CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace 10 días una mayoría de seis jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que en el texto de la Constitución no hay ningún precedente sobre aborto, por lo cual su regulación no es un asunto constitucional. Con esa interpretación invalidó los dos anteriores fallos (Roe de 1973 y Casey de 1992) que permitían a las estadunidenses abortar legalmente. Además, esos seis jueces resolvieron que la autoridad para regular el aborto compete al pueblo, vía sus representantes elegidos.

Durante casi medio siglo distintos grupos se apoyaron en el fallo del juicio Roe versus Wade para abrir clínicas legales de aborto y, aunque los conservadores que discrepaban pusieron todo tipo de obstáculos, no lograron cancelar totalmente ese derecho. A partir de ahora serán las leyes estatales las que permitan o prohíban el aborto legal, dependiendo de la postura mayoritaria que tengan sus votantes.

La Corte pudo conservar el marco legal de Roe con el recurso al stare decisis, que consiste en mantener resoluciones decididas con anterioridad. Sin embargo, la mayoría conservadora optó por una decisión que se apega literalmente al texto constitucional y evitó tomar en cuenta los cambios sociales y jurídicos que han estado ocurriendo. Convencidas de que la Constitución debe reflejar las transformaciones contemporáneas, las Cortes constitucionales de otras naciones, como las europeas y, en América Latina, la colombiana y la nuestra, han debatido acerca del estatuto legal del aborto y han incorporado tanto conocimientos científicos como reclamos ciudadanos. En Estados Unidos la mayoría conservadora se mostró impermeable a la rigurosa discusión jurídica que, desde el siglo pasado, viene desarrollándose en relación con los derechos humanos; en especial, desconoció el importante avance conceptual sobre el diferente estatuto jurídico del embrión respecto del de la mujer. La Corte estadunidense no discutió ese tema esencial, y los jueces conservadores se limitaron a evadir un debate serio, alegando que a ellos no les corresponde ese tema.

La sabiduría popular dice que “no hay mal que por bien no venga”, y la decisión conservadora ha disparado una avalancha de reacciones positivas, entre las que se encuentran el ofrecimiento de la gobernadora de Nueva York de ampliar los servicios de aborto y la propuesta del gobernador de California de convertir a su estado en un “refugio”, con nuevas leyes y más presupuesto para atender la demanda. Tal vez una de las reacciones más llamativas ha sido la de un amplio conjunto de empresas (entre las que destacan los gigantes Bank of America, Condé Nast, Disney, Google, H&M, Johnson and Johnson, JPMorgan Chase, Levi Strauss, Microsoft, Netflix, Nike, Salesforce, Starbucks, PayPal, PriceWaterhouseCooper, Uber, Warner Brothers, Wells Fargo) al anunciar que costearán los viajes para abortar que requieran sus empleadas. Tal parece que el shock que ha potenciado la “cancelación” de Roe ha provocado una mayor conciencia sobre el derecho a decidir de las mujeres.

Hace años Ruth Bader Ginsburg, la jueza feminista de la Corte de Estados Unidos, declaró que la resolución de Roe era problemática, lo que le generó la antipatía de muchas feministas. Su postura era compleja, pues defendía que la decisión acerca de un embarazo compete a la mujer al mismo tiempo que denunciaba que cuando el gobierno controla tal decisión, la mujer no es tratada como un ser humano responsable; pero también argumentaba que el camino para lograr dicho derecho no podía ser una decisión constitucional, como Roe.

En 1993, antes de integrarse a la Suprema Corte, Ginsburg dio una conferencia en la Universidad de Nueva York en la que, al hablar de Roe, señaló que las decisiones judiciales que “barren con todo” suelen ser contraproducentes. Según ella, lo necesario es que los movimientos populares, con el apoyo de las legislaturas, sean los que impulsen el cambio social; si no es así, hay gran posibilidad de una reacción negativa. Esta opinión se vivió como una “traición” por ciertos grupos feministas, al grado que cuando el presidente Clinton estaba considerando su candidatura para la Corte, sus asesores le comentaron que “las mujeres estaban en contra” de Ginsburg. Sin embargo, su impecable trayectoria de sentencias a favor de la igualdad de género hizo que su nominación a la Corte fuera aceptada y luego el Senado la aprobó con una amplísima mayoría.

Ginsburg pensaba que Roe, al cancelar de un plumazo la prohibición que existía en 50 estados, interrumpió un proceso político que se movía lentamente en dirección de reformar las leyes. Ella decía que había que ir construyendo una “arquitectura legal” que protegiera la libertad individual en materia de procreación, sin olvidar que el cambio duradero se gana de manera incremental, no con “golpes constitucionales”. O sea, la jueza compartía lo que Carlos Monsiváis repetía una y otra vez: “Si no se gana la batalla cultural, no se gana tampoco la batalla política”. Y sí, ambos tienen razón, para ganar la batalla política también hay que ganar esa batalla cultural que implica la transformación de las mentalidades.

Sería genial que la decisión conservadora de la Corte estadunidense detone un proceso como el que anhelaba Ginsburg. La reciente preocupación por las consecuencias nefastas que se sabe produce la prohibición del aborto, en especial para mujeres con vulnerabilidad económica o familiar, o para quienes les sea imposible viajar a otro estado, se ha manifestado de muchas maneras. Es probable que ahora la información acerca del aborto con medicamento circule mucho más, y que su distribución ocurra tanto por vías legales como ilegales. Ojalá que lo que vislumbró Ruth Bader Ginsburg, que la ley va a ser irrelevante cuando las mujeres tomen en sus manos el procedimiento, sea un pronóstico que se cumpla pronto. 

Este análisis forma parte del número 2383 de la edición impresa de Proceso, publicado el 03 de julio de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.