CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– A partir del 17 de mayo de 2021, mediante la reforma constitucional en materia de nacionalidad publicada por el Diario Oficial de la Federación, las y los mexicanos incrementamos súbitamente nuestro número por millones.

La reforma del artículo 30 reconoció, como parte inherente de la nación, a las personas descendientes de mexicanos, nacidos en el extranjero, estableciendo una continuidad de herencia de sangre que convirtió a México en una nación con dos gigantescas bases sociales: la población que habita en el territorio –aproximadamente 128 millones– y la población en el extranjero, que actualmente ronda los 37.5 millones. Ambas poblaciones con igualdad de derechos, de nacionalidad y ciudadanía, si bien con algunas restricciones en lo que corresponde a la doble nacionalidad y el acceso a determinados cargos de gobierno.

El emblemático bicentenario de la nación mexicana fue así conmemorado de una forma extraordinaria. Nada más y nada menos que extendiendo su alcance social, ahora mismo y hacia el futuro. El giro es de envergadura histórica, gigantesco y, paradójicamente, apenas hecho notar. Su dinámica marcará nuestro destino como nación de manera profunda, pues trasciende los avatares de la actual coyuntura y enfila hacia un siglo XXI completamente distinto.

Dentro de poco tiempo, cuando se haga el balance del crudo periodo que vivimos, los ampliados límites sociales de la nación destacarán como el gran cambio, como la verdadera transformación, que desafortunadamente sigue como un tema menos que secundario. No ha merecido siquiera una pregunta en las “mañaneras”, que todo lo comentan, que todo lo refieren. El gran asunto de la nación, la profunda ampliación de su estructura social, el gran evento que marcará la historia por venir, tiene hoy la sonoridad del silencio.

No es simple de comprensión el tema ni la explicación sobre los nuevos alcances de la nación mexicana, que ha brincado las fronteras y hoy se perfila como una nación transterritorial. No consiste solamente en reconocer nuestra emigración y contar cuantas mexicanas y mexicanos han debido salir del país, independientemente de los motivos. El asunto de fondo es su descendencia, la nacida en el extranjero, que ahora con la última reforma constitucional tiene un encadenamiento generacional, incluyendo a la descendencia de la descendencia, y así sucesivamente, reconocidas por la nación como integrantes en las mismas condiciones que alguien nacido en el territorio.

La doble nacionalidad se ha vuelto una cuestión cotidiana, creciente y además irrelevante desde la perspectiva de la pertenencia a México. La Constitución y otras leyes establecen algunas restricciones respecto al acceso a cargos públicos, pero no limitan los derechos establecidos para el conjunto de la población mexicana. En esencia, da igual nacer en Comitán, que en Los Ángeles; en Hermosillo, que en Chicago, mientras el padre o la madre tenga nacionalidad mexicana, sin perderse ahora el hilo generacional.

Debido a sus inmensas consecuencias, la más reciente reforma del artículo 30 constitucional es el gran asunto de la evolución nacional. Fue una reforma iniciada por la senadora Olga Sánchez Cordero y aprobada conforme al proceso constitucional, sin alguna restricción. Ahora, queda pendiente perfilar los necesarios complementos legislativos en la Constitución y en otras leyes, que avancen en congruencia y potencien su contenido.

En términos cotidianos, la nación transterritorial está descrita indirectamente por el flujo de dinero que proviene del exterior, las muy celebradas remesas, que han dado estabilidad a la economía y han evitado una caída más profunda de los ingresos familiares y de la pobreza. Pero éstas son un retrato mínimo. De manera sustantiva, el proceso social de mayor impacto para la nación en su conjunto se desplegará cuando los millones y millones de mexicanos en el exterior se reconozcan en el conjunto de México, en los términos constitucionales. Cuando esta población se acerque a los consulados para tramitar su acta de nacimiento, el pasaporte mexicano u otros documentos, el escenario empezará a girar su balanza. Particularmente, cuando se acerque a demandar los instrumentos para la representación política y el ejercicio de los derechos políticos, como la credencial del INE y su inclusión por las instituciones del Estado y por los procesos electorales.

Además, el escenario nacional acelerará su redefinición cuando la movilidad entre México y Estados Unidos –ahí está la población binacional prácticamente en su totalidad– incremente su escala, se convierta en un flujo masivo, entrelazándose prácticamente con todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y seguramente políticos. Estos eventos ya suceden, pero la tendencia dominante es a su crecimiento en enorme escala, formando entrelazamientos que serán una fuerza de transición para lo que hoy comprendemos como sociedad mexicana. En otras palabras, buena parte del futuro viene del norte, viene de nosotros mismos, desde la nueva nación que hemos decidido ser, con un componente transterritorial de gigantescas dimensiones.

En lo inmediato, es evidente que el Estado y sus instituciones no están preparados para la nueva nación que ya somos. Siguen pensando en el México de hace décadas. Conforme a la hipótesis democrática, el Estado debe adecuarse a la nación y no al revés, por lo que es imperativo avanzar en la reforma del marco institucional, de manera coherente ante nuestra actual y futura realidad. Caminar la ruta es extraordinariamente complejo, con desafíos a cada paso, pero también con potencialidades inéditas. Cabe destacar que el escenario descrito no es optativo, sino ineludible; en todo caso el dilema está entre si lo reconocemos o si bajamos la mirada, hasta que un día los eventos se impongan por sí mismos.  l

* Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM.

Análisis publicado en el número 2363 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.