CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Los crímenes contra los migrantes no deben quedar impunes. De los cometidos en Ciudad Juárez, al parecer, son corresponsables AMLO, su secretario de Gobernación, de quien depende el Instituto Nacional de Migración, el director de éste y el personal directamente involucrado en esas muertes.

Como en todo, la reata se rompe por lo más delgado; en el caso, lo más delgado fueron los empleados del INM adscritos a la delegación en Ciudad Juárez. AMLO y Adán Augusto López, cuando menos en lo que resta del sexenio y en lo interno, están a salvo de la acción de la justicia. Nada tendrán seguro si la oposición se alza con la victoria en 2024 o, llegado el caso, si las autoridades de los países centroamericanos deciden hacer justicia a sus conciudadanos. Las autoridades venezolanas, mientras prevalezcan las actuales circunstancias políticas, no lo harán.

Se habla de la próxima desaparición del INM. Santo y bueno si se hace. También se habla de que quedará al frente del ente que lo sustituya el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, un hombre comprometido, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, con la defensa y respeto de los derechos humanos, lo que es una buena noticia (Proceso 2424, 16 de abril de 2023, pp. 24 a 26 y 31).

En muchos foros se toma como buena la noticia, se consideran aceptables los cambios y bienvenido el eventual nombramiento.

Como en todo lo que hace la actual administración pública, en la propuesta hay gato encerrado; también hay asegunes. De inicio, AMLO, en su afán de quitarse de enfrente el dedo que lo señala como uno de los responsables de la tragedia, con el nombramiento busca cómplices que compartan su responsabilidad o, en el mejor de los casos, dar indicios que apunten en el sentido de que existe un ánimo de cambio en la política migratoria.

AMLO y Adán Augusto López están buscando quien les lave la cara por los crímenes de Ciudad Juárez. Nada mejor que un sacerdote con ascendiente en la sociedad y respeto en el medio político. Hay algunos peros; llegan a ser obstáculos insuperables.

Uno: está a punto de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Le restan dos semanas. Lo que quiere decir que le falta tiempo y le sobran tareas.

El otro, un impedimento legal: el artículo 130 constitucional, en su parte relativa, dispone:

“d) En los términos de la ley reglamentaria los ministros de los cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”.

La ley reglamentaria de ese precepto es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; ésta, en su artículo 14, dispone que los ministros de los cultos no podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos tres años antes de la aceptación del cargo. No importa que sea un cargo honorífico y sin goce de sueldo.

Para los efectos de que quien asuma la dirección, que es un cargo público superior del ente que sustituya el INM, si se trata del señor Solalinde se requiere que: se separe formal, material y definitivamente de su ministerio; y que la separación sea con tres años a la aceptación del cargo.

Ese criterio es aplicable a don Alejandro Solalinde. Él, para estar en posibilidad de ocupar la dirección del nuevo INM deberá retirarse cuando menos tres años antes de la designación. Es decir, si se retirara este 17 de abril de 2023 del sacerdocio, legalmente podría ocupar el cargo sólo a partir del 18 de abril de 2026. No le serviría a AMLO. Él ya estaría fuera de la Presidencia.

Supongo que a estas alturas del sexenio AMLO sí se atreverá a violar de nueva cuenta la Constitución. Pero dudo que el Congreso de la Unión, los tribunales y la ciudadanía acepten que se violenten las leyes y den posesión del cargo al señor Solalinde a pesar de la limitante constitucional.

Pensándolo bien, como están las cosas, ya no estoy seguro de nada. Pero sí lo estoy de que don Alejandro no se atreverá a violar la Constitución y la ley.

No hay que confiarnos: una exministra de la Suprema Corte, que, por haberlo sido, se entiende que conocía a fondo la Constitución Política, ocupa el cargo de senadora de la República a pesar de que estaba impedida para serlo, por razón de que no había corrido el plazo de veda de tres años que establece el artículo 55, fracción V, párrafo 2 de la Constitución, con relación al artículo 58 de la misma.

Si se reforma la ley de la materia para transformar al INM en otro organismo que vele por los derechos humanos de los migrantes y si don Alejandro acepta ser su director, legal u honorífico, violaría la ley. Si con posterioridad a haberse retirado formal, material y definitivamente del sacerdocio que ostenta, se le sorprende realizando actos propios de su ministerio, con una sola misa que imparta o una confesión que oiga, será suficiente para concluir que no se separó definitivamente del cargo, tal como lo exige la ley.

No creo que don Alejandro, a estas alturas de su vida, venda su primogenitura por un plato de lentejas; que viendo que en la 4T todo es fingir, solapar y encubrir, se atreva a prestarse a legitimar abusos o a encubrir a criminales.

Creo que don Alejandro Solalinde es un hombre serio, respetuoso de la ley; que está muy lejos de ser de la misma especie de AMLO. El cargo no le agrega nada a su prestigio y, en cambio, se lo mengua y gravemente. Él no nos puede salir con que: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Este análisis forma parte del número 2425 de la edición impresa de Proceso, publicado el 23 de abril de 2023, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.