CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Naufragó el proceso de evaluación técnica de los perfiles de los candidatos y candidatas a ocupar los cuatro lugares vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Todo había iniciado bien. Las primeras dos etapas del proceso conducido por el Comité Técnico de Evaluación avanzaron con paso firme y gran profesionalismo. 390 personas se registraron y 329 sustentaron un innovador examen de conocimientos y pensamiento crítico. Posteriormente el Comité Técnico hizo una revisión minuciosa de los expedientes (CV, carta de exposición de motivos y ensayo) de las 164 personas que superaron el filtro del examen para llegar a la lista de 60 finalistas. Pero de repente todo se echó a perder. Después de las entrevistas a los y las 60 finalistas, sorpresivamente se materializó un bloque conservador dentro del Comité Técnico con el fin de impulsar a sus candidatos favoritos y vetar a cualquier aspirante que “oliera” a pueblo. Al participar en las deliberaciones como miembro del Comité Técnico, de repente llegué a sentir como si estuviera atrapado en la película “Parásitos” con su magistral escenificación del funcionamiento de los prejuicios de clase que atraviesan nuestras sociedades capitalistas. Para estar en contexto: Intimidades de un proceso de selección y una criatura impertinente e inmadura Este bloque conservador, encabezado por una periodista independiente y una académica del CIDE con evidentes fobias ideológicas y personales, iba descartando uno por uno a candidatos intachables que cuentan con una larga trayectoria en la lucha por la democracia y amplios conocimientos en materia electoral. En cambio, se incluyeron a personas con trayectorias sumamente cuestionables y que incluso tienen claros conflictos de interés con los propios integrantes del Comité Técnico. Por ejemplo, los tres integrantes del comité que son investigadores del CIDE lograron impulsar la candidatura de su colega y amigo, el doctor Javier Aparicio, a pesar de su mal desempeño en la entrevista y los fuertes cuestionamientos en su contra respecto a su complicidad en el fraude electoral de 2017 en el Estado de México. También entraron exalumnas de integrantes del Comité Técnico, del ITAM, del Colegio de México y del mismo CIDE. De la misma manera, Alma Eunice Rendón, prima hermana del actual consejero Ciro Murayama Rendón, entró milagrosamente a la lista de finalistas. Rendón fue directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior durante el sexenio de Enrique Peña, periodo en el cual se canalizaron cientos de millones de pesos a la organización para migrantes Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota. Las quintetas también incluyen a Iulisca Bautista, asesora del actual consejero electoral Jaime Rivera, quien entró al INE en 2017 como cuota de Marko Cortés y sostiene posiciones sistemáticamente favorables al PAN. Bautista también cuenta con fuertes vínculos históricos con el PRD, ya que fungió como directora de Difusión e Imagen Institucional durante el nada pulcro gobierno de Amalia García en Zacatecas entre 2004 y 2010. El bloque conservador también logró colocar a Carla Humphrey, antigua asesora en el IFE de dos consejeros panistas, Alonso Lujambio y Arturo Sánchez. En 2005, Humphrey entró como cuota del PAN al Consejo Electoral del entonces Distrito Federal y, al finalizar su gestión, se autoasignó un deshonroso bono millonario de despedida con el argumento de que jamás volvería a trabajar en las instituciones electorales. Y como si no bastara con los casos arriba señalados, también se incluyeron varios consejeros de las entidades federativas fuertemente cuestionados por su complicidad con la comisión de graves irregularidades en elecciones estatales. Jéssica Rojas Alegría, por ejemplo, tiene una larga y conocida trayectoria como operadora político-electoral en el Estado de México, donde el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida desde hace 90 años. Es uno de los funcionarios electorales más cercanos al exconsejero Marco Baños, leal soldado del PRI dentro del INE desde hace décadas. Se incluyeron también dos consejeros electorales del estado de Oaxaca, Gustavo Meixueiro y Rita López, quienes estuvieron a cargo de la organización de la fraudulenta elección para gobernador en 2016. Aquellos comicios fueron tan cuestionados que el nuevo gobernador, Alejandro Murat, fue obligado a rendir protesta de manera ilegal e ilegítima en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión a la 1:30 de la madrugada del 1 de diciembre de 2016. Durante la fase de entrevistas aproveché para preguntarles a ambos candidatos su opinión al respecto, pero los dos cínicamente negaron que hubiera existido irregularidad alguna en aquella elección. En resumen, el bloque conservador del Comité Técnico logró rellenar las listas finales con perfiles que garantizarían la continuidad del viejo régimen dentro del INE mediante el control de la estructura electoral y la conducción parcial y antidemocrática de esa institución. Afortunadamente unos cuantos buenos perfiles ciudadanos sí lograron colarse a las listas finales. Son muy escasos y es necesario buscarlos como una aguja en un pajar, pero a pesar de todo, hay materia para que la Cámara de Diputados cumpla con su responsabilidad histórica de revitalizar la democracia mexicana. Ahora bien, es urgente modificar el procedimiento de evaluación para los futuros procesos de selección de consejeros electorales. El formato actual favorece la participación de aspirantes grises y promueve una evaluación más tecnocrática que humanista. También, deja al Comité Técnico vulnerable a las presiones externas del viejo régimen que en esta ocasión se hicieron presentes en la última etapa de revisión. Por ejemplo, las entrevistas con los aspirantes deben ser transmitidas en tiempo real. Ello permite mayor participación ciudadana y echa más luz pública sobre las trayectorias, las perspectivas, e incluso las mentiras de los candidatos. En el proceso de deliberación ahora en curso en el seno de la Cámara de Diputados sería más que conveniente que los diputados revisen los videos de las entrevistas para los 20 candidatos finalistas para poder emitir sus votos con base en el conocimiento real de los candidatos. También hubiera sido preferible presentar tres listas de mujeres en lugar de sólo dos, como en su momento propuse en la mesa del Comité Técnico, para cumplir plenamente con la paridad de género en el Consejo General. No deja de sorprender que al final de cuentas fueron las cuatro mujeres integrantes el Comité Técnico quienes cerraron filas al final del proceso en contra de la integración de una tercera quinteta de mujeres. Todo con el fin de cerrarle el paso a una destacada candidata mujer, Diana Talavera, que no era de su agrado. Al final de cuentas pesaron más sus fobias ideológicas que sus supuestas convicciones feministas. En suma, el proceso vivido demuestra una vez más que a pesar de todos los avances en materia democrática en el país, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero paso a paso, con la participación de todos y todas, y siguiendo siempre una firme brújula ética, estoy seguro de que lograremos un país plenamente democrático y justo. www.johnackerman.mx Este análisis forma parte del número 2281 de la edición impresa de Proceso publicado el 19 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí