CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En las sociedades desiguales como la nuestra, el poder de decisión sobre los asuntos públicos se define por intereses y no por necesidades de la población. Mientras unos pocos tienen mucha influencia, la gran mayoría de los y las ciudadanas tiene poco poder de injerencia en los asuntos colectivos.

En las últimas décadas se ha estudiado el adelgazamiento del Estado y de sus obligaciones de garantizar y promover los derechos humanos. Se ha justificado desde diferentes perspectivas la desaparición de un Estado que procure los derechos básicos para una vida digna y, aun peor, poco se habla de la necesidad de regular y, en algunos casos, erradicar la injerencia de los miembros de las élites económicas y financieras en la toma de decisiones del Estado.

Es por eso que hoy me gustaría hablar sobre la “captura corporativa del Estado” y lo que este fenómeno significa en el día a día de las personas.

Se supondría que el cumplimiento de los derechos humanos se basa en la existencia de un conjunto de instituciones públicas que toman decisiones informadas, objetivas, basadas en procedimientos y regulaciones de interés público, todo lo cual, a juicio de estas élites, es un estorbo y obstáculo para sus valores de referencia y actuación: eficiencia, competitividad, lucro, enriquecimiento al menor costo posible.

La investigación académica y de experiencias de casos que existe en el debate internacional sobre la captura del Estado sugiere que existen al menos ocho características para identificar prácticas y comportamientos de las corporaciones nacionales e internacionales.

Primero. Interferencia legislativa y en políticas públicas, a través de mecanismos formales e informales de cabildeo, que permite que las grandes corporaciones incidan en el sentido y dirección de leyes, programas y presupuestos públicos.

Segundo. Privatización de los servicios de seguridad pública, que son los pagos de salarios u otros incentivos por parte de las empresas a la policía, el ejército u otros servicios de seguridad pública para que actúen en su interés en lugar del de los ciudadanos o comunidades locales. Las actividades que estos servicios de seguridad pública proveen a las empresas consisten en enfrentarse a manifestantes, recopilar información sobre comunidades e intimidar a los detractores de proyectos corporativos.

Tercero. La “puerta giratoria” o movimiento de los empleados del sector corporativo a puestos públicos de decisión, regulación y otras instancias públicas, y viceversa, donde la información estratégica y el sentido de las decisiones públicas pierde su naturaleza de bienestar general para dirigirse a la ganancia de la lógica empresarial.

Cuarto. Construcción de narrativas, cuando las corporaciones influyen en la opinión pública, incidiendo en los medios de comunicación y propagando narrativas dominantes sobre las nociones de progreso y desarrollo. A lo anterior se suma la invisibilización y estigmatización a las voces críticas de proyectos empresariales.

Quinto. Captura de las instituciones académicas. La filantropía corporativa asociada a las instituciones educativas tiene el potencial de amplificar la imagen pública de las corporaciones, silenciando el debate público y sesgando el debate académico sobre los impactos adversos de sus actividades.

Sexto. Diplomacia económica, o el apoyo de “misiones diplomáticas” que promueven los intereses de las empresas de sus países en los territorios extranjeros a expensas de los derechos humanos de la población local. En su peor forma, las misiones diplomáticas han defendido actividades cuestionables y han brindado apoyo a empresas cuando se ven implicadas en graves violaciones de derechos humanos.

Séptimo. Interferencia judicial, que se refiere a influencia que las empresas ejercen sobre las actuaciones y las resoluciones de los tribunales para ofrecer resultados favorables para las compañías y socavan el debido proceso y los esfuerzos para acceder a la reparación y la rendición de cuentas.

Octavo. Manipulación comunitaria. Es decir, las estrategias que las empresas realizan en los procesos de toma de decisiones relacionadas a un proyecto de inversión a través de incentivos financieros o de otro tipo para que líderes de la comunidad respalden proyectos corporativos, en detrimento del bienestar local. La Responsabilidad Social Corporativa puede ser usada como moneda de cambio para manipular o dividir comunidades y legitimar los abusos en diversos derechos humanos.

Con esta caracterización la pregunta se vuelve retórica: ¿pueden las corporaciones estar ajenas a las decisiones públicas con este poder de concentración de riqueza? Difícil suponerlo, pues no sólo cuentan con los recursos para implementar las acciones ya referidas de la captura del Estado, sino que aprovechan la debilidad institucional de las instancias gubernamentales y de justicia para imponer sus intereses sobre el del resto.

Ejemplos son varios en la agenda pública del país. La reforma energética, la construcción del Tren Maya y el uso de los decretos de áreas naturales protegidas para después concecionarlas a la industria turística son sólo una muestra. Estas decisiones son tomadas por el poder corporativo, tanto nacional como internacional.

La información que se socializa en los medios posiciona intereses a partir de la descalificación de los grupos que cuestionan, pero no informan que atrás de los proyectos de la 4T están empresas como Grupo México, Peñoles o Grupo Carso, sólo por nombrar a los más evidentes.

Una constante en estos casos es la ausencia de mecanismos de participación real de las personas, colectivos y comunidades que serán directamente afectadas. Se han realizado consultas indígenas a modo de los grupos empresariales y de sus concesionarios, donde se violenta y amenaza, en presencia de las secretarías de gobierno encargadas del proceso.

Aquellos a quienes las reformas o los proyectos les cambiarán la vida sustantivamente, por afectaciones a sus derechos, están excluidos del debate, y el intercambio político se da entre empresarios y gobierno, con énfasis en la visión corporativa.

Mientras se discute el ejercicio de una supuesta democracia con el proceso de revocación de mandato, la mayoría de la población vive y trabaja en condiciones de precariedad y bajo el constante riesgo de ser despojadas de su tierra, de su trabajo, de su proyecto de vida.

La brecha de desigualdad se ejemplifica en el poder adquisitivo de unos cuantos: las y los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios influyen directa e indirectamente en 35% del PIB mexicano.

Frente a eso, una de las rutas posibles es organizar el poder colectivo de grupos sociales, construir alianzas y apostarle a incidir en marcos legales con dientes suficientes para comprar tiempo: tiempo para parar la destrucción ambiental, tiempo para resistir la imposición del abuso empresarial.

El reto es grande: ni más ni menos que del tamaño de la captura que las corporaciones tienen hoy del Estado. 

*Directora ejecutiva de ProDESC

Este análisis forma parte del número 2371 de la edición impresa de Proceso, publicado el 10 de abril de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.