por defraudación. Lo mismo dijo el SAT el año pasado, entonces bajo la gestión de Aristóteles Núñez, en reacción a los Panama Papers. Pero no se llegó a tanto, según lo informado hasta ahora por el SAT. Aunque tuviera la voluntad y los medios suficientes para buscar a los mexicanos en los paraísos fiscales, el SAT no tendría la tarea fácil: como lo documentó la agencia Apro la semana pasada, los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (AIIT) que México estableció con 14 de las 41 jurisdicciones catalogadas por la OCDE como paraísos fiscales no otorgan al SAT un acceso abierto a los registros corporativos de las jurisdicciones secretas. Con un AIIT, el SAT debe pasar por un fastidioso trabajo burocrático para solicitar información sobre uno de sus connacionales vinculado con una entidad offshore, y aun así el papeleo no garantiza que su contraparte le entregue los datos. En cambio, los AIIT eliminan los impuestos y las restricciones comerciales con los paraísos fiscales. Este texto se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.