CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Faltan palabras para describir la actitud de Hugo López Gatell ante el trance de los niños con cáncer. Algunas vienen a la mente de inmediato al presenciar su comportamiento y al escuchar sus evasiones. Indecencia, mezquindad, ruindad, bajeza, inhumanidad, vergüenza. Un científico convertido en político que se apresta a defender al gobierno, aunque eso implique ignorar los estándares éticos de su profesión. Un propagandista que mimetiza la paranoia del presidente, quien interpreta cualquier crítica como “golpismo” y cualquier movilización social como un complot de la derecha. Ambos, incapaces de empatizar o entender la crisis del desabasto que ellos mismos provocaron. Y por eso, ahora que el gobierno anuncia la práctica semanal de designar a “quién es quién en la mentira”, el primer lugar se lo llevan funcionarios de la 4T.

Todos los que –como el subsecretario de Salud– han minimizado la realidad, tergiversado los motivos detrás del enojo, ignorado la evidencia y negado el derecho humano a la salud. Todos los que por ineptitud o arrogancia o incompetencia se abocaron a sustituir un sistema oligopolizado por uno letal. Funcionarios de Hacienda y el Insabi y el IMSS y la Secretaría de la Función Pública, usando el argumento loable del combate a la corrupción para justificar lo que ha sido mala política pública. Resaltando el objetivo aplaudible de castigar a las farmacéuticas rapaces, sin que eso haya ocurrido a cabalidad. He ahí la consecuencia de buenas intenciones traducidas en resultados desastrosos, dejando tras de sí a miles de personas en la indefensión, a cientos de niños en el ­desamparo, a pacientes obligados a buscar medicinas donde no las hay. El Estado fallándole a sus ciudadanos y negándolo.

Cuando desde el periodo de transición se les advirtió sobre la complejidad del proceso de compra de medicamentos y la dificultad de transitar a uno consolidado en Hacienda. Cuando numerosos expertos señalaron los peligros por venir, si se actuaba de manera precipitada y desinformada. Pero como en tantos otros rubros, el gobierno de López Obrador decidió actuar antes de ponderar, destruir en lugar de componer, anteponer los prejuicios a la planeación. Como lo ha evidenciado la investigación “Operación desabasto”, llevada a cabo por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, el imperativo de ahorrar, centralizar y castigar derivó en una debacle documentada. Al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro fracasó en el intento de reducir costos, en el objetivo de combatir la corrupción, en la meta de hacer las cosas de mejor manera. Compró tarde y de manera incompleta, llevó a cabo licitaciones que acabaron desiertas, y finalmente tuvo que recurrir a adjudicaciones directas. La combinación fue caótica y contraproducente: el gobierno no sólo generó desabasto; también se vio obligado a pagar precios más altos por la situación de emergencia que empezó a enfrentar. El caldo resultó más caro que las albóndigas, y luego ni caldo hubo.

Porque se buscó combatir un mercado oligopólico sin proponer alternativas para crear un mercado competitivo. Porque nadie pensó en cómo crear una red funcional de distribución, almacenaje, logística y producción que sustituyera a la que el presidente tanto criticaba. Porque AMLO vetó e inhabilitó a compañías dominantes en el sector, sin reparar en las consecuencias de hacerlo sin un plan B funcional, y sin tomar en cuenta que la corrupción no provenía de la compra de medicamentos, sino de la facturación falsa de otros servicios contratados. Y luego vino la pandemia. Y después se tuvo que recurrir a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), buscando componer lo que el propio gobierno había descompuesto. Y ahora se tendrán que pagar 85 millones de dólares a una organización que no tiene experiencia en la compra tardía de medicamentos, en medio de un desabasto que se agrava conforme transcurren los meses. Esa es la realidad que López Gatell ha buscado esconder; ese es el diagnóstico que el gobierno no ha querido reconocer.

Cuatro mil 200 reportes de escasez de medicamentos detectados en los últimos dos años y medio por el colectivo “Cero desabasto”. Padecimientos como cáncer, diabetes, hipertensión y VIH agravados y desatendidos. Sobrecostos y opacidad producto de las compras de urgencia, abriendo aún más la puerta a la corrupción que se quería combatir. Pero el peor costo es el humano: las vidas truncadas, los futuros cancelados. Y ante el sufrimiento y los plantones y las quejas y la desesperación, la 4T no ha corregido; ha revictimizado. De manera cruel, de forma deshonesta, atacando a quienes –desde la izquierda– debería abocarse a proteger. Es cierto que la oposición prianista se monta sobre el tema, pero el gobierno ha provisto la forma de hacerlo. Es cierto que el sector salud tenía serios problemas que era necesario encarar, pero el gobierno ha empeorado la situación que heredó.

Llamar “golpistas” a padres de hijos enfermos evidencia un grado de deshumanización que hubiera resultado impensable en aquellos que se piensan progresistas. Decir que en las marchas contra el desabasto hay sólo 20 personas y los demás son infiltrados, revela un grado de penuria moral sobrecogedor. Mentir de manera reiterada como lo ha hecho López Gatell y quienes reproducen su narrativa, exhibe con crudeza quién es quién. Quien está más preocupado en defender un proyecto político que en atender a los enfermos de su país. Quien está más empeñado en blindar al poder que en escuchar a sus víctimas. Quien señala las penurias del pasado pero no tiene la congruencia suficiente para criticar las carencias del presente. Y en ese “quién es quién en la mentira”, los primeros culpables son aquellos que han optado por pararse del lado de un gobierno que no está transformando; está matando.