CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Elegir a quienes impartirán justicia es una tarea crucial para cualquier democracia. Aunque para muchos puede no ser un tema de interés cotidiano, este proceso extraordinario para seleccionar a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, una parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la mitad de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito representa una oportunidad histórica para salvaguardar el Estado de derecho con todo y las vicisitudes de esta ruta ya decidida. Las opiniones se encuentran divididas: algunos ven en los Comités de Evaluación una amenaza de "colonización" por parte de la mayoría en el gobierno; otros, entre los que me incluyo, creemos que, aunque la integración de estos comités pudo ser más cuidadosa, existen figuras clave, como Javier Quijano Baz, un jurista de integridad incuestionable y gran autonomía de criterio. Su presencia puede ser determinante en este proceso. La historia nos enseña que el esfuerzo por la justicia requiere vigilancia constante, y debemos acompañar críticamente este proceso para asegurar un Poder Judicial libre e independiente. Veamos.

Primero. La Constitución reformada, en su artículo 96, fracción II, inciso b), otorga a los Comités de Evaluación una misión fundamental: no solo deben verificar requisitos mínimos, sino también “identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. Este mandato no puede ser letra muerta. De nosotros depende que esta prescripción no se convierta en un enunciado vacío, sino en una acción viva que permita elegir a los mejores perfiles para el sistema judicial. Para ello, los Comités necesitan establecer criterios claros y objetivos que permitan evaluar quiénes son realmente los “mejores evaluados”. Entre más transparente y desglosado sea el proceso de selección, menor será la incertidumbre y mayor la credibilidad tanto en el ámbito nacional como internacional. La transparencia es la piedra angular de la confianza ciudadana; como afirmaba Sócrates, “una vida sin examen no merece ser vivida”. ¿Puede la transparencia incidir en el proceso? Sin duda. La transparencia es un arma poderosa contra la opacidad, y su ausencia sería una rendición ante la mediocridad que busca asomarse a la menor oportunidad. La inacción en este proceso no solo es riesgosa, sino que equivale a ceder el campo de batalla a intereses que buscan promover perfiles ubicados en los mínimos y ajenos por entero a los máximos que deberían articular el nuevo Poder Judicial de la Federación.

Segundo. Permitir que perfiles que apenas cumplan los mínimos ocupen estos cargos sería fatal para la independencia y la calidad del sistema judicial. Si no ejercemos presión para garantizar un proceso riguroso, los Comités de Evaluación podrían ser manipulados en favor de los intereses que menos contribuyen al bienestar público. Como decía Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la vigilancia eterna”. Dejar de involucrarnos equivale a dar un cheque en blanco a quienes preferirían jueces dóciles antes que jueces justos. Es esencial que el proceso de evaluación incluya el compromiso social y el impacto positivo de los aspirantes, pero bajo criterios que sean objetivos y medibles. No se trata de añadir un ideal abstracto, sino de respaldarlo con datos sólidos que permitan verificar las contribuciones de los candidatos al tejido social a la luz de las mejores prácticas internacionales. Así, la evaluación objetiva y transparente podría elevar el estándar de calidad en el Poder Judicial, asegurando que los finalistas sean personas de valores y habilidades comprobadas. “La justicia no debe ser solo ciega, sino también sabia y justa”, recordaba Jean-Jacques Rousseau, y en este caso, la sabiduría debe aplicarse desde el proceso de selección mismo. Además, garantizar criterios claros y rigurosos permitirá fortalecer la confianza en un Poder Judicial fuerte, con jueces comprometidos con la justicia y no con favores políticos o presiones externas. Sólo mediante jueces seleccionados por sus méritos y compromiso social, se podrá consolidar ese orden justo y equitativo que México requiere.

Tercero. Por lo que a mí concierne participaré en el proceso, no como aspirante, sino como parte de un proyecto que daremos a conocer en los próximos días, un grupo neutral, sin ninguna filiación ni fobia política. Lanzaremos un sistema de verificación independiente que permita a la sociedad conocer de manera objetiva y transparente quiénes son los aspirantes que buscan formar parte del Poder Judicial de la Federación. Este sistema ofrecerá datos sólidos sobre cada candidato, basados en información objetiva y sin juicios de valor, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a información confiable sobre quienes aspiran a impartir justicia en el país. Un proceso de selección sin verificación ciudadana deja las puertas abiertas al abuso de poder y a la falta de rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de una democracia saludable. No podemos esperar a que el Estado tome esta iniciativa, pero aquellos de nosotros que creemos en la importancia de la transparencia tenemos la responsabilidad de actuar. La ciudadanía merece información confiable y verificada. Como expresó Mahatma Gandhi, “la verdad jamás daña a una causa justa”, y es precisamente esta verdad objetiva y documentada la que fortalecerá un proceso judicial íntegro y libre de sospechas. ¿Podemos transformar el proceso con transparencia? Quizá no en su totalidad, pero no saberlo debido a la falta de acción sería inaceptable. Criticar desde fuera puede ser la opción más fácil; sin embargo, involucrarnos para construir soluciones es el verdadero reto. Si queremos fortalecer nuestro sistema judicial, debemos actuar y velar porque este proceso de selección esté a la altura de los valores democráticos que el país debe preservar por el bien de todos.

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