Ayer se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 1º, se adiciona un último párrafo al artículo 103, adiciona un último párrafo al artículo 105 y se reforma el párrafo primero de la fracción II del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Largo nombre para decir una cosa: “el Estado es el régimen”.

Los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, junto con los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, integrantes del grupo parlamentario de Morena, son los que presentaron tal iniciativa; la cual ayer mismo fue leída ante el Senado, respaldada por todos los grupos parlamentarios de Morena, del Verde y del Trabajo, y turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Hoy parece que han dejado de pisar el acelerador, así que en una semana o más sabremos si pasan o no otra reforma constitucional que vulnera nuestros derechos.

Llama la atención que la iniciativa, en su exposición de motivos, plantea que el problema que pretende resolver es que no se burle nuestra tradición constitucional conforme a la cual la Constitución es inimpugnable. Repasa diversos precedentes resueltos en la Suprema Corte para respaldar esa “tradición” y convenientemente olvida el más importante de todos, el del amparo en revisión 186/2008, fallado por el Pleno de la Corte el 29 de septiembre de 2008, en el que se incluyó hasta la posibilidad de un día tener la necesidad de ejercer un control de límites materiales.

Eso que dicen de que la historia la hacen quienes vencen, es lo que nos quieren aplicar con esta iniciativa que sigue a la letra esa idea. Según la iniciativa, su fin es reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las reformas constitucionales; las que este régimen nos imponga.

Obviamente desde ayer se reparó en lo contradictorio que resulta de parte del oficialismo, repetir hasta el cansancio que los actuales amparos para cuestionar la reforma judicial son notoriamente improcedentes, para luego proponer otra reforma que les dé la razón. El peligro de esta maniobra es evidente: ahora resulta que si estoy en juicio disputando un caso, puedo reformar la Constitución para que ese juicio quede sin materia, sea sobreseído y termine de inmediato, a favor de mis intereses. Esta iniciativa, tal cual, lo que vuelve inimpugnable es la voluntad oficial.

La iniciativa da más luces de la verdadera cara del régimen. Uno de los argumentos que la sustentan es que en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales ocurre una conversación libre de distintos puntos de vista sobre el quehacer público, pero una vez que deciden pronunciarse no queda más que acatar su voluntad política que ha adquirido rango constitucional, que se ha convertido en Norma Suprema de la Unión, pues la suya es la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo.

A mí esa postura es la que más me altera. Así que tengo que repetirlo: el gobierno no es el pueblo, el régimen no es el Estado. A mí este tipo de iniciativas no me representan y por lo tanto puedo decir que no se han hecho en mi nombre. Como yo, probablemente más personas opinen algo similar. Por eso no se sostiene que la iniciativa presuma tener una dignidad democrática especial, ni que las reformas de este régimen sean resultado de un amplio proceso deliberativo. Son imposiciones de una banda de la clase política que nunca va a representarnos a toda la población.

De ahí que también resulte equivocado que en la iniciativa se afirme que al Poder Judicial federal no le compete impedir el cambio constitucional, ni mover la voluntad soberana del pueblo. Ignora el oficialismo que en el artículo 41 constitucional se dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, incluido el Judicial, pero siempre “en los términos establecidos” en la Constitución, que incluye, desde hace más de una década, a la par, compromisos internacionales.

Con esa aclaración, no me queda otra conclusión: el actuar del régimen lo exhibe cada día más. Cada día que pasa hace más notable las violaciones a derechos humanos que infringe y el asalto a la esencia de la democracia, que no es imponer la voluntad mayoritaria por encima de los derechos de todas las personas y con exclusión y desprotección de las minorías. Por eso cada día se hace más patente que llegado el momento, sus acciones motivarán la condena del Estado mexicano en sedes internacionales, en las que ordenarán como garantía de no repetición, modificar sus reformas constitucionales abusivas y no aplicarlas mientras se van. Y antes de que eso suceda, internamente tendrían que presentarse más amparos contra esta iniciativa, los cuales espero de verdad, se entiendan como procedentes.