En este país, si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín. Álvaro Obregón a José Vasconcelos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La situación pandémica que padecemos, además de mostrar la vulnerabilidad estructural y política del país en materia de salud, inducida por el propio gobierno, ha provocado un expansionismo militar cuyas consecuencias afectan no sólo el ámbito civil, sino al propio cuerpo castrense en sus definiciones esenciales como institución de defensa del Estado. La inminencia de la llamada Fase 3 de la contingencia, definida en forma ambigua por el vocero sanitario gubernamental –“puede haber más fases, 4, 5, etc.”, según su dicho– presupone una etapa de endurecimiento de las medidas de contención del covid-19 con el uso de la presencia y fuerza militar, que empezó precisamente en la Ciudad de México el miércoles 15 bajo términos legales endebles y poco claros.

Coartada de “fuerza mayor” y expansión militar

Ante el rápido e incontenible agotamiento de los recursos del Estado y aun a costa de la vida de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la continuidad de sus proyectos de infraestructura que cada vez pierden importancia estratégica y como palanca de desarrollo. Con la declaración del Consejo de Salubridad General de la “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” (Diario Oficial de la Federación, DOF, 30 de marzo), precedido de un extraño decreto presidencial (DOF, 27 de marzo) que también “delega” autoridad suprema a la Secretaría de Salud, se teje la trama legal que decidió ordenar a los sectores público, social y privado, como “acción extraordinaria”, entre otras, la suspensión de “actividades no esenciales” en el presente mes. Y, por el contrario, las “actividades esenciales” permitidas en este lapso comprenden un catálogo de cinco categorías que incluyen, además de las involucradas en forma directa con la emergencia sanitaria, 1) “sectores fundamentales de la economía” (que se enlistan en el decreto) y 2) las “necesarias para la conservación, el mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica…” (DOF, 31 de marzo). En la antigua jerga de seguridad y defensa, esta infraestructura se refería a las “instalaciones estratégicas”. En los llamados Lineamientos Técnicos, para “dar certeza” (así dice el decreto) a las dos categorías de acciones mencionadas, se incluye a las empresas proveedoras de bienes o servicios vinculados con las construcciones del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya (DOF, 6 y 8 de abril, incluida fe de erratas: ¡“transísmico”!). La engorrosa redacción de los decretos y el apresuramiento reactivo gubernamental olvidó detalles como garantizar el flujo de recursos presupuestales y la continuidad de trabajos de los proyectos emblema del sexenio. En el caso del tren debe recordarse que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se comprometió incluso a completar y entregar la obra el próximo año, antes del tiempo establecido por el presidente (Manuel Espino, La Jornada, 9 de enero de 2020). Dicho sea de paso, los números de tales recursos demuestran que la prioridad gubernamental no apunta precisamente a salvar la vida de los mexicanos ni preocuparse por su bienestar (“Datos duros”, Sobremesa, Lourdes Mendoza, El Financiero, 8 de abril). Es importante destacar en la reflexión lo que significa este blindaje presupuestal y de operación para la Sedena en su papel de contratista-“empresario” para el gobierno: responsable integral, no sólo de la edificación del aeropuerto “sustituto” de Texcoco, sino también como encargado de administrar y controlar su operación comercial y, en el caso del tren del sureste, su adjudicación directa para construir un tramo significativo. Lo que venía configurándose como una tendencia desde el sexenio calderonista (y continuó en el de Enrique Peña Nieto), donde su papel se empezó a expandir en áreas no militares, como la construcción de tramos carreteros y, luego, de espacios de infraestructura civil (por ejemplo escuelas y hospitales), ya no sólo en el ámbito federal sino para los gobiernos estatales, hoy es un patrón consolidado en la administración de la autonombrada “Cuarta Transformación”. En ese sentido, los efectos de un ejército “empresarial” (la expresión, por desgracia, es literal) son múltiples y bastante cuestionables por su carga negativa. Baste mencionar la pérdida efectiva de sus capacidades profesionales de defensa (algo que de por sí ya ocurría al habilitar militares como policías en todos los ámbitos de la seguridad pública, incluyendo las de investigación y persecución de delitos) y su mayor exposición a las prácticas de corrupción política y económica que subsisten en el país (pese a la retórica oficial). Para el caso de las Fuerzas Armadas, este involucramiento se cubre de un manto de opacidad e impunidad con el que suelen desempeñarse con las justificaciones de “seguridad nacional”. Estas cuestiones son importantes y resulta un mal mayor la consolidación de la simbiosis de un pacto no escrito, en términos de poder y gobernanza, de la nueva clase política con el estamento militar. Por los términos de la relación militar-civil que ya se configura, será más agudo el déficit democrático que padece el país de modo estructural desde los años de transición política. En el análisis comparado, se tienen documentadas en el hemisferio la degradación que conlleva en el espíritu de cuerpo de oficiales y tropa, la perniciosa permisividad de realizar negocios dentro y fuera de las Fuerzas Armadas prohijando una clase empresarial sui generis. Este fenómeno se hizo visible hace dos décadas en varios países centroamericanos, particularmente en El Salvador, luego de los procesos de pacificación. La afectación es grave y múltiple, empezando por la profesionalización de los cuadros militares en diversos niveles.

