Desde sus orígenes Morena se ha alimentado de personajes formados y militantes del PRI. De hecho se podría considerar que es la transformación o evolución del priismo, en su rama nacional revolucionaria, encabezado por un expriista, Andrés Manuel López Obrador, que trae en su gen político las fórmulas que hicieron al PRI un partido hegemónico y que ahora en Morena repite para alcanzar la sobrerrepresentación legislativa mediante sus aliados PVEM y PT, los “partidos satélite” con los cuales tendrá una mayoría absoluta.

En las épocas en las que el PRI era el partido predominante en los tres poderes de la Nación –legislativo, ejecutivo y judicial–, así como en los gobiernos de los estados, la figura presidencial asumía todo el poder gubernamental y desde su trono dabas las órdenes violando la soberanía y la separación constitucional de los tres poderes mencionados, así como el de los gobiernos estatales.

No se mueve la hoja de un árbol sin la orden presidencial. “Sí, señor presidente”, eran dos de las frases predominantes en cualquier nivel de gobierno y en todos los rincones de las oficinas gubernamentales.

La concentración del poder en el régimen presidencialista trajo consigo muchos de los excesos cuyas consecuencias hoy seguimos padeciendo: fraudes, corrupción, amiguismo, influyentismo, compadrazgo, impunidad, injusticia, inseguridad y violencia.

En el curso de las últimas décadas se realizaron varias reformas electorales para regular e impedir la sobrerrepresentación legislativa. En el artículo 54 de la Constitución quedó establecido el 8 por ciento como límite a la sobrerrepresentación, pero con una estrategia propia del pasado ahora Morena busca la mayoría absoluta, tanto en las cámaras de Diputados y Senadores para aprobar, sin modificar una sola coma, las 18 reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la reforma al Poder Judicial.

Aparejados van el nuevo sistema de partidos satélite supeditados a Morena –como lo fueron antes para el PRI otros partidos– y la sobrerrepresentación con la cual el partido del presidente tendría la mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas.

De acuerdo con los datos del cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4?%, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3; en total reúnen 54.1?% de los votos emitidos.

En curules con los distritos obtenidos por Morena y sus aliados, el partido del presidente López Obrador alcanzaría la mayoría calificada en San Lázaro, con 365 curules, mientras que en el Senado, con 83 puestos, estaría a solamente dos escaños de conseguirla. Cifra que podría ser mayor en San Lázaro si tomamos en cuenta lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Calderón, quien según un cálculo con base en los resultados del PREP, la coalición Morena-PVEM-PT alcanzaba 372 diputados.

Morena y sus aliados PVEM y PT también arrasaron en las elecciones estatales, donde ganaron 529 de 663 diputaciones de mayoría relativa en disputa, asegurando 79.78 por ciento de los escaños de todo el país.

Desde 1997 no había tanta centralización de poder en un solo partido. En ese año el PRI perdió en las elecciones su mayoría en la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital del país. La pluralidad y la distribución del poder se vieron reflejadas en mayor competencia política, avance de instituciones de vigilancia a los derechos humanos y la transparencia de los gobiernos, diversificación de la opinión pública y la democratización del poder político.

Los intentos del PAN del 2000 al 2012 de regresar a esa época priista del poder hegemónico se vieron frustrados por la competencia política ciudadana y partidista. Hoy esa sombra amenazante al avance del proceso de transición democrática regresa con Morena y Andrés Manuel López Obrador.

Morena sostiene que el límite de 8 puntos en exceso de la Constitución sólo aplica a partidos y no a coaliciones. Es decir, que los partidos satélite PVEM y PT le darían al partido oficial la sobrerrepresentación necesaria para contar con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aún falta la ultima palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que podría retomar el criterio de la cláusula contra la sobrerrepresentación incorporada a la Constitución en 1996, mediante la ley electoral reglamentaria, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”.

Por cierto... El proyecto de Andrés Manuel López Obrador de reforma al Poder Judicial, con la elección de autoridades mediante el voto, es una copia del realizado en Bolivia por el presidente Evo, amigo y frecuente visitante del mandatario mexicano. Pero lo que allá se planteó como el modelo idóneo para impartir y ejecutar la justicia no ha tenido los mejores resultados.

Fernando B. Escobar Pacheco y Alfio M. Russo, en el artículo "Elección Popular de jueces en Bolivia: aportes del derechos constitucional comparado al debate”, señalan que después de las elecciones del 2001 de las que no resultó una mejor impartición de justicia, se tomó la decisión en 2016 de realizar una Cumbre de Justicia en la que surgió la idea de la elección por voto popular de los integrantes de los órganos judiciales, convirtiéndose en el único país en el mundo en establecer este modelo electoral para elegir a las autoridades de impartición de la justicia.

Los autores, ambos con nivel doctoral en derecho por las universidades suizas de Laussane y Neuchâtel, señalan tres problemas del modelo de justicia boliviano: a) La autoridad judicial llega al máximo nivel de la administración judicial sin que la carrera judicial haya sido una precondición; b) El candidato tiene que realizar sacrificios económicos para una permanencia corta en la máxima función judicial; c) No existe posibilidad de reelección en la alta función judicial y, por tanto, su paso por esa es efímero.

Estos tres elementos, concluyen los autores del artículo, provocan que no haya arraigo, compromiso o conocimiento de la función judicial.

Otros especialistas bolivianos, como Luis Alberto Ruiz Guerrero, señalan que lamentablemente la experiencia no ha sido positiva para la impartición de justicia, que se ha burocratizado, corrompido, coludido con los grupos delincuenciales, politizado y controlado por el presidente cuando tiene también controlado al Legislativo.

Hasta ahora ha habido dos elecciones judiciales en aquel país y está pendiente una más para septiembre, en la que se espera subsanar muchas de las deficiencias del modelo instaurado por Evo Morales.

En México las advertencias de amenazas a la autonomía del Poder Judicial, la influencia e incidencia del crimen organizado, el desequilibrio entre los poderes del Estado y la falta de garantías en cuanto a transparencia en los procesos de elección por votos, son algunas de las fallas que han señalado especialistas de la UNAM, las barras y colegios de abogados, empresarios e inversionistas.

Los augurios no son esperanzadores cuando en el horizonte está la hegemonía de una sola fuerza política, y menos aún si detrás de la propuesta el presidente López Obrador sólo hay venganza y no justicia.