CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante años la migración internacional irregular ha tenido muchas víctimas en todas las latitudes del planeta, precisamente debido a las condiciones vulnerables y clandestinas de esa movilidad. Desgraciadamente, morir en la ruta migratoria se ha convertido en un evento común, en ocasiones tan repetido que ha vuelto insensibles a gobiernos y a no pocas sociedades. Del Mediterráneo al río Bravo o de África y Oriente Medio a Europa, prácticamente todos los días hay fallecimientos en condiciones terribles: por ahogamiento, deshidratación, hipotermia, asesinatos, accidentes, enfermedades… Todos los días, todas las edades, todas las tragedias posibles. Migrar en condiciones irregulares y con todos los riesgos no es una decisión simple. Cada vez más es una alternativa de vida en el sentido más elemental del término. La motivación laboral y por un mejor ingreso –como fue durante largo tiempo la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, por ejemplo– ha cedido su lugar a la búsqueda de protección internacional, lo cual es hoy el asunto central de lo que transcurre en nuestro continente y otras partes del mundo. La búsqueda de refugio en otro país es actualmente el nudo mayor de la migración internacional irregular. Se huye de la violencia, la persecución, el acoso, la discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades de vida digna, de gobiernos irresponsables y élites políticas y económicas abusivas y autoritarias. Migrar dejó de ser optativo y se convirtió en una necesidad urgente, vital, para niños, niñas y jóvenes inclusive.  Por estas condiciones, especialmente en la frontera sur de México, muchas veces migración y refugio tienden a ser sinónimos, se fusionan como una sola palabra para la mayoría de las personas procedentes del norte de Centroamérica y especialmente de Honduras.  Los centroamericanos que están llegando a México tienen entre sus motivos de salida necesidades de protección pues su vida corre peligro en sus países de origen. Son personas refugiadas y los instrumentos internacionales las protegen: la Convención de 1951 y la Declaración de Cartagena.  Por consiguiente, en México progresivamente la política de Estado apropiada es la basada en la Ley de Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político y no en una sesgada selección de normas de contención migratoria de la Ley de Migración.  El evento social que transcurre en nuestras fronteras tiene un elevado componente de refugio y no simplemente de migrantes irregulares. Por eso es esencial que las personas puedan solicitar asilo en las fronteras mexicanas, y evitar que corran riesgos innecesarios al aventurarse a cruzar el territorio nacional hasta llegar a una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).  En la práctica, las personas que solicitan asilo en las fronteras nacionales ante una autoridad migratoria, antes de llegar a la Comar, son trasladadas a una estación migratoria donde pueden permanecer varias semanas y terminar siendo repatriadas. Desde la perspectiva del refugio, por consiguiente, la migración es una alternativa para salvar la vida, por lo que las personas ameritan protección ante las amenazas que fuerzan su movilidad. La paradoja trágica es que en ese movimiento puedan fallecer, como sucede ahora mismo, conforme a los datos levantados por la Organización Internacional de las Migraciones que utilizaremos enseguida (https://missingmigrants.iom.int/).  Para efectos de la presentación de las estadísticas de muertes, dividiremos en dos grandes regiones el territorio nacional: la fronteras con Guatemala y con Estados Unidos.  En la primera región, en 2016 fallecieron 180 personas; en 2017, 93; en 2018, 77; y en 2019, 114. Es decir que hubo un notable descenso entre 2016 y 2018, pero de nuevo un incremento importante en 2019 (48%). Es probable que las iniciativas de contención migratoria estén explicando alguna parte de este notable incremento. En cuanto a la región fronteriza entre México y Estados Unidos, su índice de letalidad es muy superior. En 2016 fallecieron 402 personas; en 2017, 417; en 2018, 442; y en 2019, 515. Al igual que en la frontera sur, entre 2018 y 2019 se presenta un incremento significativo en muertes de migrantes y demandantes de refugio, lo cual nuevamente parece estar relacionado con las ampliadas medidas de contención y con el endurecimiento físico de la frontera.  También, sin duda, el mayor número de muertes se debe al incremento del flujo de personas en movimiento. Pero igual, las cifras son inaceptables, incluso si fueran mínimas. Cabe agregar que en la valiosa información generada por la Organización Internacional para las Migraciones no es posible precisar la nacionalidad de los fallecidos. Pero es muy probable que en su amplia proporción sean originarios de países centroamericanos y, en alguna parte, también de México. A pesar de que el flujo laboral de mexicanos haya descendido drásticamente la última década, esto no omite que especialmente durante 2018 y 2019 se haya incrementado el número de mexicanos solicitantes de refugio en Estados Unidos.  Vale decir, también tenemos nuestras regiones de expulsión, por motivos de violencia y crimen, en estados como Guerrero, Michoacán y otros en crítica situación. Algo muy parecido a Honduras, por cierto. Migrar y morir en el intento no es solamente una tragedia individual sino profundamente social, con múltiples responsabilidades. Primero, de los países de origen y de sus élites incapaces de compartir y promover desarrollo. Segundo, de los países de tránsito y receptores, de su vena humana y solidaria que pueda trascender a las inercias xenófobas y racistas que hoy predominan y que son impulsadas por el actual gobierno de los Estados Unidos, con poderosa influencia sobre México y los países del norte de Centroamérica. Para las sociedades y su conciencia, como mínimo de la actual coyuntura, no debe convertirse en dato “normal” la estadística de muerte de personas en movilidad migratoria, menos cuando justamente su propósito es preservar la vida. Se trata de una tragedia humana que nos toca la puerta cada día..   _________________ * Profesor-investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM. Excomisionado del Instituto Nacional de Migración.  Este análisis se publicó el 1 de marzo de 2020 en la edición 2261 de la revista Proceso