El país dio un paso decisivo, y preocupante, con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, publicada el 16 de julio de 2025 como parte de un paquete legislativo que también modificó normas en materia de seguridad, telecomunicaciones y tecnología. 

El objetivo oficial es integrar en un solo sistema los esfuerzos de investigación e inteligencia del Estado, con la participación de dependencias civiles, las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El discurso institucional es el de fortalecer la coordinación y la capacidad de respuesta del gobierno ante amenazas. Pero ante esa narrativa es necesario preguntarnos: ¿quién protegerá los datos personales y la privacidad de los mexicanos?

No es la primera vez que una iniciativa con fines de “seguridad” abre la puerta para la recolección de la información privada de la sociedad. Basta recordar el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que en 2022 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte tras una acción promovida entonces por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El PANAUT obligaba a los usuarios a entregar datos biométricos como huellas y rasgos faciales. El INAI demostró que la norma no precisaba qué datos se recabarían ni cómo serían resguardados. 

En 2021, el Instituto impuso 24 sanciones a empresas de telecomunicaciones por violaciones a la Ley de Protección de Datos, con multas superiores a 55 millones de pesos, además de iniciar 109 procedimientos de protección de derechos. El desaparecido instituto defendía a los ciudadanos, no a las corporaciones.

Hoy esa lección cobra nueva vigencia, pero sin el INAI en funciones. La nueva ley concentra la inteligencia civil y militar bajo una sola estructura coordinada por el CNI. No obstante, carece de mecanismos claros de rendición de cuentas, supervisión civil o control judicial sobre el uso de la información personal.

De acuerdo con análisis jurídicos, el nuevo marco legal impone además obligaciones a empresas privadas de telecomunicaciones y tecnología para interconectarse con plataformas oficiales y entregar información bajo requerimiento del Estado. 

El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 20 000 UMAs (más de dos millones de pesos) e incluso penas carcelarias. Estas medidas, sumadas a la ausencia de un órgano garante independiente, elevan el riesgo de que los datos personales de millones de mexicanos terminen siendo utilizados con discrecionalidad y sin transparencia.

La inteligencia del Estado es necesaria, pero sin contrapesos puede transformarse en una herramienta de vigilancia masiva. En un contexto donde no existen entidades autónomas que supervisen la protección de datos, la preocupación es legítima: ¿quién revisará el uso de la información que el gobierno recopile, procese y cruce con empresas privadas?

La seguridad y la privacidad no son objetivos opuestos, sino complementarios. Los sistemas de inteligencia más eficaces del mundo operan dentro de marcos legales sólidos, con controles institucionales y respeto de los derechos humanos. Sin esas garantías cualquier concentración de información sensible puede derivar en abusos o espionaje político.

El Congreso de la Unión tenía la oportunidad de discutir con profundidad y responsabilidad. Sin embargo, la ley fue aprobada con prisa, sin incorporar salvaguardas ciudadanas ni garantías de transparencia. Regular la inteligencia del Estado sin proteger los datos personales es repetir el error del PANAUT, pero a una escala mayor.

Porque la verdadera seguridad no se construye vigilando más, sino construyendo confianza.
 Y la confianza solo se logra con el cumplimiento de las leyes, instituciones fuertes y respeto irrestricto a los derechos de las personas.