Desnaturalización del Ejército

El involucramiento general de las Fuerzas Armadas en el auxilio a la población ante la emergencia ya vislumbra en diversos grados una afectación del control civil sobre los militares (ver análisis sobre el particular en la región Asia-Pacífico: Euan Graham, The armed forces and covid-19, The International Institute for Strategic Studies, 8 de abril). El factor de supervisión se agrava en un Estado frágil e instituciones debilitadas como las del México actual. El hecho va más allá del papel asignado a las Fuerzas Armadas en esta contingencia que, de suyo, tiene una problemática concreta de ilegalidad, tanto por su comportamiento institucional (al confiscar equipo e insumos médicos de distribuidores y empresas del país, El Sol de México, 6 de abril) como por el desaseo normativo en el que se les ha involucrado y que no protege jurídicamente a soldados y marinos en su actuación. Si en su componente, supuestamente supletorio de apoyo a la población (en los hechos, han tomado la dirección de las acciones operativas), existe una señal de alarma sobre su afectación profesional inmediata, en el blindaje económico y funcional descrito hay una pérdida gradual de su atribución e identidad estratégica. Mucho antes de la emergencia se advertía que, bajo estándares comparados, las capacidades militares operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas, si bien aceptables, se encontraban “por debajo del mínimo necesario para poder dar una respuesta pronta ante una amenaza” (Seminario sobre Violencia y Paz, El Colegio de México, 26 de enero de 2017). En el actual gobierno, ante altos funcionarios estadunidenses, la propia Sedena explicaba y reconocía el año pasado que el Ejército estaba sometido a “un proceso de desgaste muy fuerte” debido a los esfuerzos para cumplir con las tareas asignadas que incluyen “combate al narcotráfico…, huachicoleo, operaciones de contención de migrantes, tareas de ayuda humanitaria, además de labores de construcción de nuevas instalaciones, como el aeropuerto de Santa Lucía” (Gustavo Castillo, La Jornada, 27 de octubre de 2019).

Discrecionalidad o apego constitucional

En el Curso de Mando de la Sedena se establece que su responsabilidad y autoridad “se encuentran contenidos en las leyes, reglamentos, directivas, circulares, decretos, órdenes, etc.; sin embargo, estas (sic) no puedan cubrir, ni prever todas las situaciones y circunstancias por las cuales debe decidir y adoptar la conducta más adecuada…” (subrayado original). Contrario a la retórica de los juramentos castrenses y de los altos funcionarios civiles del gobierno de obligarse a cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, el ADN militar se diferencia sustancialmente del de los servidores públicos civiles en que sólo pueden hacer lo que expresamente se les permite o manda en la Constitución y el resto del aparato legal de que dispone. La diferenciación es de facto y no congruente con el derecho público mexicano, que considera de modo homogéneo en sus obligaciones legales a funcionarios civiles y militares. Esto explicaría, entre otras cosas, la enorme autonomía militar que se ha ido configurando en su comportamiento institucional respecto de su apego a la legalidad constitucional a lo largo de las últimas décadas, desde que se les sacó de los cuarteles. “Nuevo militarismo” se tiende a llamar en los estudios de las relaciones civiles-militares en nuestro hemisferio a la “invitación” que hacen los gobiernos a sus fuerzas armadas a asumir roles que no le corresponden (Julio Ríos Figueroa, Nexos, marzo de 2019, y Rut Diamint, 2015). A diferencia de los clichés del pasado autoritario y dictatorial en que el protagonismo militar era una abierta injerencia castrense en las actividades de gobierno, el nuevo escenario pinta a gobernantes y políticos, de derecha e izquierda, como débiles, ignorantes de la función de defensa y con la reducida visión de que la obediencia y disciplina militares son instrumentos multipropósito en su gestión de la función pública de un país (David Pion-Berlin, 2008). El riesgo es muy claro en la relación directa de que los intereses militares se extienden en ámbitos que no les son naturales y que su intervención inducida se consolide en asuntos que, en esencia, son propiamente civiles. Se actualiza así aquella expresión presidencial post 1968 en México de que lo difícil no era sacar al Ejército a las calles… sino devolverlo a los cuarteles.

Este texto se publicó el 19 de abril en la edición 2268 de la revista Proceso.