Cada año el presupuesto público revela con mayor nitidez que cualquier discurso cuáles son las verdaderas prioridades de un gobierno. No basta con proclamar compromisos: lo que marca la diferencia es cuánto se invierte para hacerlos realidad. En el caso de la lucha contra la corrupción, el Proyecto de Egresos de la Federación 2026 despierta más dudas que certezas.

Lejos de confirmar la narrativa oficial, el presupuesto muestra claras incongruencias entre el discurso anticorrupción y la manera en que se distribuyen los recursos.

A primera vista, todo indica que el gobierno federal pretende fortalecer la estrategia en esta materia. El Anexo 30, que concentra a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, contempla 9 mil 599 millones de pesos, es decir, un aumento de 1 mil 271 millones respecto a 2025. Sin embargo, al analizar a fondo cómo se reparte ese dinero, la historia comienza a cambiar.

Aunque en términos generales hay un incremento, algunas de las instituciones clave para combatir la corrupción no sólo no se fortalecen, sino que reciben menos recursos. La Auditoría Superior de la Federación, encargada de revisar el uso del dinero público, sufrirá un recorte de 386.59 millones de pesos en comparación con 2025. La Fiscalía Anticorrupción, que debería reforzar la investigación de delitos graves, mantendrá el mismo presupuesto del año anterior, apenas 222.75 millones, lo que implica un estancamiento en sus capacidades.

La situación es aún más crítica en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, considerada el corazón que articula a todo el sistema nacional, que pasará de 128.83 millones a sólo 6.33 millones de pesos, un recorte superior al 95%. A ello se suma la reducción para el Tribunal de Justicia Administrativa, responsable de sancionar a servidores públicos corruptos, que verá mermados sus recursos al pasar de 122.35 millones a 93.08 millones. Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno disminuirá en 390.46 millones de pesos, aun cuando ahora también asumirá funciones que antes correspondían al INAI en materia de transparencia.

¿Qué significa todo esto para la ciudadanía? En los hechos, pareciera que se está debilitando a las instituciones más importantes para garantizar que el discurso anticorrupción se traduzca en resultados. Estas reducciones pueden implicar menos investigaciones sobre el mal uso de los recursos públicos, menos sanciones a funcionarios que cometen actos de corrupción, menor transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad, e incluso el riesgo de frenar o desmantelar al propio Sistema Nacional Anticorrupción.

El combate a la corrupción no se gana con discursos ni con aumentos globales en el presupuesto. Se requiere asignar recursos suficientes a quienes realmente hacen el trabajo técnico, legal y operativo para prevenirla, investigarla y sancionarla.

Si el Congreso no corrige estas inconsistencias en el presupuesto 2026, podríamos estar frente a una lucha anticorrupción más débil, precisamente en un momento en que el país más la necesita.