CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre politólogos hay un consenso más o menos obvio en torno al autoritarismo. Se puede definir, palabras más palabras menos, como una forma de gobierno que concentra desproporcionadamente el poder en una sola persona. De ahí en adelante los senderos se bifurcan y aparecen diversas taxonomías y aportaciones analíticas: regímenes autoritarios y totalitarios (Linz), totalitarismo y fascismo (Sartori et al) o dictaduras y autocracias (Przeworski), entre muchos otros. Pero la contraposición entre autoritarismo y democracia, y más específicamente entre sistema autoritario y equilibrios democráticos, pluralidad y división de poderes, es ampliamente aceptada en la teoría, en la praxis del discurso político y en eso que llaman sentido común.

El presidente López Obrador, sin embargo, tiene otros datos. Para él, autoritarismo es tan solo represión o, para ser más preciso, proclividad a la coerción. AMLO no se considera a sí mismo autoritario porque no usa la fuerza pública para reprimir manifestaciones, porque no recurre al toque de queda en la pandemia, porque incluso en el combate al crimen organizado es reticente a ejercer el monopolio de la violencia legítima. El hecho de que exista una excesiva concentración de poder en su persona y se haga su voluntad en casi todas las instancias –controla el Congreso, anula los órganos autónomos, somete a la Suprema Corte, centraliza y socava los otros dos órdenes de gobierno– no le parece un signo de autoritarismo. Es una más de sus contradicciones ideológicas: como una suerte de autócrata libertario, ha de ser obedecido voluntariamente, en natural acatamiento a su autoridad moral.

“Prohibido prohibir”, suele declarar en las mañaneras. No obstante, las prohibiciones que prohíbe son mínimas en comparación con las imposiciones que impone. Con altos costos para el país, impuso la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y su construcción en Santa Lucía, impuso el tren Maya, impuso la política energética de combustibles sucios –con todo y refinería en Dos Bocas–, impuso la militarización, impuso su alianza con Trump, impuso el abandono a las MIPYMES en la crisis económica, impuso la consulta para ver si se aplica o no la justicia a los expresidentes, impuso el retiro de subsidios a estancias y la extinción de fideicomisos y, en una de sus peores decisiones, impuso a Hugo López-Gatell y su catástrofe covidiana. Aquí me detengo porque este asunto muestra diáfanamente esa extraña mezcla del hombre impositivo y el partidario del laissez faire. Pese a la aterradora cifra de más de 100 mil muertos –que sin subregistro es de más del doble–, pese a la ostensible incompetencia y soberbia de López-Gatell, lo empodera cotidianamente. Ah, pero eso sí, se niega a hacer obligatorios los cubrebocas y a restringir las concentraciones masivas para no caer en el “autoritarismo”.

El desprecio por las mascarillas es digno de un estudio psicosocial. En Estados Unidos, su rechazo se explica en función del desdén por la ciencia y de la defensa de una libertad mal entendida por parte de muchos republicanos. En la ecuación mexicana, además de la actitud desafiante del líder que navega a rostro descubierto sobre la cresta del destino, hay que insertar el aval tecnocrático del infiel escudero sanitario, con sus zigzagueos becke­ttianos. La analogía automovilística es elocuente y propia del teatro del absurdo: lo que ha declarado López-Gatell sobre los cubrebocas equivale a decir que no existe evidencia científica de que los cinturones de seguridad salven vidas y luego condescender y “no oponerse” a su uso. Cuando algo protege a las personas, aunque no sea al 100%, y su uso es incómodo, no hay ambigüedad que valga. ¿Cuántas personas se pondrían el cinturón si se les dijera que no garantiza su seguridad y que no se les puede obligar a usarlo porque se violarían sus derechos humanos? ¿Y cuántos accidentes fatales más habría?

La postura libérrima y garantista de AMLO y su tlatoani anticovid, curiosamente, se desvanece ante la comida chatarra y el acceso a pruebas, vacunas y medicamentos. Ahí sí se vale recurrir a la ley para inhibir el consumo, y no cuentan los derechos de los pacientes a hacerse exámenes de coronavirus o se cuestionan las vacunas porque otros las gestionaron o se regatean tratamientos contra el cáncer. Por cierto, al inicio de la pandemia también hubo intervencionismo gubernamental, y del peor tipo: se instruyó a la gente a no ir al hospital hasta que se tuvieran problemas para respirar, lo que provocó que no pocos infectados del virus murieran en sus casas. Pero, claro, esa directriz y la de minimizar las pruebas impidieron que se saturara la red hospitalaria –este es el objetivo del gobierno, no salvar vidas– y lograron maquillar las estadísticas para dar la impresión de que no vamos tan mal.

¿Así o más contradictorio? AMLO cubre su autoritarismo con el antifaz libertario: descarta ser autoritario porque no reprime las marchas, sino las energías limpias; porque no dicta el toque de queda a los ciudadanos, sino a las pequeñas empresas; porque no balacea a los criminales, sino que permite que se desahucie cualquier cantidad de víctimas de covid mientras no saturen los hospitales. ¿No es autoritarismo decir que se está con él o contra él, satanizar a todos los críticos de la 4T como conservadores hipócritas y corruptos e incitar un clima de odio en su contra? ¿No es autoritario quien cree poseer la verdad absoluta, exige obediencia ciega, quebranta la autonomía de sus contrapesos y se libra de obstáculos para hacer con México lo que le da la gana? Por favor…