En este espacio hemos dado cuenta de los intentos de captura política de los más altos cargos judiciales, tanto a escala federal como estatal. Son, quizá, la prueba más patente de que la independencia judicial está en continuo riesgo. 

El más reciente ejemplo fue la designación directa, por parte del presidente de la República, de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, después de que el Senado rechazara las dos ternas que el primero había propuesto para llenar la vacante que dejó Arturo Zaldívar (tras una renuncia que fue inconstitucional, hay que recordarlo). 

La gran cercanía con el Ejecutivo, de las integrantes de estas ternas, es lo que empujó al Senado a rechazarlas hasta llegar al punto de que, por primera vez en la historia moderna, un presidente usara la facultad que le da la Constitución de nombrar a una persona ministra de manera directa. Queda claro que la nueva ministra arrancará con un serio déficit de legitimidad. 
 
La voluntad de capturar a la Suprema Corte fue evidente desde el inicio (acaso desde la renuncia de Zaldívar) y, de hecho, el presidente no la escondió en ningún momento. El 8 de noviembre último, al hablar de la conformación de su primera terna, declaró: 

“Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto, o sea, no es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación porque fue votar contra los libros de texto, fue votar contra las empresas públicas, que son empresas del pueblo”.

Injerencia por mayoriteo

Con todo, mal haríamos en pensar que este tipo de prácticas son exclusivas del Ejecutivo federal y de su partido Morena. También en varios estados, y de parte de partidos políticos de oposición, hemos observado recientemente intentos de capturar al Poder Judicial. 

Uno de ellos está sucediendo en estos momentos en Chihuahua –otro ejemplo es Morelos, donde hace unas semanas los legisladores de todos los partidos designaron a personas magistradas también de manera irregular y sin transparencia, como alertó la organización Morelos Rinde Cuentas y como lo señalamos desde el Colectivo La Justicia Que Queremos–. Desde México Evalúa, habíamos alertado el año pasado de la reforma constitucional presentada por el PAN y que aprobó el Congreso local, mediante la cual se modificó el proceso de designación de las personas magistradas, que pasó de ser un método meritocrático a convertirse en un proceso con intervención política. 

Nos explicamos: anteriormente, el Consejo de la Judicatura organizaba un concurso de oposición a partir del cual proponía al Ejecutivo una terna, de la cual éste escogía a una persona, que tenía que ser ratificada por el Congreso. En contraste, la reforma estableció la creación de una Comisión Especial integrada por un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo y uno más del Poder Judicial, la cual propone una terna que somete al Congreso y éste selecciona a la persona que ocupará el cargo.

Esta reforma fue impugnada en su momento por legisladores de Morena, mediante una acción de inconstitucionalidad que está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y que tiene un año y medio sin resolverse. 

Por otra parte, el propio Poder Judicial, usando su facultad de presentar iniciativas legislativas relacionadas con su funcionamiento, propuso una reforma al mecanismo de nombramiento de las personas magistradas, para regresar a un sistema basado en concursos de oposición. Esta iniciativa, junto con otras dos presentadas por legisladores de Morena, no fue aprobada.

Pese a ello, la mayoría legislativa decidió emprender un proceso al vapor, de manera opaca y con múltiples irregularidades, con el fin de “llenar” siete magistraturas vacantes, tan desaseado que pareció tener dedicatoria.

Primero, la convocatoria, publicada el pasado 16 de noviembre en una edición especial del Periódico Oficial del estado, y en vísperas del puente con motivo del Aniversario de la Revolución, se mantuvo abierta del 17 al 22 de noviembre, es decir, apenas seis días, tres de los cuales eran inhábiles. Estas prisas no se explican sino por la intención de reducir al máximo la posibilidad de postularse.

Pese a ello, se registraron 95 personas, cuya documentación fue remitida a la Comisión Especial el 22 de noviembre a las 19 horas. A su vez, esta Comisión remitió sus propuestas de terna el 24 de noviembre. Esto implica que a la Comisión le tomó apenas dos días para valorar la trayectoria de 95 personas aspirantes y, con base en ello, conformar siete ternas, un plazo a todas luces insuficiente para realizar una revisión rigurosa y exhaustiva de los perfiles. Veámoslo así: si la Comisión se reunió por ocho horas cada día, entonces le dedicó en promedio 10 minutos al análisis de la documentación entregada por cada candidato. 

