“(NSO Group es) una industria que no debería existir, su única actividad es vender un producto dañino contra el que no hay protección… Que (Pegasus) sólo se venda a gobiernos, no lo hace mejor… nos muestra una realidad nunca antes vista...”

Edward Snowden

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las revelaciones del conjunto de medios internacionales sobre la intromisión a la privacidad de las comunicaciones personales de periodistas, activistas, críticos gubernamentales y políticos, pone al descubierto la degradación de una función de seguridad que ha servido a grupos de poder en México, incluyendo a un sector duro que rodea y convence, cada vez más, al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Descubrir en detalle el uso de un programa informático intrusivo de telefonía celular (Pegasus, que en México se denunció hace seis años) revela la gravedad de un comportamiento que deslegitima a los últimos gobiernos (desde Calderón hasta el presente) y desnuda nuestra vulnerabilidad, como individuos y sociedad, ante el pulso autoritario que permea ahora al país.

Falsa victimización y utilitarismo perverso

Antes de que saliera a la luz pública, el gobierno se negó a comentar con los reporteros los detalles e implicaciones de los resultados de la investigación periodística. Contrariamente, el presidente López Obrador y miembros de su círculo cercano se victimizan en forma frívola por haber sido espiados en el pasado reciente (20 y 21 de julio). Pero no se dice palabra alguna sobre la evidencia de continuidad del uso de Pegasus (creado por la empresa israelí NSO Group), ni se aclara la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como primer cliente institucional (2011), incluso promotor en la compra del programa espía. Las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacen énfasis en señalamientos sólo en tiempo pasado sobre la Sedena, Marina y la antigua PGR como ejes de las transacciones sobre el programa de espionaje.

En México se espía no sólo para intimidar, reprimir o asesinar (como es el caso de los periodistas, líderes y movimientos sociales), sino para negociar impunidad para el caso de los políticos. López Obrador así lo demuestra desde su arribo al poder, en cuyo contexto se explica el nuevo y exagerado papel que juegan altos mandos militares en Ejército y Marina en su gobierno civil. Los aparatos de inteligencia militar en ambas dependencias cobraron auge con más recursos desde hace dos sexenios.

Tampoco es casual que quienes autorizaron la adquisición de estos caros sistemas de espionaje (el general Cienfuegos entre ellos) tengan asegurada la protección de un renovado sistema autoritario con reglas no escritas desde la retórica de la victimización populista. Sólo así se entiende la necedad de no ejercer la aplicación estricta de la ley por conductas que, en otras latitudes, están generando una conciencia y discusión sobre acciones de verdadera protección a los derechos ciudadanos.

También explicaría aquel larguísimo primer encuentro entre el general Cienfuegos, aun como secretario de Defensa, y López Obrador, donde no sólo se trató de revisar la seguridad del país y repasar la sucesión en el alto mando del sector. 

Las baterías del gobierno hoy apuntan a los “enemigos útiles” para la demagogia anticorrupción, pero no contra quienes blandieron la información de probables ilegalidades de López Obrador y su entorno… y se lo hicieron saber para comprar impunidad.

En México la aplicación de la ley se negocia y la justicia no es para todos, lo mismo que el uso y abuso discrecional del espionaje político: en un estado de derecho, López Obrador no habría sido presidente de no haber negociado una y otra vez sus conductas ilegales que solaparon gobernantes anteriores, basados en falsos cálculos de costo-beneficio en aras de una gobernabilidad sui generis… de la que ahora serán víctimas.

Cisen-CNI, la deformación militarista y política

El arribo de López Obrador, hay que decirlo, significó el desmantelamiento final de los esfuerzos del Estado mexicano por crear y desarrollar un sistema de inteligencia para la seguridad nacional. Pese a deficiencias y retrasos en el diseño institucional (la ley, programas e instancias decisorias en la materia surgieron con un desfase de décadas) respecto de la operación misma del llamado sistema de información. Había avances relativos que debían fortalecerse para madurar y consolidar dicho sistema con una visión de Estado. La guerra contra las drogas y el agravamiento de la penetración de estructuras institucionales (empezando por las de seguridad, tanto civiles como militares), junto con la miopía de gobernantes y operarios del sector, terminaron por distorsionar y reducir la perspectiva de la seguridad nacional y concentrar actividades y recursos a la mera “inteligencia contra el crimen” y a desplazar la noción de inteligencia por el vulgar espionaje, lo que fue ampliándose a otros ámbitos.

El espionaje contra López Obrador muestra el descontrol y los abusos que se aprovechan políticamente. La desaparición del Cisen, como se concibió originalmente, aniquiló la aspiración de tener un sistema de inteligencia estratégica. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como sucedáneo (militarista) de seguridad pública, junto con la creación de la Guardia Nacional, muestran características de control social, ya sea por la presencia física del aparato de seguridad en el territorio (que no responde a criterios de protección) o por la peculiar práctica de espionaje de la 4T (ver: Raymundo Riva Palacio, columna “Estrictamente Personal”, El Financiero, 23 de junio).

“Impulso autoritario” Mx, vulnerabilidad extrema

Mientras se presume una investigación sólo por la adquisición de Pegasus en administraciones pasadas, la actual omite que se han renovado licencias y actualizaciones que, de acuerdo con las investigaciones independientes, son más nocivas e indetectables. El deseo controlador del gobierno no se limita ni termina con Pegasus. Desde el primer año (2019) mostró su intención de hacerse de información personal y confidencial de la población al exigirle al INE, sin sustento legal, la base ciudadana de datos biométricos (ahora de más de 93 millones de registros con referencias domiciliarias). El INE se negó.

Este año, con la reforma a la ley de telecomunicaciones, se impuso inconstitucionalmente la creación de un padrón de usuarios de telefonía celular (Panaut) que se conformaría también con biometría (con cerca de 126 millones de registros no depurados de la población). Esto último ha acarreado una severa crítica y litigio legal por parte del INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra autoridades de seguridad civil y militares que se escudan en la lucha anticrimen para hacerse de información privada sin control sobre su uso.

La indolencia ciudadana e institucional, fuera de los ámbitos críticos, bajo la premisa de un falso dilema (espionaje “sí o no”), admite el abuso transgresor de su intimidad por el gobierno, “porque no es nuevo pues es normal” y “porque el que nada debe…” Se está dejando pasar la oportunidad para, desde la sociedad, demandar e imponer regulaciones y límites a una actividad de la llamada inteligencia de Estado (incluyendo el componente necesario de espionaje que lo conforma). Si no cambiamos el juego (Snowden dixit) y, según dice la académica argentina Rut Diamint, se detiene el “impulso autoritario” que hay en el hemisferio, terminaremos indefensos, sin posibilidad de vivir seguros y en democracia.­