CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conforme al acuerdo de Naciones Unidas, el 18 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional del Migrante. Para nuestra región y para buena parte de la población mundial, el aniversario se recibe con esperanza y al mismo tiempo con intenso dolor. Han sido muy duros los últimos años para la vida de las personas que emigran, especialmente para aquellas que lo hacen de manera forzada y que, desafortunadamente, se cuentan por millones.

Son diversos y poderosos los factores que obligan a buscar alternativas de vida en otros países, como también son poderosos los obstáculos físicos y, especialmente, los políticos implementados por gobiernos que hacen más por frenar que por proteger los derechos fundamentales de migrantes y refugiados.

Como es evidente todos los días, la movilidad de las personas rara vez fluye en el debido proceso y entre marcos jurídicos protectores de derechos. Por este motivo, la conmemoración del Día Internacional del Migrante habitualmente tiene mínimos logros que destacar y muchos retrocesos para corregir.

Desde mediados de 2019 México se convirtió en un país con una política migratoria militarizada y abiertamente dedicada a la contención, condescendiente con los controles migratorios establecidos por Estados Unidos. Es verdad que paralelamente existe una Comar, que hace su labor en condiciones precarias y con escaso margen de maniobra; es cierto, sobre todo, que la tarea central la cumplen generosas organizaciones civiles que atienden la urgencia humanitaria asociada con los flujos migrantes irregulares.

La región ha endurecido radicalmente sus políticas migratorias durante los últimos cuatro años. Como efecto colateral, mueren más personas migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos, en comparación con periodos previos. A la vez, los flujos han crecido de manera extraordinaria y han surgido movilidades humanas desde países que no tenían la escala actual, como es el caso de México, que vuelve a ser el más importante origen de migración hacia el país vecino del norte.

Entre octubre de 2019 y octubre de 2022 la cantidad de personas que arribaron a la frontera sur de Estados Unidos intentando refugio o cruce irregular es impresionante: 4.8 millones, como reporta la estadística de la autoridad migratoria de ese país. De ese total, 38% son de nacionalidad mexicana (más de 1.8 millones), lo cual describe nuestras deterioradas condiciones sociales que catapultan una movilidad que había permanecido en cifras mínimas durante más de una década. Nada que presumir en la materia, especialmente considerando que el propósito del gobierno actual era evitar la emigración mexicana e incluso la centroamericana.

Ajenos a esa intención, los países vecinos del sur han sostenido su flujo migrante durante el periodo indicado, aportando una parte significativa de la movilidad hacia Estados Unidos: Honduras, 12.2%; Guatemala, 12.0%, y El Salvador, 4.6% del total. A pesar de su notable escala, como puede apreciarse, ni siquiera sumados se aproximan a las cifras mexicanas que han vuelto a ser mayoritarias, como en los viejos tiempos.

Desde la perspectiva de las nacionalidades en tránsito, las novedades recientes son muy significativas. Destacan los casos de Cuba (6.3%), Venezuela (5.4%) y Nicaragua (4.9%) en el siguiente orden de importancia del total en movimiento. Cada vez más los emblemáticos autoritarismos latinoamericanos no solamente se caracterizan por regímenes que inhiben derechos fundamentales, sino además por generar condiciones económicas, políticas y sociales que obligan a emigrar a su población en condiciones que pueden ser muy dramáticas.

El aniversario de este año del Día Internacional del Migrante, por otro lado, coincide con el anunciado término del uso de la pandemia de covid-19 como argumento para expulsar de inmediato a México a las personas que intentan ingreso irregular a Estados Unidos. Implementado por el gobierno de Trump y continuado por el de Biden –a pesar de haberlo calificado de ilegal e inhumano–, el conocido Título 42 expulsó hacia las fronteras mexicanas a cientos de miles de personas entre marzo de 2020 (cuando inició) y hasta el día 20 de diciembre de 2022, cuando se supone concluye.

En términos cuantitativos, el Título 42 fue mucho más grave que el ominoso programa Quédate en México, que también retornó a miles de solicitantes de refugio a la frontera mexicana, con el beneplácito de nuestro gobierno. Usando el argumento de salud, en el año fiscal 2020 de Estados Unidos fueron retornadas de inmediato 207 mil personas; en 2021, 1 millón 100 mil; en 2022, 1 millón 100 mil; y en el transcurso de 2022, más de 160 mil. Es decir, más de 2.5 millones de personas arribaron y “rebotaron” en la región fronteriza entre México y Estados Unidos en medio de graves riesgos y, esencialmente, sin el reconocimiento de derechos y con incumplimiento de protocolos internacionales y nacionales en la materia.

El final en la aplicación del Título 42 está en puerta, pero no significa que las fronteras de Estados Unidos queden abiertas. Se regresará al estado de cosas previo a 2018, conforme al derecho vigente en ese país, lo que implicará posiblemente procesos de refugio más expeditos y una mayor cantidad de personas beneficiadas, paralelos a deportaciones de escala mayor.

Desde la perspectiva de México, ojalá quede en la memoria y se supere la experiencia del Quédate en México y del Título 42, clasificados como oscuras partes de una relación bilateral que deberá renovarse, pero sin condescendencias inaceptables. La coyuntura se abre como una oportunidad para quitar la bota militar a la política migratoria mexicana y reivindicar seriamente la ruta de los derechos humanos y del desarrollo como efectivo objetivo y práctica de las relaciones binacionales y regionales de nuestro país. Sería el mejor regalo para conmemorar el Día Internacional del Migrante. 

*Profesor PUED/UNAM. Excomisionado del INM