CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a ­Washington, con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se anunció como uno de los grandes logros del encuentro el aumento “considerable” del número de visas de trabajo para laborar en el país vecino del norte en los sectores del campo, servicios e industria.

El acuerdo migratorio no sólo recayó en las visas y su aumento, pero en los medios (retomando también lo que el propio AMLO insistió en su conferencia de las mañanas) se destacó este punto como el principal logro que el Ejecutivo mexicano tuvo en su paso por aquel país.

Para quien vea la regulación de la migración como un asunto de visas por expedirse, ésta podría parecer una buena noticia: más visas para más personas que lo necesitan.

Pero la verdad es que este acuerdo migratorio, con lo que sabemos hasta ahora de él, es acrecentar el mal que hemos documentado muchas organizaciones desde hace ya muchos años. Las razones para considerar este acuerdo como “más del mismo mal” son las siguientes:

Primero. Es un programa unilateral del gobierno de Estados Unidos que básicamente consiste en expedir visas temporales de trabajo conforme a las peticiones de las industrias de ese país. Si bien las comunicaciones posteriores a la visita hablan de “la cooperación como herramienta para solucionar problemas en conjunto”, el gobierno de México ha sido hasta ahora un espectador pasivo en las regulaciones del sistema de visas denominado H2, que permite la entrada de trabajadores temporales a Estados Unidos. No hay nada que ahora indique lo contrario en este sentido.

Segundo. Es un programa que, además de regulado únicamente por el gobierno norteamericano, responde sustantivamente a los intereses y necesidades de las empresas de ese país, las cuales buscan mano de obra barata y lo hacen con una lógica simple y descarnada de ganancia, y nunca desde una perspectiva de derechos humanos laborales. Es, para decirlo pronto, una política de visados que responde a la lógica y gusto de los empresarios norteamericanos, sin más.

Tercero. Justo por ser una política de visados con fines comerciales y económicos, de ganancia y nada más, nunca ha sido asumida desde un mirador laboral riguroso. Desde su conformación, el sistema de visas H2 ha presentado graves y documentadas fallas, como la presencia de intermediarios en el proceso de reclutamiento, quienes, al no estar debidamente regulados, cometen diversos tipos de abusos y fraudes, como engañar a las personas con promesas de visa que no existen, cobros ilegales y excesivos, hostigamiento y acoso sexual (sobre todo a mujeres migrantes), discriminación, maltrato, entre otros.

Cuarto. Es un programa muy desigual si observamos los detalles de las prestaciones laborales que las visas H2 contemplan frente a los mínimos derechos que cualquier estadunidense promedio tiene; es decir, las empresas no aseguran a los y las migrantes los derechos humanos laborales más básicos. Por ejemplo, contratan pólizas de seguro médico baratas y que no tienen coberturas amplias, no pagan salarios justos en valor de mercado, las y los trabajadores migrantes reciben un trato diferente al de las y los ciudadanos estadunidenses en sus peticiones y condiciones de trabajo, no reciben capacitación laboral, no les compran el equipo adecuado para trabajar y no pueden acceder a un seguro por despido, sólo por mencionar algunas de las situaciones de abuso documentado.

Quinto. El acuerdo entre los presidentes también destaca “esfuerzos conjuntos para modernizar la infraestructura de frontera”, así como la idea de que “el centro para abordar la migración en la región será el desarrollo”. No obstante, se anuncia un control fronterizo riguroso; es decir, se repite y mantiene la lógica de endurecimiento de las fronteras, tan ampliamente criticado desde la administración de Trump.

Si bien ambos gobiernos anunciaron el compromiso de diseñar un “grupo de trabajo binacional” sobre temas de migración laboral y protección de los trabajadores, con la idea de darle prioridad a los derechos humanos como estrategia de movilidad en el marco de la migración regulada, nada específico se sabe de este grupo.

¿Cuál será su objetivo? ¿Qué problemas públicos observan los gobiernos como para lanzarlo? ¿Qué tipo de facultades tendrá? ¿Serán sus resultados obligatorios para las instituciones involucradas en los procesos migratorios? Nada de esto se sabe hasta el momento, y no hay plazos definidos ni acordados.

El gobierno mexicano se ha interesado, entonces, en la cantidad de visas y permisos migratorios, y no en la calidad de los procesos migratorios y su necesaria regulación binacional.

Y quizá ha sido así para montarse en una tendencia de números que ya se venía presentando, pues el sistema de visas H2 ha estado creciendo en los últimos años.

Con datos del Economy Policy Institute se sabe que, en el año fiscal 2021, la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero (OFLC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, certificó más de 317 mil puestos H2A, la mayoría provenientes de México. La fuerza laboral H2A representa 10% de la fuerza laboral agrícola en todo el país.

Por otro lado, según datos de un reporte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2021 se otorgaron 61 mil 865 H2B, siendo México el país de origen con mayores visas concedidas. En enero de este año, el mismo Departamento de Trabajo publicó una regla final temporal que aumenta la cantidad límite de visas de no inmigrante H2B (cantidad máxima reglamentaria de 66 mil) por hasta un máximo de 20 mil visas adicionales durante el año fiscal 2022.

El 27 de junio, apenas unos días previos a la reunión entre los mandatarios, fue hallado un camión de carga en San Antonio, Texas, que transportaba clandestinamente a migrantes y en el que fallecieron 51 personas, de los cuales 27 eran de origen mexicano.

Mientras la política migratoria se siga limitando a eso, a expedición de visas temporales para el apetito de mano de obra barata de los empresarios estadunidenses, seguirán sucediendo tragedias como la anterior.

Ahora tenemos más… del mismo mal. 

*Directora ejecutiva de Prodesc

Este análisis forma parte del número 2387 de la edición impresa de Proceso, publicado el 31 de julio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.