CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– De un mes a la fecha no entiendo los negocios públicos: a AMLO, a la 4T y a los morenistas. Pudiera ser que los años, que no perdonan, sean los que han disminuido mi ya de por sí escasa capacidad de comprensión. En fin, así están las cosas.

A principios del mes de abril que pasó, AMLO, presidente de la República y de los mexicanos, en relación con los ministros de la corte –así con minúscula los dos términos– que debían resolver una controversia conforme a derecho, comentó: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”. Por virtud de esa frase y del contexto de actuación de la 4T, entendí que la vigencia de la Constitución y las leyes estaba suspendida, y que esto sería así durante el resto del actual sexenio.

No quiero exagerar, pero así lo entendieron muchos: delincuencia organizada, estudiantes de las normales rurales, transportistas, maestros de la CNTE, vendedores ambulantes, los “viene, viene” y otros más que violan la ley ­cotidianamente.

No quiero pensar que la inobservancia de la ley sea un monopolio exclusivo de los servidores públicos que conforman la 4T, de AMLO o de quienes son su comparsa. Dado que esa conducta es generalizada –no cumplen con la ley los gobiernos emanados de la 4T, los legisladores federales, gobernadores, fiscalías federal y locales, policías y los funcionarios que trabajan para las administraciones públicas en general, que están en garras, que no en manos, de elementos de esa 4T– supuse que a todos nos iban a valer un comino la Constitución y las leyes.

De conformidad con el artículo 28 constitucional, en México están prohibidos los monopolios, los acaparamientos, los estancos y otras actividades que afecten a la población; por ello supuse que la inobservancia de la ley no era un monopolio de los morenistas, que no era un privilegio exclusivo de ellos; que para que dejara de ser monopolio, en la violación de las leyes debíamos participar todos.

Cuando vi que los morenistas, la suprema corte y las autoridades federales y locales se pasaban las leyes por el arco del triunfo; que a pesar de que la Constitución única y exclusivamente alude a revocación del mandato, los legisladores y ministros de la corte, por sí ampliaron el objeto de la consulta a la ratificación del mandato, supuse que ahora la moda era violar las leyes.

La Constitución confiere de manera privativa al INE la organización y promoción de la revocación del mandato, pero observé que, a pesar del mandamiento fundamental expreso, en ambas actividades intervenían el presidente de la República, los gobernadores y gobernadoras, los diputados, senadores y funcionarios federales y locales de Morena; por ello supuse que, durante lo que resta del sexenio, en lo relativo a la observancia de las leyes todos podíamos hacer lo que nos viniera en gana.

Me equivoqué. Leo que mi querido Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que quienes no votamos seremos sancionados con la suspensión de nuestros derechos de ciudadano.

Esa declaración de quien era nuestro eterno representante (hasta que la ciudadanía cansada le negó su voto), me preocupó. ¿Qué voy a hacer? Por lo pronto, recordando la Constitución, tengo presente que la suspensión de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos es una pena, por lo mismo, sólo la pueden imponer los jueces (artículo 38, fracción VI); estoy, lo mismo que 76 millones de mexicanos, preocupadísimo por ese castigo inminente y grave que se nos viene encima.

¡Qué caro le salen al país los lideres estudiantiles de la UNAM! Consideran que su destino final es estar pegados al presupuesto público; entre esos líderes están los del movimiento del 68. No quiero que haya otro.

Lo mismo que el grueso de los mexicanos estoy preparando mi declaración ante la Unidad de Inteligencia Financiera; en forma paralela, elaboro un machote de amparo para subirlo a las redes y que pueda servir a los mexicanos remisos; a los que no se prestaron a la farsa de consulta. Vamos a ahogar con nuestras demandas de amparo los juzgados de distrito de toda la República.

Al parecer, por virtud de la 4T, ahora resulta que quienes, por haber protestado guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, los servidores públicos (artículos 87, 97 y 128 constitucionales), que por ello están obligados a respetarla, por virtud de la declaración presidencial están dispensados de hacerlo, y que, en cambio, los particulares, que no hemos rendido ninguna protesta, sí lo estamos. ¡Señores morenistas, pónganse de acuerdo, sean congruentes, cumplimos la ley todos o nada más ciertos particulares!

Por lo pronto, en mi demanda de amparo, sostendré que la Unidad de Inteligencia Financiera carece de atribuciones para acusarme por el “delito” de no haberme prestado a la farsa de consulta, es decir por no haber concurrido a las urnas el 10 de abril.

Llegado el caso, de prosperar la acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera en mi contra, por la vía de amparo alegaré a mi favor lo mismo que el moro de la historia que refiere Ortega y Gasset en alguna de sus obras. Como esto lo leí hace más de 50 años y lo cito de memoria, me limito a decir que el afamado filósofo refiere que en alguna ocasión un moro fue interrogado respecto de si guardaba los 10 mandamientos. Al lo que el interrogado se limitó a responder que no, “porque oí un run run de que los iban a quitá”.

Yo tendré en mi descargo un argumento más contundente: “A mí no me vengan conque la ley es la ley”. Quedamos que en este rubro todos podemos hacer lo que nos venga en gana.

Bien dice Maquiavelo: “Nos conviene, por tanto, según mi parecer, si queremos que se nos perdonen los anteriores desmanes, cometer otros nuevos, redoblando los daños y multiplicando los incendios y los saqueos, y apañándonos para tener muchos más cómplices, porque, cuando son muchos los que pecan, a nadie se castiga; y a las faltas pequeñas se les impone una sanción, mientras que a las grandes y graves se les da premio.” (Historia de Florencia, libro 3, capítulo XIII).

Finalmente: No participé en la consulta del 10 de abril, ¡y qué!   

Análisis publicado el 15 de mayo en la edición 2376 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.