Un coctel de factores –internos y externos—ha provocado que la economía de Cuba, de suyo siempre complicada, haya caído en una situación de crisis extrema, al punto de detonar las protestas populares del pasado 11 de julio.

Tres factores destacan: las sanciones que Estados Unidos impone a la isla, la crisis estructural del modelo económico cubano y la pandemia del covid-19.

Durante 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba registró una caída del 11%. En el primer trimestre de este año la caída continuó en 2% y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) espera un rebote de apenas 2.2% para todo el 2021. Ello se traduce en un desabasto extremo de los más básico: alimentos, medicinas, electricidad, transporte…

Junto con el bloqueo que Estados Unidos impone a la isla, y con el cual La Habana ha lidiado durante medio siglo, Donald Trump impuso 240 sanciones económicas que revirtieron lo que intentó su antecesor, Barack Obama: flexibilizar el embargo por medio de órdenes ejecutivas.

Contra lo esperado, Joe Biden –que como vicepresidente de Obama apoyó la política de apertura hacia la isla--, ha mantenido dichas sanciones; entre ellas se encuentran las que limitan los viajes de estadunidenses a la isla (lo que afecta no sólo a los 140 mil turistas anuales de cruceros estadunidenses que atracaban en puertos de la isla, sino a buena parte de la comunidad cubano-americana que visita a sus familiares) y las que restringen el envío de remesas desde territorio estadunidense.

En este último caso, el Departamento del Tesoro prohibió el envío de remesas a través de entidades financieras controladas por militares cubanos. Ello afectó particularmente a Western Union –que cerró sus 400 oficinas en la nación caribeña--, pues operaba a través de Fincimex, una filial de Cimex, subsidiaria a su vez de GAESA, grupo empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de Cuba.

De acuerdo con un estudio de Diálogo Interamericano --think thank con sede en Washington--, Cuba recibió por conceptó de remesas poco más de 2 mil millones de dólares en 2019 (un año antes de que se decretara la prohibición). El 83% de ellas provinieron de Estados Unidos y beneficiaron a 26% de los hogares cubanos. El estudio destaca un dato: el 60% de dichas remesas ingresa de manera informal: por medio de mulas o viajeros que visitan la isla.        

Un modelo agotado

Cifras del gobierno cubano indican que de abril de 2019 a diciembre de 2020, el bloqueo produjo daños por 9 mil 157 millones de dólares a precios corrientes y en el último lustro las pérdidas superaron los 17 mil millones de dólares.

Sin embargo, economistas cubanos reconocen que la crisis económica extrema que enfrenta la isla no puede atribuirse por completo al bloqueo estadunidense.

Dicho de otra manera: el bloqueo estadunidense incrementa a la isla los costos de su comercio internacional y le dificulta la entrada de capitales e inversión extranjera, pero no los impide. Por ejemplo, importar materias primas de China, en lugar de Estados Unidos, le implica pagar un sobreprecio en flete, pero nada le impide hacer dicha compra. De hecho, La Habana puede comprar productos en cualquier país del mundo. Su problema no es que Estados Unidos no se los quiera vender, sino que no tiene el dinero para comprarlos a otras naciones.

De manera paradójica Estados Unidos es el principal exportador de alimentos y medicamentos a Cuba. John Kavulich, presidente del Consejo Económico y de Comercio Cuba-Estados Unidos, dijo a la BBC que este año las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a la isla han aumentado 60% en comparación con 2020 y que en lo que va de año suman unos 140 millones de dólares.

Cierto es que la Ley Helms-Burton –que en 1996 se agregó a todo el entramado legal del bloqueo— sanciona a filiales de empresas estadunidenses asentadas en otros países por vender productos a la isla o porque dichos productos tienen componentes estadunidenses, pero a estas alturas existen sustitutos de productos y marcas estadunidenses en casi todos los bienes, tanto los básicos como los de alto valor agregado.

Para los economistas, el problema mayor de Cuba tiene que ver con el agotamiento de su modelo, el cual mantiene los rasgos esenciales de una economía estatal férreamente centralizada que enfrenta de manera tímida y tardía sus fallas estructurales.

El Congreso del Partido Comunista del 2011 –todavía con Raúl Castro en el poder-- marcó los derroteros de una reforma económica que implicaba descentralizar la gestión empresarial, una mayor y más flexible apertura a la inversión extranjera, una reforma fiscal y monetaria, la expansión del sector privado y de las cooperativas e, incluso, transformar la estructura de la propiedad, entre otros aspectos.

