Las imágenes del primer 8M de la primera mujer presidenta —la presidenta con “a”— dejan muy claro que no llegamos todas. Llegó una y, con ella, algunas.

En el Palacio Nacional, rodeado de altas vallas metálicas, la presidenta encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, rodeada de las integrantes de su gabinete, de algunas integrantes del Poder Judicial y representantes indígenas y afromexicanas. Al mismo tiempo, 200 mil mujeres marcharon por las calles de la Ciudad de México rumbo al Zócalo, exigiendo respuesta del gobierno ante los feminicidios, las desapariciones y tantas otras formas de violencia que enfrentan las mujeres mexicanas.

Las vallas colocadas alrededor del Palacio Nacional, las vallas que resguardaron las calles y monumentos de la expresión disidente de las mujeres que salieron a las calles a gritar con rabia, desesperación y fuerza para que acabe la violencia y la desigualdad, mandan un mensaje muy claro sobre qué demandas y qué expresiones son aceptables y sobre quiénes pueden levantarlas. Sobre quiénes llegaron, pues: las que comparten las posturas políticas, las que no desafían abiertamente al Estado y al poder, las que no incomodan, las que no marchan, no gritan, no pintan los monumentos nacionales.

Esa pregunta —¿quiénes llegan?— es una pregunta cada vez más relevante para el feminismo y para quienes, desde diversos espacios, han estado impulsando la representación política de las mujeres. La llegada de cada vez mayores números de mujeres a los espacios legislativos y, en general, a los espacios de poder, generó enormes expectativas sobre los cambios en las maneras de hacer la política y en las agendas que iban a colocarse en el centro de las decisiones públicas. Las legislaturas y los gobiernos con una mayor representación de las mujeres iban a trabajar de manera más armoniosa y aprobar leyes y políticas públicas a favor de la igualdad de género.

La realidad resultó ser más compleja.

Durante la “revolución silenciosa” que ha vivido México a lo largo de las últimas tres décadas no sólo ha aumentado el número de mujeres en el poder, sino que ha aumentado la heterogeneidad ideológica entre ellas. Ya no llegan únicamente —o mayoritariamente— mujeres con agendas claramente feministas o progresistas. Llegan las conservadoras, las liberales, de izquierda, de derecha. Mujeres con diferentes visiones sobre el Estado, la economía, los derechos reproductivos, sobre lo que significa la igualdad de género. Esta heterogeneidad impone un desafío al feminismo y al movimiento por la representación política de las mujeres y les obliga a confrontarse con preguntas cada vez más complejas. ¿Cómo articular demandas cuando las posiciones son tan diversas? ¿Cómo construir agenda común cuando las prioridades son tan distintas?

Las mujeres en el poder no actúan como un bloque homogéneo: algunas priorizan la agenda económica sobre los derechos de género, otras impulsan la igualdad social sin cuestionar estructuras patriarcales, y otras más apoyan agendas abiertamente contrarias a ciertos avances feministas. Algunas tienen la capacidad y voluntad de buscar colaboración más allá de las divisiones partidistas, otras mantienen posturas dogmáticas que impiden construir una agenda común. Algunas son feministas, algunas entienden el funcionamiento de las estructuras patriarcales y saben legislar con la perspectiva de género; otras, muchas otras, no.

Durante algún tiempo, las legisladoras mexicanas priorizaron lo que podríamos llamar "agendas propias" —aquellas centradas en ampliar su presencia en el poder. Las leyes de cuotas y la paridad ocuparon el centro de su acción legislativa. Esta estrategia, comprensible y necesaria como primer paso, dejó en segundo plano otros temas relevantes: sistemas de cuidados, derechos reproductivos, autonomía económica y otras agendas que son necesarias para transformar las relaciones de género en la sociedad.

Con la paridad alcanzada formalmente en México, la expectativa era que estas otras agendas finalmente se materializaran. Sin embargo, la heterogeneidad ideológica de las mujeres que hoy ocupan los espacios de poder ha complejizado el panorama. Las legisladoras no necesariamente comparten las mismas prioridades ni coinciden en las estrategias para lograr la igualdad sustantiva. A pesar de algunos avances legislativos, la igualdad de género ha quedado relegada y no se articula más allá de lo simbólico, dando prioridad a los derechos sociales, quizá con la espera que una sociedad más igualitaria empiece a tratar mejor a las mujeres. De las 10 acciones por los derechos de las mujeres anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8M, la mitad son gestos simbólicos con poco o ningún poder transformativo.

Aun así, la presencia de mujeres en el poder tiene un valor en sí misma, independientemente de la agenda que estas mujeres impulsen. Su mera presencia transforma la percepción social sobre quién puede gobernar, mejora la legitimidad del sistema democrático y amplía la representatividad. Cuando las niñas y jóvenes ven a mujeres en puestos de decisión y liderazgo, aprenden que esos espacios también les pertenecen. Pero celebrar estos avances no debe hacernos perder de vista la necesidad de una representación sustantiva. No basta con que lleguen; importa qué hacen cuando llegan y para quiénes trabajan. Quienes están adentro de las vallas, y quienes afuera.

La presencia de las mujeres en el poder es sólo un primer paso, no el objetivo final. La presencia, aunque valiosa, por sí sola no garantiza una transformación. Para lograr la igualdad sustantiva es necesario que quienes lleguen mantengan un compromiso con las que aún no logran hacerlo, con las están del otro lado de las vallas, con las que alzan la voz porque han sido sistemáticamente silenciadas. Es necesario que las que llegaron escuchen a todas las mujeres, especialmente a aquellas cuyas demandas incomodan, cuyas voces desafían, cuyas presencias transforman.