CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En diciembre de 2021 termina el periodo del ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) José Fernando Franco González Salas y deberá nombrarse a una persona para ocupar el cargo. El procedimiento constitucional establece que el presidente designa una terna, que examinará el Senado para hacer el nombramiento. Más allá de las recomendaciones de organizaciones de la sociedad civil sobre nombramientos (por ejemplo, el Informe Final Panel de Expertos de la Fundación para la Justicia y otros), cabe preguntarse si quienes decidirán el próximo nombramiento en la SCJN tendrán la voluntad de dar pasos para lograr la representatividad de las mujeres en las esferas más altas de toma de decisión del poder judicial.

Ver a más mujeres en altos cargos, como presidentas de algún país o dirigentes de organismos multilaterales, puede dar la imagen equivocada de que la discusión sobre paridad de género está superada, pero esta percepción se desvanece al enfrentarse con la realidad. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en 2018, en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de América Latina sólo había, en promedio, 30% de ministras.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (INEGI, 2021), los órganos jurisdiccionales, órganos y unidades administrativas del Poder Judicial de la Federación se integran casi de manera paritaria (50.4% hombres; 49.6% mujeres). Sin embargo, esta paridad prácticamente desaparece en los órganos de toma de decisión: en el Consejo de la Judicatura Federal sólo dos de los siete integrantes del Pleno son mujeres, igual que en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; en el Pleno de la SCJN, sólo hay tres mujeres entre sus 11 integrantes.

Los poderes judiciales de la región claramente tienen varias deudas con la atención al enfoque de género, que van desde el tema de las designaciones, hasta el ataque personal a las mujeres que logran llegar y “se atreven” a ir en contra de los mandatos patriarcales y en ocasiones impositivos o ilegales de sus superiores.

En este contexto, la Fundación para la Justicia, en conjunto con otras organizaciones aliadas, convocamos a un foro para discutir los ataques a la independencia judicial con una mirada de género. Participaron cuatro juezas y magistradas de la región cuyos casos son emblemáticos, porque algunos han dado origen a importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y porque muestran las implicaciones que tiene para las mujeres intentar llegar a los niveles más altos en los espacios de toma de decisiones.

En este foro compartieron sus experiencias Karen Atala Riffo, jueza que demandó al Estado chileno ante la Corte IDH por discriminación. Tirza Flores Lanza, magistrada de la Corte de apelaciones de San Pedro Sula, destituida durante el golpe de Estado en Honduras por defender la democracia. Érika Rodríguez, jueza a quien de forma inconstitucional se le arrebató su nombramiento como magistrada en Oaxaca y ha impugnado valientemente el proceso por violar el principio de paridad de género y la Constitución local. Érika Aifán Ávila, jueza de mayor riesgo en Guatemala, que ha destacado por los casos de alto impacto que atiende y por los ataques que ha recibido por hacer su trabajo.

Las historias de estas mujeres están marcadas por un factor común: la discriminación estructural que han enfrentado en sus carreras. Las cuatro coincidieron en que las mujeres ocupan gran número de cargos en los escalafones más bajos del poder judicial y esta proporción se invierte en los niveles más altos de decisión: ahí los hombres son mayoría. Así, es un reto enorme escalar a las posiciones más altas de sistemas imbuidos en prácticas patriarcales y discriminatorias.

Irónicamente, los países de los que son originarias estas juristas también tienen en común legislaciones que establecen la igualdad de condiciones para que hombres y mujeres accedan a puestos públicos, en cumplimiento de instrumentos internacionales que recomiendan formular y aplicar estrategias para el adelanto de la mujer en los sistemas de justicia y las instituciones en niveles directivos.

En el caso de México, la Relatora Especial sobre la independencia de      magistrados y abogados señaló en su informe de 2011 que el contexto cuasi-patriarcal y la prevalencia de determinadas convenciones sociales son un obstáculo que inhibe la carrera judicial de las mujeres, especialmente en los cargos más altos de la magistratura. Diez años después, según el Poder Judicial de la Federación, al 1 de marzo de 2021, en México, 80% de los Magistrados de Circuito en funciones son hombres y 74% de los Jueces de Distrito en funciones también son hombres.

Estas convenciones sociales que inhiben la carrera judicial de las mujeres son eso que llamamos “techos de cristal”, otro eufemismo para nombrar al machismo y las reglas patriarcales que tratan de dejar fuera de los espacios de decisión las necesidades de la mitad de la población, que sin la representación adecuada no pueden atenderse mediante decisiones y políticas más incluyentes.

Los techos de cristal no son tales: no son barreras transparentes, casi imperceptibles, con las que alguien puede tropezar sin darse cuenta. Las limitaciones y violencias que las mujeres enfrentan para llegar a los niveles más altos en cualquier ámbito de la vida pública son evidentes, no tienen la sutileza del cristal, porque están ahí, a la vista de todo el mundo, pero quienes más claras las tienen son las mujeres, que saben los desafíos y las violencias a las que se enfrentan si intentan cruzarlas.

Atender los diversos tipos de violencia de género que ocurren en el poder judicial requiere, fundamentalmente, mecanismos accesibles, sencillos, eficientes y confiables, con personal capacitado para entender estas situaciones y que estos mecanismos estén disponible para que juezas y magistradas de los poderes judiciales locales puedan recurrir a ellos cuando consideren que no hay garantías de independencia o seguridad para denunciar sus casos.

Para alcanzar la paridad de género en la SJCN la respuesta no son ternas mixtas ?para simular paridad? y que al final, los elegidos sean hombres. Consideramos importante que la próxima terna que se proponga esté formada exclusivamente por mujeres. Además, para que estas decisiones no sean discrecionales, es necesario que una norma establezca la designación de mujeres en los cargos de los poderes judiciales (federal y locales) hasta que se alcance la paridad; es decir, los espacios vacantes los podrán ocupar únicamente mujeres. No necesitamos mecanismos neutros, sino acciones afirmativas claras.

Para alcanzar la paridad de género en la SCJN, el Presidente de la República y el Senado tienen la oportunidad de dar un giro en esta materia. En nuestro país hay brillantes abogadas, juristas, servidoras públicas que pueden ocupar estos cargos y esperamos que la próxima designación de la SCJN muestre que vamos en el camino correcto hacia la paridad de género en el poder judicial. El Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados de la Organización de las Naciones Unidas está próximo a presentar un informe sobre género en el poder judicial, lo cual refleja la importancia del tema. Sus recomendaciones serán también una guía para terminar con las violencias y discriminación en el poder judicial.