Precisamente esta falta de exhaustividad fue señalada por algunos legisladores de Morena durante la sesión de la Junta de Coordinación Política en la que comparecieron las personas integradas a las ternas. En particular denunciaron que el dictamen de la Comisión Especial no contiene los currículums de las personas aspirantes que no fueron seleccionadas para integrar las ternas, ni explica los criterios con base en los cuales propuso a las personas que las integran. 

Esta falta de transparencia no solamente impide que la ciudadanía pueda comparar los perfiles de las personas aspirantes y evaluar sus méritos, sino que también contraviene lo estipulado en la misma convocatoria, según la cual “durante la comparecencia se deberá garantizar la transparencia, objetividad, publicidad y acceso a los perfiles de las personas aspirantes” –aquí, esta transparencia no se limita a las personas que integran las ternas, sino que se refiere a todas las personas aspirantes–. 

Por otra parte, los mismos legisladores advirtieron que no habían recibido la metodología para el desahogo de las comparecencias antes de que éstas se llevaran a cabo, lo que constituye una violación a las reglas del procedimiento legislativo.

El proceso se debe reponer

Finalmente, es importante señalar que, si bien la convocatoria prevé que el proceso de selección debe sujetarse al principio de paridad de género, en los hechos éste se pervierte, mediante una triquiñuela que deja fuera a la mayoría de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial. 

En efecto, de las siete vacantes, cuatro son para personas externas y tres para internas, y cuatro para mujeres y tres para hombres. Sin embargo, al combinar estos requisitos, resulta que solamente una plaza, en materia familiar, es abierta a mujeres que presten su servicio en el Poder Judicial. Las otras dos en las que puede concursar personal judicial –en materia penal y civil– son exclusivas para hombres. 

Esto dejó sin posibilidad de concursar a las juezas penales y civiles, quienes tradicionalmente han sido subrepresentadas en el Poder Judicial y han tenido un escaso acceso al cargo de magistrada. Ante esta situación discriminatoria, algunas de ellas presentaron amparos y obtuvieron la suspensión del proceso de nombramiento de algunas de las vacantes. 

Ahora se puede entender mejor por qué decimos que la convocatoria parecía tener dedicatoria y que, con ella, se buscó favorecer o descartar a determinadas personas desde el inicio. De hecho, esto queda confirmado cuando uno observa la conformación de las ternas, pues algunas de las personas integrantes tienen claros vínculos partidistas. Por ejemplo, las ternas contemplan a quien dirigía el PRI en la ciudad de Chihuahua, a una militante de Movimiento Ciudadano y a un exdirigente del Partido Verde a nivel estatal. 

Por todas estas razones, desde México Evalúa y el colectivo La Justicia que Queremos señalamos la necesidad de que los diputados y las diputadas de Chihuahua se tomen en serio su tarea de designar a las personas magistradas, dada la relevancia de este cargo. 

Consideramos que deben reponer el proceso para que esta designación se realice de manera transparente, objetiva, en un tiempo adecuado y con base en la perspectiva de género. 

Esto es fundamental si queremos tener un sistema de justicia independiente, para el cual queda aún un camino largo. Para saber qué tanto, el mes pasado publicamos, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer México, un estudio titulado Independencia judicial: ¿dónde estamos? Un análisis subnacional, en el que analizamos de qué manera los estándares internacionales en materia de independencia judicial se ven reflejados en la normatividad y las prácticas a nivel estatal. 

Encontramos que en materia de designaciones de personas magistradas y consejeras de la judicatura –cargos clave para la protección de la independencia judicial a nivel interno–, todavía estamos muy lejos de los estándares y vulnerables ante los intentos de captura política de los más altos cargos judiciales. 

Como vemos con el caso de Chihuahua hoy, y de la Suprema Corte ayer, el color político no importa. Cuando están en el poder, todos los partidos parecen usar el mismo manual de captura política del Poder Judicial. 

Esto demuestra la falta de madurez democrática de nuestros hombres y mujeres con responsabilidades políticas, que defienden la división de poderes y la independencia judicial cuando están en la oposición, y los olvidan cuando llegan a ser mayoría. Los verdaderos demócratas saben que la democracia necesita ser defendida todos los días.

*Laurence Pantin (@lpantin) coordina el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Agradece la revisión de Pablo García.