CIUDAD DE MÉXICO (apro).–¿Qué queda del concepto de Crimen de Estado si eliminamos las filias y fobias políticas desatadas a partir del Informe de la Covaj sobre el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Vale la pena intentarlo.

Para empezar, recordemos que Crimen de Estado no es un delito. No se encuentra tipificado en código penal alguno.

Por otra parte, me parece un acierto de la Covaj haber adoptado esa definición, aunque ciertamente no guarda el rigor de los conceptos jurídicos, sino que se ubica en el pantanoso terreno de la ideología y la política. Aunque, atención, no por intangibles éstas son menos reales. Además, antes que descalificarlo, como dice Zaffaroni, es necesario reconocer que “ese crimen es el gran desafío para la criminología del Siglo XXI (…) sobre todo cuando es el crimen que más vidas sacrifica” (Véase, Raúl Zaffaroni, El Crimen de Estado como objeto de la criminología). No será un juez quien califique la pertinencia de esa definición, porque, insisto, no está tipificado como delito, pero si la integración de los expedientes acusatorios estuviera bien realizada, (lo cual me permito dudar hasta que se demuestre lo contrario), esa investigación no tendría por qué restringirse a lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que tendría que extenderse antes y después de los hechos a la cadena de responsabilidades de los diversos órdenes de gobierno y otros actores políticos y sociales que propiciaron los criminales sucesos, para, lo más importante, evitar que se repitan.

Otra fuente de la descalificación del concepto es la ignorancia de confundir Estado con Poder Ejecutivo o con jefe del Poder Ejecutivo (presidente de la República) o con gobierno federal o con aparato de gobierno o con burocracia o… etcétera. El Estado es una relación social de poder que puede asumir distintas formas de gobierno y tener distintas fuentes de legitimidad. El ejercicio del poder del Estado puede propiciar situaciones donde se generen Crímenes de Estado, que pueden ser cometidos como acción concertada y deliberada por miembros del Estado o por particulares (como los grupos paramilitares o de la delincuencia organizada) que actúan en complicidad o por tolerancia (omisión) del Estado. Algunos de estos crímenes son el genocidio, el exterminio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad, el terrorismo, el asesinato, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, económicos, étnicos, religiosos o culturales. (Para la tipificación de esos crímenes me baso y amplío la definición de Movice.)

La historia de la humanidad está llena de Crímenes de Estado. Sólo para recordar algunos: el holocausto, el genocidio de armenios por Turquía, la matanza de Ruanda. La historia de México también: los asesinatos, persecuciones, encarcelamientos y torturas cometidos contra movimientos de campesinos, obreros, maestros, médicos, estudiantes (1968), contra la guerrilla rural y urbana durante la llamada Guerra Sucia, contra pueblos indígenas. ¿Alguien podría dudar que estos y otros casos que seguramente se me escapan son Crímenes de Estado? De la misma manera que el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Por otro lado, la pretensión de destruir la “verdad histórica” por parte de la Covaj me parece congruente con su adopción de la tesis del Crimen de Estado, en tanto dicha “verdad” fue utilizada para, en los hechos, dar carpetazo al asunto y entonces propiciar complicidades e impunidades típicas de ese crimen. Sin embargo, para que la investigación signifique realmente un avance debe superar a la tal “verdad histórica”; es decir, debe aportar la verdad a secas (sancionada en el terreno legal) sobre quiénes, cómo, cuándo y dónde asesinaron y desaparecieron los cuerpos de los estudiantes. Dudo que lo logre. Es altamente probable que la investigación se convierta en una persecución política. Politizar la justicia es un manido recurso de los gobiernos para debilitar al adversario; en ésta y en otras latitudes del planeta, en éste y en otros tiempos.

Asimismo me llama la atención que quienes critican el uso del término Crimen de Estado no hagan lo mismo con la adopción de “verdad histórica” cuando el carácter de ambos es igualmente ideológico y político. Esta verdad es el ideal de un proceso penal que debe concluir en la verdad legal. Como esta verdad no se logró en la investigación anterior, entonces se propagandizó con la histórica.

Pero entre “verdad histórica” y Crimen de Estado hay una diferencia esencial, ya que éste no invoca alguna neutralidad, y en cambio se coloca del lado de la ética y la defensa de los derechos humanos; mientras que la “verdad histórica” forma parte del discurso de un Estado incapaz –entre otras obligaciones– de proteger la vida de los normalistas.

Dicho en otros términos: frente al monstruo de un Crimen de Estado (reitero en las mayúsculas) no se puede ser neutral, no se puede alegar la falsa cientificidad de que si tal crimen no es un delito, entonces no existe. De ahí a la complicidad moral con los criminales no hay distancia.

Este análisis forma parte del número 2391 de la edición impresa de Proceso, publicado el 28 de agosto de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.