En su número más reciente Proceso publicó una investigación periodística en la que se deshebra el complejo negocio multimillonario del saqueo de combustible a Pemex refinado en Estados Unidos y vendido en el mercado internacional con la participación de mandos militares —marinos y soldados—, empresarios, agentes de Aduana y hasta funcionarios coludidos con cinco organizaciones criminales que construyeron el saqueo de combustible más grande en la historia del país.

El texto del director de Proceso, Jorge Carrasco, basado en fuentes de inteligencia, seguridad y judicial involucradas en la indagación, ofrece elementos sustanciales de una averiguación que está en curso y que en los próximos días dará a conocer nuevos cómplices de esta zaga criminal que ya tiene en su haber tres muertes en condiciones sumamente extrañas.

Hasta ahora lo que sabemos públicamente es que con el famoso huachicoleo fiscal, delito que involucra la importación y venta ilícita de hidrocarburos, se construyó una enorme estructura criminal durante el gobierno de Andrés Manuel López y que tuvo su cúspide en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en el arranque de su gobierno fue advertida de su existencia y ordenó que se investigara a fondo.

La presidenta Sheinbaum tomó una decisión muy difícil porque implicaba investigar a los militares que puso el presidente López Obrador al frente de las aduanas en todo el país. Pero en la balanza también pesaba el riesgo que existe del impacto negativo que puede tener o que ya tiene en el proyecto de la Cuarta Transformación de mantenerse con todo el poder en las elecciones del 2027 para la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, así como en la elección presidencial de 2030.

La dimensión de este saqueo y el tamaño de la estructura criminal eran tan evidentes que si la presidenta Sheinbaum no tomaba la decisión de una pesquisa profunda y que se castigara a los responsables, el problema se convertiría en una bomba de tiempo cuya explosión se presentaría muy pronto, principalmente porque en Estados Unidos ya se tenía la información de que los cárteles de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, La Línea y La Familia Michoacana estaban involucrados.

En su texto, Jorge Carrasco adelanta que en su investigación Proceso tuvo acceso a información que “indica que unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador”.

Señala que “las indagatorias no han terminado y están encaminadas a la búsqueda de más órdenes de aprehensión en las que podrían figurar generales de Ejército, jefes (coroneles y mayores) y oficiales (capitanes), así como sus equivalentes en la Marina: capitanes, contralmirantes, vicealmirantes y almirantes; además de mandos y jefes de la Guardia Nacional por haber custodiado el transporte de pipas con combustible ilegal”.

Sin embargo, la onda expansiva de esta bomba alcanzaría la gobernabilidad de la presidenta Sheinbaum, porque entre los posibles implicados podrían estar políticos integrantes de Morena, lo cual generaría una desestabilización del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador.

La honestidad es uno de los pilares del proyecto morenista y la corrupción su némesis. Si salen involucrados funcionarios o miembros de Morena, los alcances del impacto del huachicoleo llegarán a los niveles más altos de esta administración, pegando en el corazón mismo de la Cuarta Transformación.

Otra de las razones, por cierto, que también fueron tomadas en cuenta para decidir que se investigara el saqueo del combustible es que de acuerdo con cifras extraoficiales causó pérdidas significativas al gobierno. En 2024 se estima que el huachicol fiscal costó al gobierno 177 mil 170 millones de pesos, equivalente a 485 millones de pesos diarios.

Estos recursos financieros son vitales para este gobierno en 2026, sobre todo para mantener los costosos programas sociales que tienen una traducción en votos durante los tiempos electorales.