Feminismo
La lucha de las mujeres para acabar con la violencia de género
"Las protestas y manifestaciones son esenciales en las democracias sanas, ya que permiten llamar la atención sobre aquellas necesidades sociales que no han sido atendidas".
A lo largo de la historia en todo el mundo, los movimientos, manifestaciones e iniciativas de las mujeres han dado origen a importantes avances políticos y normativos que buscan la garantía del ejercicio de sus derechos humanos y, en general, han impulsado el avance democrático y sostenible de las sociedades.
En México, las movilizaciones de mujeres que han reclamado un alto a las violencias que las afectan –como la violencia feminicida y la desaparición de mujeres y niñas– y el acceso efectivo a la justicia, han sido fundamentales para concretar la creación de legislación, políticas públicas y asignación de presupuestos para atender tales demandas. Pese a reconocer estos avances, aún falta mucho para lograr una sociedad libre de discriminación. Las continuas movilizaciones de las mujeres en el espacio público son un recordatorio de los enormes desafíos que tiene el país en este sentido y es fundamental escucharlas.
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y los 16 días de activismo, es pertinente recordar que en México, en promedio, al menos 10 mujeres son asesinadas cada día y 66% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida [1].
Además, en el contexto de la pandemia causada por el covid-19, se ha observado un incremento en las cifras de violencia contra ellas. Así, ante la prevalencia de la violencia hacia ellas y una respuesta limitada en los resultados para prevenirla y atenderla, la alternativa que han encontrado miles de mujeres, sobre todo las adolescentes y jóvenes, es ocupar los espacios públicos y, desde ese entorno visible para las instituciones y para la sociedad, demandan con urgencia la protección de su vida y de su integridad, así como justicia y verdad, haciendo presentes los nombres de las víctimas de las violencias: #JusticiaParaAlexis en Cancún, #JusticiaParaÁmbar en el Estado de México, #JusticiaParaFátima –de siete años– en la Ciudad de México, #JusticiaParaTodas.
A pesar de que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una vida libre de cualquier forma de violencia, protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos, vemos con preocupación la reiteración de casos en que la respuesta ha sido el uso desmedido de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad pública: se han denunciado abusos, detenciones arbitrarias, criminalización y violencia sexual cometidos por cuerpos policiacos contra las mujeres y niñas manifestantes. Se deben prevenir conductas que ya han merecido una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México [2].
Las protestas y manifestaciones son esenciales en las democracias sanas, ya que permiten llamar la atención sobre aquellas necesidades sociales que no han sido atendidas y garantizan un espacio a la población para incorporar sus preocupaciones como parte de la agenda pública. Por ello, la escucha de las legítimas demandas de la sociedad, y particularmente de las mujeres y niñas, es condición necesaria para enriquecer y fortalecer los esfuerzos dirigidos a la eliminación de todas las formas de violencia en su contra.
Desde la sociedad civil se han hecho importantes llamados a las autoridades mexicanas de todos los niveles a garantizar tanto el derecho a la protesta social de mujeres y niñas como la cobertura periodística de ésta, con actuaciones apegadas a estándares internacionales.
Esta exigencia de la sociedad civil ha sido apoyada por Expertas Independientes de las Naciones Unidas, que hace apenas unos días manifestaron su preocupación por la intimidación y las amenazas contra quienes promueven los derechos de las mujeres y expresaron que: “la violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas” [3].
El derecho internacional y la normativa mexicana regulan la actuación de las autoridades en contextos de manifestación. La primera obligación de las autoridades es garantizar el derecho de manifestación apegado a las normas de derechos humanos, protegiendo a todas las personas participantes, incluyendo a transeúntes y periodistas.
Además, las autoridades deben priorizar el diálogo con quienes ejercen su derecho de manifestación, actuar sin discriminación, respetando los derechos de niñas y niños, e incorporar la perspectiva de género.
Solamente debe aplicarse el uso de la fuerza en casos excepcionales y acatando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. El uso de armas de fuego en contextos de manifestación está prohibido por el derecho internacional.
El justo reclamo de las mujeres y niñas por sus derechos no se ha detenido, y continuará en los próximos meses y años en tanto alcanzamos sociedades más igualitarias y respetuosas de los derechos humanos. Por ello, desde las entidades de las Naciones Unidas que representamos, nos parece fundamental que las instituciones de seguridad de todos los niveles protejan y garanticen la libertad de reunión pacífica, actúen con estricto respeto a los derechos humanos y eliminen y sancionen todas las prácticas que promueven y sustentan la violencia contra las mujeres.
De igual manera, consideramos de la mayor importancia que todos los poderes y niveles del Estado sigan trabajando en la atención de las causas estructurales que dan lugar a estas movilizaciones sociales, como lo son la violencia de género y las violaciones a derechos humanos, y que fortalezcan todos aquellos esfuerzos orientados a proteger los derechos de mujeres y niñas desde un enfoque de género y adecuado a las necesidades de cada contexto.
Una respuesta fuerte y articulada para ponerle punto final a la violencia de género es fundamental para garantizar la construcción de sociedades pacíficas y, por ello, apostamos por la construcción de una paz feminista, que defienda los derechos básicos de todas las personas y en la que se escuche la voz de todas y todos, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas, en la que las organizaciones de mujeres tienen un papel vital que desempeñar, ayudando a las mujeres y otros grupos marginados a obtener acceso a los espacios de toma de decisiones y brindándoles los recursos y la confianza para participar.
Desde ONU Mujeres y ONU-DH nos solidarizamos con las mujeres víctimas de violencia de género, con sus madres y hermanas, familiares y amigas, con los grupos y colectivas de mujeres, personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas que hacen uso de su voz para exigir un alto a la violencia de género, que día con día cercena los derechos de mujeres y niñas y entorpece la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa y más pacífica. Reconocemos la importancia de su labor en la lucha por el acceso a la justicia y la búsqueda de reparación integral del daño que la violencia patriarcal genera. En esta lucha estamos todas juntas.
*Belén Sanz Luque es representante de ONU Mujeres en México. Guillermo Fernández-Maldonado es representante de la ONU-DH en México.
[1] Noticias ONU, 29 de noviembre de 2020: https://news.un.org/es/story/2020/11/1484772
[2] Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
[3] Expertas y expertos de la ONU instan a la policía mexicana a que proteja a las mujeres manifestantes: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26525&LangID=S
