Uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Donald Trump es la denominada “mayor deportación masiva de la historia” de personas en condición irregular que se encuentren en Estados Unidos. Para esa cruda tarea están dedicados enormes recursos financieros y logísticos de su administración, que se multiplicarán de manera impresionante con el presupuesto que recién aprobó el Congreso de Estados Unidos: 170 mil millones de dólares. 

Se consolidará así la capacidad operativa dirigida a la detención y deportación de miles de personas al expandirse un aparato en gigantesca escala, de tono militarizado o directamente militar. Pero, al mismo tiempo, del otro lado incrementarán las resistencias a esa agresiva política, las tensiones sociales y los absurdos costos económicos que causan las deportaciones. Todo indica, de esta manera, que tiempos de gran polarización interna acechan a Estados Unidos.

Mientras arriba el devastador tsunami, desde la perspectiva de Trump son un fracaso las actuales cifras de deportación realizadas por su gobierno, no obstante su manifiesta gravedad. Entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2025, según la estadística de la autoridad migratoria (Immigration and Customs Enforcement) han sido deportadas 106 mil 463 personas, nacionales de todo el mundo, enviadas a todo el mundo, literalmente.

La estadística lista 182 nacionalidades distintas. En este conjunto sobresale la deportación de mexicanos: somos 43% del total (45 mil 908) y lo más probable es que sigamos siendo la nacionalidad “favorita” de ICE por un buen rato. 

A gran distancia se ubican otras nacionalidades: Guatemala (14%), Honduras (11%), Venezuela (5%), El Salvador (4%) y así demás con cifras reducidas. La amplia mayoría de las personas deportadas son hombres (86%).

Por otro lado, México es destino mayoritario de las deportaciones desde Estados Unidos: 48 mil 578 casos entre enero y principios de junio de 2025. Pero también debido a que nuestro gobierno ha autorizado la recepción de terceras nacionalidades: hasta ahora son 29 nacionalidades no mexicanas recibidas (dos mil 792 personas en el periodo indicado).

En algunos casos se trata de una sola persona, por ejemplo, de Egipto, Nepal, Vietnam, Uzbekistán; o bien son conjuntos mayores: Venezuela (mil 425), Guatemala (632), Honduras (257), Cuba (134) y así sucesivamente. 

Por cierto, un caso especial son los nativos de Afganistán, que fueron deportados como titulares de nacionalidad mexicana, lo cual por lo menos es asunto curioso (51 casos).

Sin estar obligado, México ha accedido a convertirse en receptor de deportaciones de terceros países y lo más probable es que esa función se amplifique en el corto plazo.

El gobierno de Trump tiene como cuestión prioritaria: encontrar países receptores, pues de otra manera no avanzarán las “deportaciones masivas”. Ya ha acordado con El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras... y Sudán del Sur, entre otros, para recibir deportaciones. En ese horizonte se ubica también México.

Sería importante que nuestro gobierno hiciera explícitas la legislación aplicable, las políticas implicadas y, sobre todo, las medidas de procuración de derechos de estas poblaciones. 

La Secretaría de Gobernación ha informado que los extranjeros son devueltos a su respectivo país (lo que sería muy grave tratándose de refugiados), complementando a título gratuito las responsabilidades del país vecino. Pero, de otra parte, el INM cotidianamente traslada en autobuses a los extranjeros deportados desde la frontera norte hasta ciudades de la frontera sur, lo cual describe un escenario diferente al de la Segob. Lo cierto es que la información sobre esta delicada situación es prácticamente inexistente por parte de las autoridades mexicanas.

El flujo de las deportaciones hacia México –mexicanas y de otras nacionalidades– arriba principalmente por las ciudades fronterizas de Tamaulipas, entre Matamoros y Laredo (37%), es decir, zonas reconocidas por su entorno delictivo y agresivo contra migrantes. 

Por Ciudad Juárez llega 16%, por Nogales 15% y por Tijuana 8 por ciento. Otras ciudades fronterizas reciben menor cantidad de deportaciones. Aparte deben contabilizarse los vuelos dirigidos a otras ciudades mexicanas, algunas hasta la frontera sur que despegan de Louisiana, Atlanta o Florida.

Por otro lado, el perfil de edades de las personas deportadas hacia México demuestra que están expulsando a personas mayoritariamente en edad productiva. Para nuestro país, lo anterior ameritaría una estrategia nacional para proteger sus derechos y además potenciar sus capacidades técnicas, laborales y empresariales; 80% se integra por edades entre 20 y 45 años y en su absoluta mayoría son hombres (90%). 

Desde el horizonte económico de Estados Unidos, como puede inferirse, esas deportaciones constituyen una directa pérdida de fuerza laboral, como crecientemente lamentan sectores como el agrícola, los servicios y la construcción, particularmente.

El curso de deportaciones del gobierno de Trump seguramente continuará, avanzando entre enormes costos de todo tipo. El daño a las personas, a sus familias y a sus comunidades es de grandes e inaceptables proporciones. Ha dejado de ser una cuestión migratoria, para convertirse en un asunto de derechos humanos lastimados por la violencia del Estado. 

La forma abiertamente militar que actualmente asume el “control migratorio” ha generado indignación y amplia protesta por sociedades, economías y gobiernos que han evolucionado cotidianamente con migrantes y refugiados, como sucede en el estado de California, por ejemplo. 

Junto con las enormes cantidades de dinero que dispondrá Trump para su proyecto de deportaciones, seguramente crecerán la resistencia y la oposición política. Alguna parte de este conflicto tendrá como resultado la reivindicación de migrantes y refugiados, reconociendo su potente contribución a la sociedad y desarrollo de Estados Unidos. 

La paradoja será, entonces, que las “deportaciones masivas” sean ruta para lo contrario y sirvan para impulsar iniciativas civilizadas de inclusión, regularización y de mercados laborales internacionales. Sería lo racional, lo debido y lo económicamente productivo para todas las partes. 

Desde ahora México debería caminar por la ruta alternativa y no limitarse a ser receptor pasivo de deportaciones, careciendo de estrategias adecuadas para su atención, procuración de derechos e inclusión con una perspectiva de desarrollo local y nacional. 

Por lo menos debemos insistir en conocer, dialogar y convenir rutas alternativas directamente con las personas deportadas, mexicanas y extranjeras. Sería un respiro alentador para estos tiempos de severas turbulencias.

*Profesor del PUED / UNAM y excomisionado del INM