La determinación de la Cámara de Diputados de reservar esta información genera cuestionamientos legítimos. Se trata de un procedimiento directamente vinculado con la integración de un órgano constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones en México.

Lo singular del episodio es la arquitectura institucional que dejó al descubierto. La única instancia que impuso límites al uso militar de la inteligencia artificial contra ciudadanos estadunidenses fue una empresa privada. No el Congreso, no los tribunales, no una agencia reguladora.