CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En menos de 15 años la mitad de las personas que habitan el planeta vivirán en zonas con escasez de agua. Es fácil ver que la crisis que se nos vendrá encima por este motivo hará palidecer a la generada por la actual pandemia.

Aunque en distintos grados, este fenómeno impactará en todas partes. Uno puede discutir, como pretenden algunos nacionalistas, si hay formas o no de independizar a un país de la estructura económica mundial. Lo que no está en tela de juicio es la interdependencia de cada país del sistema ambiental global. Cada sección de la Tierra está estructuralmente interconectada por este sistema. Por ende, por muy nacionalista que un gobierno sea o pretenda ser, no es posible escapar del futuro del planeta.

Confrontados con este escenario, algunos gobiernos han optado por dejar el agua en manos del mercado. La idea es que así es posible asegurar que sea empleada y distribuida racionalmente. Desde el gobierno de Carlos Salinas este ha sido el enfoque de México. El resultado: de acuerdo con un reciente estudio de la UAM, en nuestro país 20% del líquido está actualmente en manos de 1.1% de la población.

Las principales acaparadoras son empresas nacionales y extranjeras en los sectores industrial y agrícola, aunque la lista también incluye a bancos, como BBVA­ y Banco Azteca, éste de Ricardo Salinas Pliego –al parecer ninguna lista de empresarios infames puede dejar de incluir su nombre–. Aquí no hay sorpresas.

El acaparamiento actual de un recurso escaso cuyo acceso es un derecho humano elemental protegido por la Constitución es aberrante. Pero el problema no termina ahí. De no haber una intervención radical y de fondo, esta asimetría seguramente empeorará.

A escala mundial cada vez son más los intereses que se frotan las manos ante la posibilidad de lucrar con la escasez. Prueba de ello es la reciente cotización del agua en Wall-Street, que en los hechos implica que un puñado de personas o empresas estarán apostando a la escasez o abundancia del líquido en ciertas regiones del planeta. En este contexto es previsible que se intensifique la lucha por acaparar la mexicana.

Los inversionistas implicados pueden alegar que su uso concesionado genera bienestar económico o que el nuevo mercado estabilizará los precios del agua. Pero a ello se tiene que responder que el esquema actual equivale a ponerla en manos de un puñado de intereses corporativos.

Tanto las concesiones a grandes capitales como el tratamiento del agua como parte del mercado de futuros permiten que pocos se hagan ricos apostando al sufrimiento de muchos. En consecuencia, lavarse las manos para dejar al mercado “hacerse cargo” de la crisis hídrica no es una solución aceptable para un gobierno de izquierda. Por desgracia, esto es lo que ha hecho la 4T, al menos hasta ahora.

Hay, sin embargo, otra forma en que un gobierno puede reaccionar ante esta crisis sin atender sus causas: modificando el clima. En este sentido algunos países empujan distintos ensayos de geoingeniería con el fin de solucionar las crisis que previsiblemente generará la emergencia climática.

Un caso radical –y francamente increíble– es el de China. Este país ha decidido apostar por la “siembra de nubes”: la idea de alterar las nubes para manipular fenómenos como la lluvia o las nevadas. Aunque los alcances de la “siembra de nubes” están en pañales, y a pesar del alto costo que actualmente implica, el gobierno chino proyecta que para 2025 –el mismo año en que la mitad de la población mundial vivirá en regiones asoladas por sequías– estará en posibilidades de alterar el clima en la mitad de su impresionante territorio. Es decir, ante la escasez que se proyecta, el gobierno chino se prepara para el autoritarismo meteorológico.

Los problemas de este enfoque saltan a la vista. En primer lugar, sólo los países más ricos podrán realizar, en el corto o mediano plazos, semejantes proezas. Por ende, México puede descartarse de antemano. Además, dada la complejidad del sistema ambiental del planeta, es fácil imaginar los riesgos que implica que un puñado de naciones manipulen el clima en algunos espacios. Por ponerlo en forma de pregunta retórica: ¿qué podría salir mal?

Dejar el agua en manos del mercado, como lo ha hecho México hasta ahora, no es aceptable. Pero dominar al clima es demasiado costoso e implica el riesgo de daños ulteriores que podrían terminar perjudicando a nuestro país. Esto significa que, para el gobierno de AMLO, como para cualquier otro gobierno en el mundo, no hay soluciones fáciles para hacer frente a la crisis hídrica. La única opción responsable es atajar directamente sus causas.

¿Qué elementos podemos incluir en estas causas? Al menos tres son seguras: el calor extremo, la contaminación –el agua sucia sirve de poco a los seres humanos– y el acaparamiento del líquido en manos de grandes agricultores, industriales o financieros.

El calor extremo y la contaminación requieren un enfoque ecologista. El problema es que una realidad se impone: la 4T tiene en materia ambiental un enfoque retrógrado que claramente privilegia el aspecto económico por encima del ecológico –para mayores señas se puede revisar el caso de Víctor Toledo–. Por ende, no hay argumento que valga en este sentido y sería ingenuo esperanzarse en una repentina epifanía ecologista.

Sin embargo, un argumento que sí tendría que ser aceptado por el actual gobierno es el siguiente: el agua es un recurso indispensable para el bienestar de cualquier persona. Su escasez impactará más a las personas más pobres. Uno de los elementos que genera la escasez es el acaparamiento producido durante el periodo neoliberal. Por ende, poner primero a los pobres implica el fin del periodo neoliberal reflejado en este acaparamiento.

Si hay algo que no se puede objetar a la 4T son sus esfuerzos por elevar el nivel de bienestar de las personas más olvidadas. Los aumentos en el salario mínimo, la reforma sobre el outsourcing, las pensiones o las transferencias directas se justifican todos con esta premisa. ¿Por qué no hacer lo mismo con el agua?

Para ello no hace falta jugar a dominar el clima. Lo que se requiere es un marco legal e institucional que permita que, en lo que al agua respecta, en México deje de imperar la ley neoliberal del más fuerte. Tampoco hace falta descubrir el hilo negro. Actualmente permanece congelada en el Congreso una iniciativa ciudadana para garantizar acceso equitativo al líquido y controlar las concesiones a grandes empresas.

La 4T no tiene excusa válida para no descongelar esta iniciativa de inmediato y fortalecerla. Esto, claro está, si busca terminar con los acaparamientos de los amos del agua producidos durante el periodo neoliberal y si está interesada en asegurar que a todas las mexicanas y mexicanos, particularmente los más pobres, les sea reconocido su derecho elemental de acceder al líquido. 

Facebook: Antonio Salgado Borge

Twitter: @asalgadoborge

*Candidato a doctor en Filosofía por la Universidad de Edimburgo. Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Fue profesor universitario en la Universidad Marista de Mérida y es columnista del Diario de Yucatán desde 2010.