Si el encuentro que tuvo el fundador de Proceso, Julio Scherer García, con Ismael Zambada en 2010 dejó en ridículo al entonces presidente Felipe Calderón con su cacería de capos del narcotráfico, la aparición del Mayo en territorio estadunidense no está siendo menos grotesca y ultrajante para el gobierno de López Obrador.

Ni la colaboración incondicional y vergonzosa de Calderón con Estados Unidos, ni las limitantes que López Obrador le puso a las agencias estadunidenses evitaron que sus gobiernos quedaran rebasados por los movimientos de quien fue el último jefe histórico del narcotráfico en México.

Con Calderón, los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, tanto civiles como militares, hicieron lo que quisieron. Espiaron, detuvieron a personas, sembraron casos, encabezaron operativos armados, armaron expedientes, lavaron dinero, encarcelaron y se llevaron a personas de México. Pero no pudieron detener a Zambada García. 

A fines del sexenio de Calderón hubo un intento, pero ni los militares ni los policías federales de Genaro García Luna llegaron a tiempo cuando ya se había iniciado la operación, lo que le dio tiempo para que se escapara.

López Obrador, hasta donde se ve, ni siquiera lo buscó pese a las cuatro órdenes de aprehensión en su contra y que fueron dadas a conocer por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, cuando Zambada ya estaba fuera del país.

En el gobierno de López Obrador, la cooperación en seguridad con Estados Unidos se redujo a lo mínimo y en el caso de la DEA puso límites formales a sus agentes desplegados en México, en contraste con lo obsequioso que fue hacia Washington en materia de migración. 

Los trabajos de seguridad bilateral prácticamente quedaron congelados desde que el presidente mexicano rechazó cualquier operación con Estados Unidos y archivó las propuestas que le hizo el Departamento de Estado. 

Además, al inicio de su gobierno, en diciembre de 2020 envió al Senado una reforma de la Ley de Seguridad Nacional para limitar la operación de agentes extranjeros en el país e imponer castigos cuando vayan más allá de los acuerdos formales. 

El principal, según la ley aprobada por la cámara alta, es la cancelación de todo acuerdo de cooperación en la materia cuando se compruebe que algún agente extranjero corrompa, detenga o secuestre a nacionales para ser llevados ante la justicia de otro Estado; además de que los responsables serán procesados en México.

Pese al rechazo y límites formales a la cooperación, enfocados principalmente al Departamento de Justicia, al final las autoridades de ese país obtuvieron lo que más querían: la cabeza del cartel de Sinaloa, al que tiene como su actual bestia negra por la crisis de salud causada por el tráfico de fentanilo.

Sin que formalmente sepa qué paso, porque colocado en papel de agraviado está en espera de un informe que le pidió a Washington, el presidente adelanta que nada de lo que declare Zambada puede afectar a su gobierno.  

Ya lo hizo, aunque no ha empezado a declarar ante la justicia.  El caso está ahora en manos de los fiscales del Departamento de Justicia al que el presidente tanto rechazó.  Paradojas del poder.