CIUDAD DE MÉXICO (Proceso). - Pemex no sabe qué hacer con tanto combustóleo. A partir del 1 de enero de este año no tiene dónde venderlo, ni tampoco dónde almacenarlo. La empresa pierde muchos millones de pesos diariamente porque nadie en el mundo quiere ese hidrocarburo, el más caro, el más nocivo, el más contaminante. El único cliente que puede salir al rescate de Pemex es la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Si en vez de utilizar energía proveniente de fuentes limpias (eólica y solar), la CFE opta por electricidad generada a partir del combustóleo, todos saldremos perdiendo, excepto Petróleos Mexicanos. Esta podría ser la verdadera historia detrás de los polémicos acuerdos de abril y mayo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Secretaría de Energía (Sener), que limitaron drásticamente la transmisión de energía eléctrica renovable. Este problema viene de lejos, pero se agravó el 1 de enero de 2020 cuando, por legislación internacional, quedó prohibido a los buques de altamar el uso de combustóleo, por las implicaciones dañinas que tiene en contra de los ecosistemas marinos. Sin la venta de combustóleo, tres de las refinerías más importantes del país, propiedad de Pemex, quebrarán por no haberse modernizado a tiempo: Ciudad Madero, Minatitlán y Salina Cruz. Ninguna de estas refinerías cuenta con coquizadora, el horno de coque que sirve para destilar el petróleo crudo para obtener productos más ligeros, menos contaminantes y, sobre todo, mejor demandados en el mercado, como lo son la gasolina y el diésel. Cada coquizadora cuesta, según precios corrientes de mercado, alrededor de 2 mil 600 millones de dólares, es decir casi 58 mil millones de pesos. Para resolver la falta de inversión que debió haberse celebrado antes en Ciudad Madero, Minatitlán y Salina Cruz, Pemex tendría que invertir aproximadamente 173 mil 362 millones de pesos. Pero, en vez de emprender ese camino, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por edificar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, la cual tendrá un costo aproximado de 178 mil 400 millones de pesos. Acaso este vaya a ser el peor error de la política energética cometido durante el presente sexenio: priorizar lo nuevo en vez de modernizar lo viejo; una decisión que, presumiblemente, no fue técnica sino política. Aquí es donde entran en la ecuación los acuerdos del Cenace y la Sener. Ambos tuvieron tres propósitos: 1) revisar las licencias ya otorgadas –mediante licitación internacional– a las plantas eólicas y fotovoltaicas; 2) suspender la transmisión de ese mismo tipo de energía que, antes de los acuerdos, se encontraba en proceso de operación comercial; y 3) negar autorizaciones futuras a los parques dedicados a la generación de energía renovable. Aquí está el corazón de la discusión: de acuerdo con la legislación mexicana, la CFE debía dar preferencia a las fuentes de energía más económicas y menos contaminantes. Mientras las energías más baratas y las más limpias deben ir primero, las más caras y contaminantes han de ser las últimas en subirse a la red nacional de transmisión. No hay watt más económico que el que se produce en los parques solares y eólicos, ni tampoco hay energía eléctrica más verde que la que proviene de esas mismas instalaciones. De los 80 mil megawatts que el país requiere, hoy 12 mil son generados con energías limpias y el objetivo de la política energética mexicana era rebasar, antes de 2021, 24 mil megawatts. Pero los acuerdos del Cenace y la Sener lo cambiaron todo. El reciente viraje en la política energética conducirá al país en otra dirección. No podremos cumplir con el objetivo trazado si se limitan las fuentes limpias y baratas para que, en su lugar, la CFE devuelva prioridad a la energía eléctrica generada a partir de la quema de combustóleo. Al parecer, salvar a Pemex es un bien superior comparado con desincentivar la generación de energía contaminante. Sin embargo, con la nueva política energética no habrá desperdicio de miles de barriles sin destilar, podrán aplazarse las inversiones urgentes en las coquizadoras de Ciudad Madero, Minatitlán, Salina Cruz y, sobre todo, la refinería de Dos Bocas continuará en la lista de los proyectos políticos prioritarios del presidente. Es posible que quienes tomaron la decisión hayan desestimado la crisis sembrada por sus actos en el horizonte internacional. Los parques eólicos y fotovoltaicos instalados en México, sobre todo después de 2015, representan una inversión aproximada de 30 mil millones de dólares. Se trata de un sector donde participa un número muy grande de empresas, las cuales cuentan, entre otros, con capitales franceses, españoles, estadunidenses, británicos, portugueses, japoneses, coreanos y, desde luego, mexicanos. Por cierto, que quienes más dinero perderán son las afores nacionales y los fondos extranjeros de pensión que se equivocaron al creer que este negocio sería viable, seguro y de largo plazo. Aunque el asunto pueda litigarse y ganarse en tribunales, la incertidumbre provocada por estas decisiones afectará la confianza en el país, en un momento donde nadie quiere arriesgar el poco capital que sobrevivirá a la crisis del coronavirus en economías nacionales caprichosas, inciertas e inestables. Este análisis forma parte del número 2274 de la edición impresa de Proceso, publicado el 31 de mayo de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí