CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Baches en las calles. Inseguridad en las esquinas. Territorios donde el Estado parece un rumor. Y encima, reformas para limitar el amparo fiscal. 

México no sufre por falta de impuestos. Sufre por falta de confianza. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución obliga a todos los ciudadanos a contribuir al gasto público. Es un deber. Pero también lo es —aunque muchos lo olviden— que esos recursos se administren en beneficio de todos. Pagar sin saber a dónde va el dinero no es civismo: es fe ciega. Véase si no. 

Primero. En la tabla de la OCDE, México se ubica al final entre los 38 miembros en dos dimensiones que deberían resultar escandalosas: la recaudación fiscal y la corrupción. Apenas logra captar el 16,7% del PIB, lo que equivale a la mitad del promedio de la organización, que alcanza el 34,1%, según el Estudio Económico de México 2024 (OCDE, 2024).). Detrás de ese número se halla una verdad incómoda: no es la pobreza del país lo que le impide recaudar, sino la falta de confianza que lo imposibilita.No es que el mexicano se niegue a pagar; lo que realmente le falta es confianza en lo que recibe a cambio. No le inspira seguridad ni la autoridad que cobra, ni las instituciones que administran el dinero público. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI, 14 de cada 100 personas que tuvieron trato con un servidor público se declararon víctimas de corrupción. En 2013 esa cifra era del 12,1%. Diez años después, la corrupción no disminuyó; al contrario, se ha normalizado (INEGI, 202).).Y la percepción social es aún más corrosiva: casi nueve de cada diez mexicanos consideran que la policía está corrupta (88.8%) (INEGI, Comunicado 768/23). En el instante en que los cuerpos de seguridad se erigen como la cumbre de la desconfianza, el Estado se queda sin su fundamento moral. La confianza se esfuma entre los datos y se confirma en la vida cotidiana. Los baches se multiplican sin tregua. Los hospitales llegan al agotamiento. Las escuelas se desmoronan a pedazos. Los servicios públicos se deterioran, como si el dinero recaudado se hubiera extraviado en un laberinto de intereses. En 2023 hubo 21.9 millones de víctimas de delitos, según la ENVIPE 2024 del propio INEGI (2024). La violencia se ha integrado al paisaje urbano y rural; la impunidad, a su vez, forma parte de la rutina fiscal. Y aun así, el gobierno impulsa una reforma que encierra el amparo fiscal. En vez de reforzar la confianza del contribuyente, se atenúa su capacidad de defensa. Al ciudadano cumplido se le demanda más, mientras que se le concede menos. Es como cobrar por un servicio que nunca llega, o peor aún, por uno que ni siquiera se intenta prestar. La obligación constitucional de aportar al gasto público no legitima que el Estado use  el erario a su antojo sin rendir cuentas. Quien percibe los impuestos no administra una caja personal; ejerce un mandato ciudadano. Cada peso del presupuesto tiene dueño, y ese dueño es la sociedad. Quien administra la recaudación debe explicar cada gasto con la misma nitidez con que el ciudadano muestra cada pago. Y quien paga tiene pleno derecho a conocer el destino de esos recursos. 

Segundo. Dinamarca, Francia, Austria. Tres países donde más de la mitad del ingreso se va al fisco: 55.9%, 55.4% y 55%, respectivamente (Tax Foundation). 
Y, sin embargo, nadie protesta en masa. Nadie evade como deporte nacional. ¿Por qué? Porque confían. Porque saben exactamente en qué se usa su dinero. Austria es el ejemplo más claro. El portal offenerhaushalt.at permite revisar en tiempo real cómo se gastan los recursos de los 2 356 municipios. Una herramienta responde a una pregunta simple: “¿A dónde van 1 000 euros de tus impuestos?”. Educación, salud, infraestructura. Sin jerga, sin trampa. El Fondo Monetario Internacional reconoció en 2018 que Austria “ha construido instituciones fiscales sólidas que han mejorado significativamente la transparencia” (IMF Report 2018). 

La plataforma OpenBudgets.eu permite a cualquier ciudadano, periodista o académico seguir presupuestos públicos como quien sigue una cuenta bancaria. 
Allí, el Estado muestra. Aquí, el Estado esconde. El Open Budget Survey 2023 del International Budget Partnership lo deja claro: Suecia obtuvo 85 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria. México está muy por debajo del promedio global de 45 puntos (IBP, 2023). En Europa, pagar impuestos significa participar en una comunidad organizada. En México, significa financiar un misterio. La confianza no se compra con discursos, se construye con hechos visibles. Y la transparencia no es un favor del gobierno: es un derecho de los contribuyentes. 

Tercero. El sistema mexicano no solo cobra mal: también decide mal. 
Los Comités Ciudadanos creados para participar en decisiones de presupuesto operan bajo un modelo “honorífico” —sin pago ni incentivos— (IECM, 2024). 
Solo asisten quienes tienen tiempo libre: jubilados, activistas, personas sin empleo formal. Los trabajadores que pagan ISR, los empresarios, los profesionistas que sostienen la recaudación, están trabajando. No van. No opinan. No deciden. El resultado: representación sin tributación. Los que pagan no tienen voz; los que deciden no pagan. La vieja consigna liberal (no neoliberal)  —no taxation without representation— se invirtió. Aquí hay representación sin contribución. Las consecuencias están a la vista: gasto ineficiente, obras abandonadas, prioridades erróneas. Los que pagan impuestos para mejorar su calle no participan en la decisión de pavimentarla. El sistema se volvió un espejo invertido: castiga al que cumple y premia al que se desentiende. Revertirlo exige participación real: compensar a quienes asistan a los comités, sesionar en horarios compatibles con la jornada laboral, crear plataformas digitales para votar prioridades, incluir formalmente a cámaras empresariales y sindicatos. No es privilegio, es justicia. Suiza lo practica desde hace décadas. Sus referéndums fiscales consultan a los ciudadanos sobre impuestos y gasto. Quien paga decide. Y cuando decide, exige. Esa es la clave: la confianza es la forma más barata de recaudar. 

Pagar impuestos no es un acto de sumisión. Es un deber constitucional, sí, pero también un voto de confianza hacia el Estado. México no necesita subir impuestos: necesita limpiar la casa. Transparencia radical, participación efectiva y castigo real a la corrupción. Sin confianza no hay recaudación. Sin recaudación no hay Estado. Y sin Estado, solo queda el bache, la esquina insegura y el territorio perdido. El país debe decidir: transparencia o resignación. Una construye futuro. La otra lo entierra. 

@evillanuevamx 

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