CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se paga como si el Estado funcionara, pero el Estado funciona como si nadie pagara, esa es la contradicción que atraviesa hoy la experiencia cotidiana en México, se cumplen obligaciones fiscales, se aceptan tarifas y contribuciones, se sostiene el aparato público. Pero el ciudadano no puede identificar con claridad a dónde va su dinero, cómo se gasta, en qué se transforma ni qué retorno social produce en su vida diaria, cuando el pago se separa de la evaluación, el bienestar se vuelve una promesa abstracta y la democracia pierde uno de sus vínculos más elementales. El problema no es solo administrativo, es estructural, porque cuando la contribución no se traduce en servicios visibles, el ciudadano deja de percibir al Estado como garante y comienza a vivirlo como una presencia distante, intermitente o meramente recaudatoria, esa distancia tiene efectos que van mucho más allá de la calidad del bache o del alumbrado, afecta la cohesión social y la autoridad legítima. 

Primero. México no es un país sin ingresos públicos, es un país sin trazabilidad comprensible del gasto, se pagan impuestos directos e indirectos, federales, estatales y municipales, pero el contribuyente carece de herramientas claras para vincular lo que aporta con los servicios que recibe. La rendición de cuentas se reduce a informes técnicos, cifras agregadas y documentos extensos que cumplen formalmente, pero que no permiten evaluar si el dinero público mejora o no la vida de las personas. Este modelo produce un efecto acumulativo, se paga sin exigir, se contribuye sin evaluar, se normaliza que el Estado recaude como si fuera eficiente y gaste como si no estuviera obligado a demostrar resultados. Cuando el dinero público no puede seguirse desde la bolsa del ciudadano hasta la calidad del servicio, la exigencia se diluye y la confianza se erosiona, no por desinformación, sino por una desconexión estructural que se vuelve permanente. Así, el impuesto deja de percibirse como una herramienta colectiva de mejora y se vive como una carga inevitable. Se paga más sin vivir mejor, se cumple sin sentir retorno, el problema no es solo fiscal, es democrático, porque el contrato básico entre quien paga y quien administra se rompe sin estridencia, pero con efectos profundos y duraderos en la vida pública y en la percepción de legitimidad institucional. 

Segundo. La falla se vuelve visible en el espacio común, calles con baches que duran años, luminarias que no funcionan, fugas de agua normalizadas, transporte público irregular, recolección de basura intermitente, escuelas públicas con carencias básicas, centros de salud saturados, problemas que no distinguen nivel socioeconómico y afectan colonias populares, zonas periféricas, comunidades rurales y barrios urbanos por igual. No son accidentes aislados, son la consecuencia directa de servicios financiados sin evaluación ciudadana permanente. El ciudadano reporta, pero no obtiene respuesta, se organiza con vecinos, tapa baches de manera provisional, limpia espacios públicos, gestiona mejoras mínimas, sustituye al Estado en tareas básicas sin que ello se traduzca en corrección institucional. La organización vecinal, necesaria y valiosa, termina funcionando como mecanismo de contención y no como instrumento de exigencia efectiva. Cuando el Estado se ausenta, no solo deja de prestar servicios, también deja de ejercer autoridad legítima. Esos vacíos no permanecen neutrales, en distintas regiones del país, en mayor o menor medida, son ocupados por formas de control informal, por intermediarios de facto y, en los escenarios más graves, por estructuras del crimen organizado que regulan conductas, imponen reglas, cobran cuotas, controlan espacios y condicionan la vida comunitaria. Este entreveramiento no siempre es visible ni uniforme, no ocurre igual en todas las regiones ni con la misma intensidad, pero existe como fenómeno extendido. Allí donde el Estado no llega, llega alguien más, donde no hay servicios públicos eficientes, aparecen mecanismos paralelos de orden, donde no hay autoridad confiable, se impone la coerción, el crimen organizado no sustituye al Estado por completo, pero ocupa fragmentos de su función. Administra conflictos, regula mercados locales, condiciona actividades cotidianas. El agravio a la sociedad no es solo la violencia explícita, es la erosión lenta de la convivencia pacífica y armónica, la normalización del miedo, la fragmentación del tejido social, la pérdida de espacios comunes, el silencio impuesto, la autocensura, la adaptación forzada. Ese daño no se mide en estadísticas inmediatas, pero se siente en la vida diaria de millones de personas a lo largo y a lo ancho del país. 

Tercero. Se habla de transparencia, de datos abiertos, de acceso a la información, pero la información pública no está diseñada para ser comprendida ni evaluada por la ciudadanía, se publica sin explicar, se transparenta sin permitir seguimiento, se informa sin traducir impacto. La ciudadanía puede conocer montos, pero no consecuencias, cifras, pero no resultados verificables. No puede relacionar lo que paga con el estado de su calle, su escuela, su centro de salud o su colonia, así la transparencia cumple formalmente, pero no empodera, informa, pero no permite exigir. Esta lógica reproduce una ciudadanía resignada, no ignorante, sino acostumbrada, se enseñan derechos sin entrenar su ejercicio, se promueve la participación reducida al voto, la rendición de cuentas se vuelve ritual administrativo y no práctica cotidiana. Exigir se presenta como confrontación y no como normalidad democrática, sin cultura de exigencia pública, los derechos se vacían de contenido, existen en el texto legal, pero no en la experiencia diaria. Cuando el derecho no se ejerce, el Estado aprende que puede incumplir sin consecuencias reales, incluso en territorios donde el costo social del incumplimiento es especialmente alto. México no tiene un problema de falta de derechos ni de recursos, tiene un problema de derechos no exigidos, de impuestos sin retorno social evaluable y de vacíos institucionales que otros actores ocupan en perjuicio de la convivencia social. Mientras el ciudadano pague sin poder saber, medir y exigir, el Estado seguirá funcionando como si nadie reclamara, y ese abandono seguirá teniendo consecuencias. 

@evillanuevamx 

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