Parece que en esta época lo que corresponde es publicitar la agenda para el año que empieza, nuestros diagnósticos sobre lo que nos espera y nuestros propósitos para hacerle frente a los retos por venir. Si nos dedicamos a defender derechos humanos en este país, lo anterior no es tarea sencilla. Más allá de nuestros planes bien pensados, cada semana da la impresión de que se inauguran nuevos frentes.

Sean cuales fueren las causas en las que nos involucremos, quienes acudimos a una sede judicial para exigir la garantía de aquellos derechos, tenemos la opción, entre múltiples alternativas, de buscar que los remedios a las violaciones que combatimos corrijan los problemas de raíz, pues aunque es encomiable avanzar caso a caso, también suele resultar harto desesperante que no se noten avances.

Por ello dedico esta primera opinión del año no a los asuntos que desde la Corte se destacan como los más relevantes, ni a criticar un par de sentencias dictadas esta semana en la Segunda Sala de aquel máximo tribunal, y tampoco a delinear los esbozos de diversas estrategias para cuestionar las más recientes ocurrencias de la presidencia de la República, sino a compartir una idea de cambio estructural.

Lo hago porque defender caso a caso y uno a uno nuestros derechos humanos, además de extenuante requiere de demasiado tiempo, que es lo que no tenemos de sobra para derrochar. Pero sobre todo, porque demanda sacrificios reales de personas reales que no tendrían que ser expuestas de esa manera, ni esperar a que se conjunten la totalidad de elementos del escenario estratégico mejor planeado, cuando existe el mandato para prevenir las violaciones a sus derechos.

¿Por qué arriesgar a que se criminalice a las personas por ejercer sus derechos?, ¿por qué esperar a que las autoridades administrativas nieguen nuestros derechos para intentar litigios particulares?, ¿por qué aguardar a que los juicios se apilen para que las leyes deban cambiar?, ¿por qué relegar la obligación de prevención?

Mientras esté vigente el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para hacer efectivos los derechos que tenemos reconocidos en el ámbito internacional, es posible apuntalar la defensa de nuestros derechos humanos ante los tribunales con la reivindicación de justiciabilidad de dicho deber. Y este deber, en conjunto con la obligación de prevenir violaciones a los derechos, sumado al estado de cosas inconstitucional que padecemos, tendrían que bastar para convencernos de intentar con mayor frecuencia litigios de cambio estructural.

Se me puede replicar que no tenemos un Tribunal Constitucional a esta altura, que es excesiva su condescendencia con los Congresos, hasta se puede invocar lo de la objeción contramayoritaria, o peor, simplemente se me puede responder que no están presentes las personas idóneas para asumir tal responsabilidad en nuestra Suprema Corte, o que jamás se podrá hacer cumplir una sentencia ejecutoria a un Poder Legislativo renuente. Aunque eso terminara por ser cierto, mejor confirmarlo que vivir con la ilusión de contar con garantías judiciales efectivas de los derechos.

En todo caso, me parece que a las personas y organizaciones dedicadas al litigio de interés público ya nos toca transitar este camino. Mientras haya leyes que no se hallen ajustadas a los estándares que marcan nuestros compromisos de fuente internacional en materia de derechos humanos, existirán omisiones legislativas para adoptar esas disposiciones de derecho interno que resultan necesarias para hacer efectivos los derechos que tenemos reconocidos en tal ámbito internacional.

No es potestativo para los Congresos adoptar medidas legislativas para ver si México cumple o no con los tratados en la materia. Tampoco es algo que se deba postergar indefinidamente, pues al contrario, aquel deber de adecuación del marco normativo de origen interno para armonizarlo con el de fuente internacional es uno de inmediato cumplimiento. Así que si nuestra Constitución vale algo en realidad y si tenemos un Tribunal Constitucional serio, conviene proponer demandas de este tipo para que pese un poco menos lo que nos deparen las elecciones de este año.