CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–La actual coyuntura migratoria en México es la más intensa, compleja y grave, desde la perspectiva humana, de todos los tiempos; particularmente crítica es la situación de la niñez migrante.

Hasta ahora la atención humanitaria de las poblaciones migrantes y de refugiados en general ha correspondido principalmente al generoso esfuerzo de la sociedad civil, mediante organizaciones establecidas y con recursos propios y además gracias a esfuerzos impresionantes de personas en lo individual.

Comparativamente, por largo tiempo el Estado y sus instituciones han tenido un rol marginal; peor aún, durante este gobierno se redujeron a nada las cantidades antes disponibles, de por sí mínimas. Pero al parecer las cosas comienzan a cambiar radicalmente, motivadas por las reformas legislativas de finales del año 2020 que protegen a la infancia migrante.

La institución que ha empezado a enviar cuantiosas sumas de dinero a los estados para atender específicamente a la niñez migrante ha sido el Sistema DIF nacional (Secretaría de Salud). Mediante la firma de convenios –publicados en el Diario Oficial de la Federación– ha enviado a sus contrapartes de los estados recursos en escala sorprendente. Nada que ver con los subsidios habituales del DIF nacional, que tradicionalmente rondaban cifras de miles de pesos; por el contrario, ahora se trata de millones y millones. El DIF nacional tiene hoy otra estatura, irreconocible.

Literalmente ocurrió la bíblica multiplicación de los panes. La iniciativa es noble y de amplia escala, al mismo tiempo que paradójicamente silenciosa. A partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta recientemente (31 de marzo), el DIF nacional ha enviado (o comprometido) a los DIF de algunos estados la cantidad de 893.9 millones de pesos; nada mal. Esta cifra supera por más de 12 veces el presupuesto asignado al DIF nacional, que en 2022 es de 69 millones. El contraste de cifras refleja la inusitada gestión emprendida por el sistema DIF. Entre el 13 y el 19 de septiembre asignó 256.5 millones de pesos a los estados; mientras que entre el 3 y el 31 de marzo otros 637.4 millones. Posiblemente las transferencias prosigan, ojalá.

Cada convenio del DIF nacional con los estatales está basado en un proyecto concreto para beneficiar a la niñez y adolescencia migrante, descrito en el “anexo de ejecución”, que debiera ser público y accesible de manera simple.

Ahora bien, no todos los estados han recibido este recurso y no todos en cantidades similares. Las diferencias son enormes. Durante el periodo indicado, de las 20 entidades beneficiadas la que más ha recibido es Chiapas, con 231.2 millones. La que menos es Colima, con 3.6 millones. Hasta ahora no hay convenios ni recursos para entidades como Tamaulipas y Veracruz –donde la niñez migrante tiene una problemática social muy aguda– ni para la Ciudad de México.

La lista adicional de estados beneficiados y montos es la siguiente, en cifras redondas: Baja California (etiquetados para Tijuana), 102 millones; San Luis Potosí, 100 millones; Michoacán, 72 millones; Nuevo León, 72 millones; Sinaloa, 60 millones; Chihuahua, 39 millones; Campeche, 36 millones; Tabasco, 36 millones; Oaxaca, 33 millones; Quintana Roo, 20 millones; Coahuila, 17 millones; Hidalgo, 16 millones; Jalisco, 14 millones; Estado de México, 12 millones; Sonora, 9 millones; Durango, 7 millones; Zacatecas, 5 millones, y Aguascalientes, 4 millones.

Los citados convenios, en algunos casos, indican los municipios beneficiados e incluso añaden alguna palabra sobre su destino. Destaca el municipio de Berriozábal, Chiapas, que tiene asignados 96.3 millones para su proyecto, lo cual suena estupendo; habría que conocer el “anexo de ejecución” para valorar la iniciativa. También sobresale el municipio de Tijuana, que asigna 46.8 millones para un “albergue”, 14.8 para un “módulo migrante” y 40.8 para un “santuario migrante” (¿en los tres casos se atenderá a niñez migrante?). Otro municipio que dispone de una buena cantidad de recursos es Tarímbaro, en Michoacán, pues le transfieren 72.2 millones de pesos.

Además, entre los pocos destinos especificados por los convenios, hay buenas noticias para el Centro Nohemí, en Ciudad Juárez, pues le transfieren 15.2 millones; también en el estado de Chihuahua hay una asignación por 23.9 millones para una “Casa del Menor Migrante”.

La información anterior se encuentra en los convenios entre el DIF nacional y los de los estados. Desde la perspectiva del no apoyo que este gobierno había marcado para la asistencia de niñez y personas migrantes (y para organizaciones civiles, en general), los convenios son una extraordinaria noticia. Si los recursos se destinan (o destinaron) con eficiencia a su propósito, constituyen una valiosa contribución para las agudas necesidades que tienen la infancia y adolescencia migrantes. Por ejemplo, los 96.3 millones de Berriozábal, correspondientes a 2021, ya debieron haber impactado las condiciones de estas poblaciones en la región. Igual los 25.2 de La Trinitaria o los 27.7 asignados a Tapachula al final del año pasado.

Las numerosas organizaciones de la sociedad civil que dedican su cotidiano esfuerzo a la problemática migrante aún no conocen el sustancial giro de política y de recursos que encabeza el DIF nacional; todo se inició en septiembre pasado y aceleró el paso durante marzo de 2022. Es necesario el activo involucramiento de estas organizaciones en el nuevo panorama, considerando que el objetivo es compartido y que la suma de esfuerzos siempre multiplica beneficios. Por lo pronto, como primera medida, convendría que conocieran con detalle los convenios y los respectivos anexos de ejecución. Nuevo León, hasta donde he podido registrar, es el único que ha hecho una abierta comunicación pública de los recursos recibidos y de los proyectos beneficiados. Así debieran hacerlo todos.

Finalmente cabe subrayar que si las organizaciones civiles dedicadas a las y los migrantes no tienen información del extraordinario programa del DIF nacional ni, sobre todo, de sus positivos impactos, surge entonces una huella de preocupación sobre el destino final del dinero y de la eficiencia de su gasto.

De entrada no hay necesidad de tanta discreción ante recursos de escala tan importante, que ameritarían exactamente lo contrario. ¿O nos vamos preparando para un frustrante desenlace? Espero que no. Están en juego muchísimas vidas de las personas más vulnerables y, además, recursos financieros mayores.

*Profesor PUED/UNAM, excomisionado del INM.

Este análisis forma parte del número 2371 de la edición impresa de Proceso, publicado el 10 de abril de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.