CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Empezamos la semana pasada con la noticia de que una jueza local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, había sido detenida por la policía estatal el lunes 5 de junio, sin que quedara claro inicialmente por qué.

Según dichos de los policías retomados en prensa, a la jueza la detuvieron porque había tomado una calle en sentido contrario y, al verse rodeada, había disparado a los agentes con un arma que no tenía autorización de portar. Y más: tras lograr someterla, dicen que encontraron droga en su vehículo.

Sin embargo, cuando ese mismo lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mencionó la detención de la jueza, no dijo nada de los supuestos delitos en flagrancia. En conferencia de prensa trajo a colación otro hecho, la no vinculación a proceso de Itiel “N", presunto responsable de un homicidio cometido en 2019. El Ejecutivo veracruzano afirmó que la decisión de no vincularlo a proceso (después de que un juez federal y un tribunal colegiado federales ordenaran reponer el proceso, como resultado de un amparo presentado por el imputado) era, si no “sospechosa”, por lo menos “extraña”. Y es en ese momento que refirió que la jueza responsable de esa decisión había sido Angélica Sánchez, dando a entender que su detención estaba vinculada con su resolución.

¿Cuál de los dos es el hecho que provocó la detención de la jueza? Lo más probable, su decisión en torno al caso de Itiel “N”.

Primero, porque tres días después, interrogado nuevamente sobre el tema (una vez que la jueza había recobrado la libertad), el gobernador expresó que “hay indicios claros de que la jueza actuó coordinadamente con el abogado del delincuente para liberarlo”.

Segundo, porque la narrativa de los agentes policiacos se parece sospechosamente, por no decir extrañamente, a una película que ya hemos visto demasiadas veces. El guion de que la jueza disparó contra unos policías y traía drogas en su carro es tan ‘clásico’ que podría haberlo escrito el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Un clásico de la fabricación de culpables, queremos decir. De hecho, así lo han señalado la propia jueza Sánchez y su familia, que denunciaron que después de detenerla, los policías la obligaron a disparar un arma y le sembraron droga en su auto, además de tenerla incomunicada durante más de cinco horas y de ejercer tortura psicológica en su contra.

La audacia en este caso consistió en aplicar el guion no a simples mortales, sino a una persona juzgadora.

No me malinterpreten. No es que los jueces valgan más que el resto de las personas. Fabricar culpables es una práctica peligrosísima y deleznable que contribuye a perpetuar la impunidad y el uso político de la justicia, quienquiera que sea la víctima de la manipulación.

Pero cuando la víctima es una persona juzgadora, hay algo más allá de la amenaza sobre la persona específica: lo que se busca es influenciar en sus resoluciones judiciales. Es decir, se pone en riesgo la independencia judicial. Y aquí, el peligro mayor no pesa sobre la persona juzgadora, sino sobre todas nosotras, las personas justiciables. Recordemos que la independencia judicial no es una garantía para las personas juzgadoras, sino para todas las que tenemos derecho de obtener una justicia imparcial.

Una última razón para dudar de la veracidad de la versión policiaca en la turbia detención que nos ocupa es que el miércoles 7 de junio la Fiscalía General estatal anunció que la jueza seguiría su proceso en libertad, al considerar que “no se cuenta con elementos para justificar la prisión preventiva como medida cautelar”, algo inverosímil si efectivamente fue detenida en posesión de droga y de un arma de uso exclusivo del Ejército, la cual disparó en contra de los policías.

Dicho esto, si existieran elementos para pensar que las acusaciones del gobernador son fundadas (es decir, que la resolución de la jueza obedeció a un acto de corrupción), lo que se impone es iniciar una investigación que, de confirmarse, debería redundar en castigo. Y a la instancia que corresponde investigar la actuación de la juzgadora es el Consejo de la Judicatura. Veamos: si encontrara alguna falta administrativa, debería sancionarla, y si además identificara la comisión de un delito, el mismo Consejo debería reportarlo a la Fiscalía. Pero de ninguna manera se debe detener a una persona juzgadora sin realizar esta investigación previa y mucho menos inventándole una serie de delitos.

De hecho, el 8 de junio, el mismo gobernador García Jiménez celebró la decisión del Consejo de la Judicatura y de su presidenta de abrir una investigación en contra de la jueza Sánchez. Desgraciadamente, no es injustificado dudar de la imparcialidad de esta investigación.

En efecto, la jueza Sánchez Hernández no solamente debe sortear los ataques por parte del Ejecutivo; también debe aguantar la presión de su propia jerarquía. Según la juzgadora, los jueces en Veracruz no tienen “plenitud de jurisdicción”, ya que reciben “línea” de su jerarquía. De acuerdo con su testimonio, el día en que fue detenida se dirigía al Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a una convocatoria urgente por parte de su presidenta, quien le habría pedido vincular nuevamente a proceso a Itiel “N” y amenazado cuando se dio cuenta de que la jueza no le hizo caso.

El gremio cierra filas

Por todas estas razones, este caso es inédito y prendió todas las alarmas. Claramente, lo que le pasó a la jueza Sánchez Hernández fue un mensaje para todos los jueces en el país: si no hacen lo que el poder político espera de ellos, ya saben lo que puede pasarles.

Así lo entendieron los juzgadores de todo México, como lo demuestran los comunicados individuales y conjuntos que las asociaciones de juzgadores del país publicaron al respecto[1]. Acusaron de recibido el mensaje, pero también demostraron que no se dejarán doblegar.

Sin duda, este apoyo masivo contribuyó a la liberación de la jueza Sánchez Hernández. Pero lo preocupante es hasta dónde han llegado las agresiones a los juzgadores.

Después de las manifestaciones en apoyo al presidente de la República, en las que se quemó un muñeco con el rostro de la ministra presidenta Norma Piña; de las marchas para denunciar la corrupción en el Poder Judicial y en la Suprema Corte, con ataúdes con la imagen de la ministra y del ministro Pérez Dayán incluidos[2], y ahora ante la detención (que podemos calificar de arbitraria) de la jueza Sánchez Hernández, es legítimo preguntarnos cuál será el siguiente paso en el plan del presidente y de sus seguidores de controlar a la judicatura.

Parece que los juzgadores independientes se han vuelto una especie en peligro de extinción. Es nuestro deber protegerlos.

Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Agradece los comentarios de Alejandra Quezada y la revisión de Pablo García.

[1] La primera en reaccionar fue la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Posteriormente, hizo lo propio la Asociación Mexicana de Mujeres Jueces y Magistradas y luego junto con esas dos asociaciones se sumaron la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para sacar un posicionamiento conjunto. 

[2] No parece anodino que, apenas unas semanas antes de la detención de la jueza, el gobernador García Jiménez haya encabezado en la Ciudad de México una marcha para denunciar la corrupción del sistema de justicia en la que los manifestantes sostenían ataúdes con las imágenes de la ministra presidenta Norma Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán, marcha que fue celebrada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.