Pero en algunos casos se hizo poco y en otros se avanzó un paso para después retroceder dos. Por ejemplo, pese a recomendaciones de expertos, el gobierno mantuvo un régimen que combinaba dos monedas de curso legal –CUP y CUC--, con varios tipos de cambio entre ellas, provocando distorsiones en el mercado monetario y cambiario. Fue hasta fines del año pasado que el gobierno inició el proceso para eliminar la doble moneda y ajustar el tipo de cambio oficial.

Otro ejemplo: después de ampliar las categorías del llamado Trabajo por Cuenta Propia (considerado un germen de la iniciativa privada), en 2017 suspendió el otorgamiento de nuevas licencias e intentó imponer nuevas restricciones para luego un año después “reordenar” este sector y estimular su crecimiento, pero en junio del 2020, debido a la pandemia del covid-19 y las medidas gubernamentales para enfrentarla, 39% de los 246 mil trabajadores por cuenta propia habían suspendido actividades.

Un ejemplo más: pese a que desde hace lustros el gobierno ha entregado en usufructo tierra a campesinos y estimulado que puedan vender una parte de su producción de manera directa en los “agromercados”, no ha logrado que las unidades de producción en el campo sean eficientes y se detuvo el proceso de crear cooperativas con una gestión autónoma. En los hechos, la producción de alimentos sigue siendo deficitaria. En 2020, la cosecha de plátanos y tubérculos disminuyó 3.3%, y la de hortalizas y cereales cayó en 14.5% y 20.8%, respectivamente.        

La tormenta perfecta        

Para colmo, acontecimientos en el contexto internacional le pegaron también a la economía de Cuba.

Así, debido a su precaria situación económica, Venezuela cortó sustancialmente el suministro de petróleo a la isla, del cual dependía hasta en 80%.

Y los cambios de gobierno en Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador (los nuevos presidentes dejaron de ser aliados, cuando no abiertamente hostiles) provocaron la cancelación de importantes contratos en la exportación de medicamentos y de servicios médicos. De hecho, la exportación de servicios de salud representó en 2019 el 48% de las exportaciones cubanas, con un monto de 6 mil 800 millones de dólares, de los cuales casi la totalidad, 6 mil 400 millones, corresponden a los servicios de 2 mil 500 profesionales cubanos de la salud que se encontraban en 26 países.

A ello se agrega la caída en los ingresos por efecto de la disminución de los precios internacionales de productos de exportación de la isla, como el níquel, el ron y el tabaco. La Cepal calcula en 17% el descenso en el comercio exterior de bienes.

El covid-19 vino a completar el cuadro de la “tormenta perfecta”: debido a la pandemia, el gobierno impuso una serie de restricciones al turismo internacional –la segunda fuente de ingresos (28% del total), después de la exportación de servicios de salud—que redujo la llegada de visitantes en 57% en mayo del 2020 y una paralización casi total para mediados de ese año. Los especialistas estiman que los ingresos por este concepto bajaron de los 3 mil millones de dólares anuales a menos de mil millones. Los efectos fueron terribles tanto para el sector estatal como para los trabajadores por cuenta propia que están ligados al turismo, como los que rentaban sus viviendas, los que ofrecían servicios de taxis o los que tenían restaurantes particulares (los famosos “paladares”).

De acuerdo con cifras de la Cepal, en el 2020 el gobierno gastó mil millones de pesos para enfrentar de manera directa el covid-19, pero hay otros gastos asociados a la pandemia –como bonos a los trabajadores de la salud, pagos por cesantías a trabajadores de empresas estatales, posposición del pago de adeudos fiscales — que engrosan dicha contabilidad y que obligaron a reorientar el gasto público, restringiendo los subsidios al gasto social y al proceso productivo de empresas estatales y del sector agropecuario.

Son, pues, un cúmulo de factores económicos lo que vuelve explosiva la situación social en la isla.

El panorama se complica aún más debido a la falta de mecanismos institucionales para canalizar la inconformidad (por ejemplo: las manifestaciones de protesta pacífica en las calles que puede tolerar una nación democrática, en Cuba se vuelven “atentados contra la revolución”). Tampoco el gobierno ha propiciado el diálogo con representantes de movimientos civiles no afines al régimen. En lugar de ello los tilda de “contrarrevolucionarios” o “instrumentos del imperialismo yanqui”, los detiene y procede judicialmente contra ellos.